El expresidente del gobierno catalán Carles Puigdemont fue detenido este jueves en Cerdeña por las autoridades italianas en atención a la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS).
España demandó al líder separatista catalán por sedición, al decir que ayudó a organizar el referéndum de independencia de 2017, considerado ilegal por los tribunales españoles.
En marzo, el Parlamento Europeo despojó a Puidgemont de la inmunidad de la que disfrutaba como diputado desde 2019. Puigdemont vivía en un exilio autoimpuesto en Bélgica.
El President Puigdemont ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado; esta detención es en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal -según establece el Estatuto del TJUE, se encuentra suspendida.
— Gonzalo Boye (@boye_g) September 23, 2021
Fuentes del Supremo consultadas por Europa Press indican que la policía italiana pondrá a Puigdemont a disposición de la autoridad judicial italiana.
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Uno de los colaboradores del expresidente, Josep Lluis Alay, señaló en su perfil de Twitter que Puigdemont se había desplazado esta misma tarde a Alguer (Cerdeña) procedente de Bruselas para asistir a un encuentro internacional y para reunirse con el presidente de la región y con el síndico de Alguer.
Tras la detención, la oficina del expresidente del gobierno catalán indicó que el viernes pasará a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sasser (Cerdeña), que es competente para decidir sobre su puesta en libertad o su posible extradición.
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El instructor del ‘procès’, Pablo Llarena, acudió el pasado mes de marzo al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con el respaldo de la Fiscalía, para que determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), reaccionando así a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar al conseller Puig a España.
La detención de Carles Puigdemont es incomprensible. Se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE. A mi me parece que eso es una detención ilegal.
— Jaume Asens (@Jaumeasens) September 23, 2021
Llarena pretendía que el TJUE arrojara luz sobre la decisión marco 2002/584/JAI que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios fijados por la corte comunitaria, “pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas ODEs respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados en esta causa“.
De esta manera, buscaba reactivar el caso que actualmente se encuentra paralizado por la situación de rebeldía de los investigados -Puigdemont, Comín y Puig están huidos en Bélgica y Ponsatí, en Reino Unido- y por el hecho de que un Estado miembro ya ha denegado la primera de las euroórdenes dictadas en el marco de esta causa.
(Con información de Reuters y Europa Press)