Tras casi cuatro años sin que se registraran acciones judiciales contra notarios públicos, la Fiscalía General del Estado de Nayarit ejecutó detenciones y vinculaciones a proceso que dan continuidad a investigaciones que habían permanecido rezagadas durante la última gestión fiscal.
El 31 de diciembre de 2025, la Fiscalía informó la vinculación a proceso de Luis Miguel “N”, notario público 19 de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, por su probable responsabilidad en los delitos de “falsificación de documentos en general, falsificación de certificaciones, delitos relacionados con la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
El 1 de enero también anunció que se ejecutó la detención de Jesús “N”, notario público 18 de Tepic, en funciones, por su probable participación en delitos de “asociación delictuosa, falsificación de documentos en general, falsificación de certificaciones, certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles y administración fraudulenta”.
Jesús “N” fue puesto a disposición del juez de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas.
Su detención, según las autoridades, corresponde a la carpeta de investigación 1058/2025, integrada por hechos que ya se encontraban en trámite antes de judicializarse.
Estos dos casos casos forman parte de una serie de acciones judiciales que reflejan un ajuste institucional aunque contrastan con los más de cuatro años del actual gobierno estatal, en los que no se registraron públicamente acciones contra notarios, pese a que algunos de los ahora imputados ejercían funciones desde administraciones anteriores o dentro del gobierno estatal.
Foto: Archivo. Gobierno de Nayarit
Las detenciones de notarios se enmarcan en el Megaoperativo Nuevo Nayarit, que inició en 2022 para presuntamente recuperar bienes patrimoniales valuados en cerca de 50 mil millones de pesos, y que ha permitido judicializar investigaciones relacionadas con operaciones inmobiliarias y registros irregulares que habían permanecido en rezago.
Otros dos notarios enfrentan vinculaciones a proceso en Nayarit, Enrique Hernández Quintero, titular de la Notaría Pública No. 4 de Ixtlán del Río, fue vinculado a proceso el 4 de diciembre de 2025 por presuntas irregularidades que incluyen ejercicio indebido de funciones, falsificación de documentos y certificaciones, registro irregular de inmuebles y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El notario fue detenido junto con Luis Carlos “N”, vinculado a proceso por los mismos delitos.
Juan Antonio Echeagaray Becerra, notario público número 11 de Tepic y exsecretario general de Gobierno de Nayarit, fue vinculado a proceso el 2 de diciembre de 2025 por falsificación de certificaciones, certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles y fraude específico, tras formalizar contratos de compraventa utilizando poderes que ya habían sido revocados. El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y dio vista al Notariado estatal para la suspensión de su FIAT.
Renuncia del fiscal y rezago de carpetas en la Fiscalía de Nayarit
El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, hasta mediados de noviembre hizo pública su insatisfacción con el desempeño del fiscal general, Petronilo Díaz Ponce Medrano —también titular de la Notaría Pública 32 de Compostela—, quien renunció al cargo anticipadamente en diciembre de 2025, aunque su periodo legal culminaba en 2026.
Durante una conferencia de prensa, Navarro expuso que, “él no ha trabajado para mí en la competencia que tenemos que hacer coincidencia, lo ha hecho para mí de manera aceptable y desde luego ya pasa una sustitución y otra propuesta”.
Ante cuestionamientos sobre si el fiscal permanecería hasta 2026, como era previsto legalmente, el mandatario agregó que “son situaciones mínimas que él mismo las ha presentado para continuar en algunas situaciones que hemos conversado, pero él termina”.
Sobre su posible reasignación a otros cargos, Navarro señaló que podría incluirlo y expresó su respaldo a la nueva titular de la Fiscalía, Ludmila Heredia Verdugo, quién era subfiscal y también exdirectora general de Fideicomiso Bahía de Banderas.
Además, Heredia Verdugo, sobre el tema, explicó a medios de comunicación que tras la renuncia del fiscal anticorrupción Armando Manuel Por en agosto de 2025, quien ocupó el cargo desde 2021, se detectó un rezago de aproximadamente 700 carpetas de investigación sin trabajar, provenientes de diversas administraciones.
Entre estas carpetas había investigaciones por la entrega de contratos a particulares sin licitación o sin aprobación de cabildo, irregularidades en revoes, venta de plazas y desvíos de recursos, así como expedientes relacionados con notarios que permanecieron “congelados” durante años.
Entre las carpetas que estaban en el ‘limbo’, se vio que había en varias carpetas hechos calificados como delictivos, contra notarios; algunas carpetas estaban distribuidas en unidades que no correspondían, como delitos violentos, y así muchas irregularidades.
Según dijo la funcionaria, tras un análisis interno, las carpetas fueron redistribuidas a las unidades especializadas, lo que permitió avanzar en los procesos judiciales.
“Y a partir de allí, se dio que un solo notario tuvo cuatro vinculaciones a proceso en tan solo una semana, solo eran las carpetas que estaban en trámite; faltan las que se están sumando”, detalló.
Notarios en la mira judicial penal
Las detenciones y procesos recientes se concentran en Bahía de Banderas, municipio clave por su dinamismo turístico, económico e inmobiliario, donde los expedientes revelan irregularidades en la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque la Fiscalía no ha precisado el número exacto de notarios investigados, sí confirmó que existen otros casos activos que están siendo judicializados y que forman parte de una revisión integral de actos notariales presuntamente irregulares.
A pesar de que la Fiscalía es independiente al Poder Ejecutivo, Verdugo destacó que la indicación del gobernador es que los agentes del Ministerio Público y policías actúen con total libertad y conforme a derecho, y que actualmente trabajan peritos, contadores públicos y especialistas para integrar correctamente los expedientes y dar seguimiento a actos de corrupción.
Además, mencionó que la Fiscalía revisa 100 tomos de una carpeta de investigación contra un exgobernador para establecer la trazabilidad de su evolución patrimonial y determinar posibles vínculos con empresas o particulares beneficiados indebidamente, lo que evidencia el alcance de las investigaciones estructurales que se implementan más allá del sector notarial.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha precisado si los casos de notarios están conectados entre sí, ni cuántos más podrían sumarse a los procesos judiciales, aunque fuentes ministeriales confirman que existen más investigaciones activas.
Sin embargo, estas detenciones reflejan un patrón de judicialización tardía, sostenida, tras años de inacción, y que el sector notarial, hasta el momento no ha hecho público su posicionamiento ante las consecuencias legales de sus agremiados.
Esta no es la primera vez que fedatarios públicos se han visto relacionados en cuestiones legales, durante el sexenio de Roberto Sandoval (PRI) (2011-2017) con Édgar Veytia como fiscal y Pedro Antonio Enríquez Soto como titular del Poder Judicial, fueron procesados magistrados, jueces, notarios y otros servidores públicos por participar en el llamado Fraude Infonavit (2013-2018) en el que a través de juicios fraudolentos despojaron a más de 60 mil derechohabientes de distintas partes del país.
Incluso, fueron señalados por formar parte de una cadena de despojos mediante traspasos de dominio forzados por extorsiones y amenazas, que en algunos casos, no fueron judicializados y otros siguen en proceso.