El empresario textil Kamel Nacif, prófugo de la justicia mexicana por el caso de tortura contra la periodista Lydia Cacho, fue detenido en Líbano en octubre, pero fue liberado tras pagar una fianza, informaron ayer la periodista y Artículo 19.
En un comunicado, Cacho y la organización afirman que la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores no les notificaron de la detención, ocurrida el 12 de octubre de 2020.
Para la periodista, las autoridades los han marginado de la coadyuvancia en el proceso que se sigue al empresario, presunto autor intelectual de la tortura en su contra en diciembre de 2005.
El pasado 3 de febrero, fue detenido otro de los responsables en el caso, Mario Marín, exgobernador de Puebla.
Ellos se enteraron el 16 de febrero de la situación de Nacif, hecho del que las autoridades no notificaron a Cacho ni a su defensa.
Desde julio de 2020, tras librarse una orden de aprehensión en contra de Nacif, se les informó que estaba ubicado en Líbano, donde tres meses después fue detenido, pero liberado por un juez tras pagar fianza.
Según especifica el comunicado difundido en medios este lunes, las autoridades no notificaron ni a Cacho ni a Artículo 19 sobre ningún acto de autoridad encaminado a conocer el estatus jurídico del empresario en la República de Líbano, tampoco se informó a la periodista ni a sus representantes legales sobre el lugar o fecha de localización, o sobre su presentación ante autoridades judiciales libanesas.
La falta de información redujo la capacidad de coadyuvancia por parte de la víctima y sus representantes para participar de forma activa en el proceso, así como su derecho a estar plenamente informada de los avances del proceso; además, no contaron con garantías mínimas que permitan igualdad entre las partes, como la garantía de audiencia y el derecho a la defensa.
“Derechos mínimos que tendrían que ser respetados en cualquier proceso penal”, dicen.
Para la autora de Los demonios del Edén y su defensa, no hay certidumbre sobre las siguientes etapas procesales ni las imputaciones que se realizan con base en la información enviada a Líbano por la Fiscalía General de la República por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Se nos ha informado que se busca una reunión entre autoridades mexicanas y libanesas para aclarar la información sobre el proceso”, apuntaron.
Para ellos es desconcertante la falta de coordinación entre la Cancillería y la FGR para informarles sobre la situación de Nacif en aquel país, lo que podría considerarse un obstáculo en el acceso a la justicia, ya que según el expediente ministerial, la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión fue directamente informada sobre las gestiones realizadas a nivel diplomático hasta finales de enero de este año.
Cacho exigió a la FGR y a la SRE respetar su derecho a estar notificada de todo lo relacionado con la localización, cambio de estatus jurídico, acciones legales impulsadas por los presuntos responsables y cualquier otro que pudiera implicar cambios en la estrategia para la garantía del acceso a la justicia.
Artículo 19 y Cacho formularon una serie de peticiones a la SRE, la FGR, la Segob, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Líbano, para garantizar la justicia en este caso.
Con información de agencias
Source link