Tras quejarse de la actuación de Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a los derechos humanos de su defendida.
Los abogados defensores de Rosario Robles Berlanga presentaron una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por considerar que actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa contra su cliente.
Asimismo, solicitaron apoyo de esta instancia internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles, en compañía de Xavier Olea Trueheart, y Magin Puig, abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en específico contra Delgadillo Padilla, “por violar flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal”.
En un comunicado, señalaron que no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado, el cual pertenece al Estado Mexicano, al igual que las mismas autoridades responsables que habrían de resolver los recursos pertinentes, cuestión que haría nulatoria la protección de los derechos de la víctima.
Además, afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva que se contempla en nuestro ordenamiento legal, es decir, la prisión preventiva.
En este contexto, aseguraron que el juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto.
Con la prisión preventiva, añadieron, “se conculcan los Derechos Humanos consagrados en los Tratados Internacionales de los que es parte México, en específico los principios de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad, seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, defensa técnica y adecuada, acceso a la justicia y protección de injerencia arbitraria”.
Los defensores dieron a conocer que presentaron pruebas y argumentos que dan fe de la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con Dolores Padierna.
“No cabe duda de que estamos en una situación urgente, se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar, ya que cada día que pasa es un día más que la mantienen privada de la libertad en forma ilegal”, exponen en la denuncia presentada.
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Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Hernández Barros y Olea Trueheart pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables por la violación a los derechos humanos de su defendida y conceder con la urgencia que el caso amerita las medidas cautelares que se solicitan, tomada consideración que la señora María del Rosario Robles Berlanga, se encuentra indebidamente privada de su libertad.