La escena, con algunas variaciones, se ha repetido en los últimos meses en varias ciudades de Colombia. Centenares de venezolanos empujados por sus limitadas opciones de supervivencia en medio de la pandemia, muchos con niños de brazos, permanecían este fin de semana en un campamento improvisado en el separador de la autopista norte, una de las vías de acceso a Bogotá, con la esperanza de montarse en un bus que los lleve hasta la fronteriza Cúcuta, a más de 500 kilómetros, y de allí poder cruzar a Venezuela. A partir de este lunes, enfrentan obstáculos adicionales en su improbable travesía, pues el Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto nuevas restricciones al retorno de sus ciudadanos.
Con el avance de la cuarentena, el líder chavista ha cambiado su discurso de brazos abiertos a los migrantes que de a decenas de miles comenzaron a desandar sus pasos cuando la crisis de la covid-19 quebró su precaria estabilidad en los lugares a los que llegaron al escapar de la hiperinflación, la escasez y la inseguridad. “Ellos regresan huyendo de la xenofobia en esos países”, ha insistido Maduro en un intento de capitalizar el retorno, luego de que durante su Gobierno se produjera un éxodo masivo. Ahora, en la narrativa chavista se habla de ellos como “armas biológicas”. En el parte diario de los casos confirmados se subraya que la mayor parte son “importados” de Colombia y Brasil. Maduro incluso ha asegurado que el presidente de Colombia, Iván Duque, envía “personas contaminadas” a Venezuela, pero este domingo fue un paso más allá.
“Le digo a toda Venezuela que no aceptemos gente que se haya metido por las trochas [pasos informales] y haya burlado los controles sanitarios para llegar a su casa”, dijo en televisión. “Todo el esfuerzo que hemos hecho, para que una persona por capricho y por irresponsable llegue a contaminar a su familia. Le pido ayuda a todos los gobernadores y al pueblo. Si usted tiene un vecino llame a la policía, a la Fuerza Armada o al hospital centinela que tenga más cerca para que vayamos a buscar a esa persona”. Colombia suma más de 1.200 muertes asociadas a la covid-19 y roza los 40.000 casos detectados. Venezuela, con una baja capacidad de diagnóstico, reporta oficialmente 2.377 casos y 22 fallecidos.
Ese giro con tintes discriminatorios complica la ya delicada situación de los migrantes. Las relaciones entre Bogotá y Caracas están rotas hace más de un año, Duque tilda a Maduro de “dictador” y su apoyo irrestricto a Juan Guaidó, al que reconoce como presidente encargado, ha elevado la tensión entre dos Gobiernos permanentemente enfrentados. Sin embargo, a pesar de que Colombia mantiene cerradas sus fronteras desde marzo como parte de los esfuerzos por contener el virus, las autoridades migratorias han abierto corredores humanitarios a lo largo de una porosa línea limítrofe de más de 2.200 kilómetros. Desde los departamentos colombianos de Norte de Santander, Arauca y, en menor medida, La Guajira –donde el paso es esporádico– se permitía el paso de más de 500 retornados diarios.
Pero Maduro ha decidido imponer desde esta semana nuevas barreras, al disminuir los números autorizados de recepción. Primero limitó a tres días a la semana el paso desde Arauca por el Puente Internacional José Antonio Paéz, y a partir de este lunes hará lo mismo con el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal cruce fronterizo, entre Norte de Santander y el Estado de Táchira. El tránsito de personas solo se permitirá los lunes, miércoles y viernes, en grupos de 300 personas como máximo, desde Norte de Santander, y un centenar, desde Arauca.
Esas restricciones implican una reducción cercana al 80% en el retorno de venezolanos, de acuerdo con los cálculos de Migración Colombia, lo que supone nuevos inconvenientes para gestionar la atención a los migrantes que en varias ciudades reclaman ayuda para regresar. Evitar aglomeraciones que puedan acabar en focos de contagio en Norte de Santander y Arauca sigue siendo una preocupación. “Deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país, así como para la población en tránsito”, ha dicho Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.
La pandemia ha retratado con crudeza la precaria situación de los migrantes y refugiados venezolanos dispersos por América Latina. Colombia, por mucho el principal destino de una diáspora que ya supera cinco millones de personas en todo el mundo, actualizó el mes pasado sus cifras oficiales. Para finales de marzo, cuando ya estaba en vigor la cuarentena nacional, Colombia albergaba 1.809.000 ciudadanos venezolanos, una leve disminución de 0,9% con respecto a febrero. Es la primera ocasión en cinco años en que baja la población migrante. Sin embargo, un reciente informe de Human Rights Watch (HRW) apunta en la dirección contraria, al advertir que el avance de la pandemia en Venezuela puede “provocar que más personas intenten irse del país”.
Durante la crisis sanitaria, más de 71.000 venezolanos han retornado voluntariamente a su país en cerca de un millar de autobuses coordinados con alcaldías y gobernaciones que los han llevado hasta la frontera desde distintos lugares de Colombia. Las medidas de confinamiento les impiden ganarse la vida en las ciudades donde habían encontrado refugio, y muchos incluso han sido desalojados de sus viviendas. La situación tiende a empeorar. Según todas las proyecciones, en los principales países de acogida, donde los venezolanos suelen alimentar las filas de la informalidad, aumentará la pobreza y el desempleo. El Gobierno de Duque ha reiterado en múltiples ocasiones que no fomenta esos regresos, pero debe respetarles su derecho a migrar aún en medio de las cuarentenas y el cierre de fronteras.
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