Según el excandidato del PRD al gobierno del estado, hay versiones de que les fueron entregados 200, 300 y hasta 400 mil dólares a los diputados de la legislatura pasada para aprobar la ampliación del mandato de Bonilla.
Jaime Martínez Veloz, excandidato del PRD a la gubernatura de Baja California, aseguró que la Ley Bonilla podría ser un precedente que no solo tendrá un impacto en el estado, sino en las otras entidades del país porque violenta los equilibrios que se tienen desde la Constitución de 1917, en la que se pactaron las reglas de no reelección.
No obstante, dijo que el ministro Fernando Franco, quien admitió las quejas presentadas por el PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano en contra de la reforma que extiende de dos a cinco años la gestión de Bonilla, ha planteado que “el hecho de que tome posesión no implica que exista una resolución y que vaya a ser para siempre, el proceso seguirá y tienen sus tiempos en la Corte y el fallo de ellos será inapelable”.
Martínez Veloz afirmó que detrás de la Ley Bonilla hubo una estrategia política y recordó que días antes de que se avalara la reforma de la ampliación de mandato, el propio presidente del Congreso local, Edgar Benjamín Gómez Macías, denunció que el administrador de las aduanas de Mexicali, Alejandro Miramontes Armenta, le había ofrecido un millón de dólares por convocar a la asamblea para ampliar el periodo.
“Él hizo la denuncia dos o tres días de las elecciones, y lo paradójico y contradictorio es que él mismo convoca un mes después y aprueba lo que según esto le estaban presionando y le estaban ofreciendo un dinero”, acusó.
Afirmó que hay versiones de que les fueron entregados 200 mil, 300 mil y hasta 400 mil dólares a los diputados de la legislatura pasada en un hotel de la localidad y que él solicitó los videos a la Fiscalía General de la República (FGR).
“La persona que impulsa esta ampliación del mandato, el diputado, Víctor Morán (líder de Morena en el Congreso local), es el apoderado jurídico de Bonilla en los pleitos que tiene en el ayuntamiento de Tijuana. Es un nido de complicidades las que se producen alrededor y de denuncias de corrupción, en un caso como este que huele muy feo y que ha alterado la vida normal de Baja California”, manifestó.
El perredista recordó que cuando él aún estaba en Morena, la principal persona que estaba empecinada con que fuera candidato a la gubernatura era el propio Jaime Bonilla.
“Yo le decía que estos son procesos sociales que tienen una dinámica en la que se van construyendo expectativas y relaciones… Poco a poco me fui dando cuenta de los negocios e intereses que estaban detrás del propio Bonilla y que creo que son los que fueron determinantes para que él saliera con la candidatura”, expresó.
No obstante, refirió, que en Morena le impidieron el registro, hecho que consideró como una “acción concertada para excluirnos”.
Relató que el tema de la ampliación de periodo fue un tema toral en el que tuvo diferencias con Bonilla “porque yo le decía que desde el gobierno no podíamos impulsar acciones que generen desestabilización o incertidumbre en la sociedad ni como oposición, mucho menos como gobierno”.
“Yo le decía que había reglas pactadas y comprometidas. Esto fue un motivo de desencuentro… A él lo convencieron de que era posible y hoy estamos en un brete no solo en el estado”
Añadió que desde su punto de vista, Bonilla es inelegible y adelantó que interpondrá un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pues siendo diputado federal en México, pretendía ser candidato del Distrito de Agua de Otai, en Estados Unidos.
“Ni el Tribunal Federal ni el Tribunal Estatal quisieron revisarlo sobre la base de que este tema ya había sido discutido y aprobado anteriormente, diciendo que era una cosa juzgada, pero lo que nosotros estábamos planteando era una cosa totalmente distinta. Nosotros lo que estábamos diciendo era que Bonilla a partir de que le entregan su certificado de nacionalidad en el 2012 se comprometió a no ser sumiso a cualquier país extranjero y se siguió listando del 2012 al 2016 para aspirar a ese puesto de elección”, denunció.
Y advirtió que la construcción de una desalinizadora en Rosarito, que significará un endeudamiento del estado por 76 mil millones de pesos, implica que Baja California se compromete a comprar 160 millones de pesos mensuales de agua durante 37 años.
“El producto de la desalinizadora tendrá como finalidad abastecer de agua a San Diego, tengo las actas de ese comité del Condado de San Diego traducidas al español donde incluso los técnicos norteamericanos se ufanan de que son invitados por Bonilla a las reuniones de las autoridades mexicanas en materia de agua y que los textos que ellos han propuesto han quedado consagrados en las normas mexicanas, cosa que me parece muy delicada y que en su momento lo haremos valer ante las autoridades correspondientes”, finalizó.