El exministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, con Nicolás Maduro en una foto de archivo.Ricardo Mazalan (AP)
La purga anticorrupción contra funcionarios que desviaba el dinero del petróleo sigue activa en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, y la recién estrenada Policía Nacional Anticorrupción anunciaron este jueves la detención del viceministro de Industrias Básicas y Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado, y de otros seis funcionarios de la directiva de este consorcio siderúrgico estatal, bajo acusaciones de estar vinculados a la trama de corrupción cercana al ministro Tareck El Aissami, que ha llevado hasta el momento a 25 personas a la cárcel.
El procedimiento tiene que ver con la ofensiva contra funcionarios corruptos que lleva a cabo el Gobierno de Nicolás Maduro, en la ahora denominada Operación caiga quien caiga. Maldonado ha desempeñado varios cargos en la administración chavomadurista, y, como el diputado también detenido Hugbel Roa, es considerado una figura cercana en lo político y lo personal a El Aissami. Los alrededores de la sede de la CVG, en la ciudad de Puerto Ordaz, fueron tomadas por la policía desde el mediodía. El grupo de gerentes fue sorprendido en plenas sesiones de trabajo.
La propia Policía Anticorrupción justificó el procedimiento en un comunicado público, relatando que las “rigurosas investigaciones” adelantadas, junto a “las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada”, permitieron darle continuidad al desmantelamiento de la aludida red mafiosa, que desviaba los beneficios nacionales producto de la venta de petróleo a través de operaciones cambiarias.
Abogado, graduado en la Universidad de Los Andes, como El Aissami, Maldonado, un cuadro técnico de la dirección chavista, había sido presidente del Banco Central de Venezuela en 2017, en pleno derrumbe de la economía nacional. Ocupó cargos directivos en el Servicio de Identificación y Extranjería y en el Ministerio del Interior y de Justicia. Desde 2010 hasta 2014 había ejercido como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Todavía no se han hecho públicas las acusaciones que le imputan.
Los inusuales procedimientos anticorrupción que adelanta el Gobierno de Nicolás Maduro han sido la comidilla informativa de los venezolanos en estos días. Tanto Maduro como Diosdado Cabello, número dos del régimen, han aparecido indignados reiteradamente en la televisión, prometiendo más sanciones y asegurando que el procedimiento contra los corruptos “va en serio”. “No tengo dudas, saldremos fortalecidos de esta crisis”, ha declarado Cabello.
La oposición venezolana, que lleva años denunciando los excesos y desafueros del Gobierno en materia de corrupción y que responsabiliza a la administración de Maduro de la grave crisis social, ha mantenido una actitud relativamente discreta ante estos escándalos. Maduro y Cabello, así como Jorge Rodríguez, han proferido varias amenazas a algunos de sus dirigentes.
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Los medios estatales han acompañado con sus promociones y espacios de opinión las consignas anticorrupción del chavismo, junto al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y los titulares del resto de los poderes públicos. El fiscal general, Tarek William Saab, declaró que, además de los delitos referidos, los procesados serán acusados por “traición a la patria”. Se ha organizado una concentración en Caracas bajo la consigna: “Los honestos somos más”. La profundidad y sordidez de las historias de corrupción del entorno de El Aissami, sin embargo, han provocado un claro desencanto en la militancia chavista.
Fundada en 1960, la Corporación Venezolana de Guayana fue otro excelente modelo de gerencia estatal de los tiempos de la democracia que ha conocido la destrucción. Su decadencia se inició en los años noventa. Se trata de un holding que gestiona todas las cadenas productivas del aluminio y el acero, además de la extracción del hierro y la generación de energía eléctrica. La Siderúrgica del Orinoco, Sidor, una de sus empresas integrantes, es la acerera más grande del área andina y una de las mayores de Latinoamérica.
Como ha ocurrido en el ministerio de Petróleos de Venezuela, han sido numerosas las denuncias y reportajes sobre los desafueros y la corrupción durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en las empresas siderúrgicas de Guayana. Algunas de ellas han sido relatadas en un comentado libro escrito por Damián Pratt, llamado Guayana, el milagro al revés, en el cual se aluden los circuitos establecidos de sobrefacturaciones, mafias en la distribución de las cabillas, y desvíos ilegales de mercancías.
El colapso del sistema eléctrico nacional, a partir de 2015 ―también a causa de la corrupción desmedida― produjo un grave trastorno en el funcionamiento de las empresas de la CVG, pues fue necesario cerrar varias celdas productivas para poder ahorrar voltaje y agravar los apagones nacionales. En los últimos meses, sin embargo, se venía registrando una mejoría en sus procesos y un aumento moderado de la producción.
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