La Fiscalía General de la República presentó por escrito la solicitud para un proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por tres delitos, lo que detonará un proceso jurídico-político formalmente conocido como Declaración de Procedencia, el cual podría dejarlo sin fuero ni cargo para enfrentar las acusaciones.
¿Qué es el Juicio de Procedencia o Desafuero?
Es el proceso que desarrolla la Cámara de Diputados para quitar el fuero o la inmunidad procesal.
Se puede realizar para proceder penalmente contra los miembros del Congreso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Estado, el Fiscal General de la República, gobernadores, diputados locales, magistrados locales, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales, dice el artículo 111 de la Constitución.
Si se cumplen todas las etapas, las personas son puestas a disposición de un juez para que respondan por los delitos.
¿Cómo es el proceso de desafuero?
Una vez que el Ministerio Público (FGR) presenta la solicitud con todas las pruebas y acusaciones se crea una comisión de diputados, que debe presentar una conclusión en 70 días hábiles, aunque puede obtener más tiempo si lo pide por escrito.
Esta comisión tiene el trabajo de investigar y realizar todas las diligencias necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del acusado, dice un reporte de la Cámara de Diputados.
Si esta comisión encuentra que el juicio es notoriamente improcedente lo avisa a la mesa directiva de la Cámara para que decida si se investiga más el asunto o se desecha.
Si la comisión encuentra pruebas y elementos suficientes para sostener la acusación entonces se convoca a todos los diputados para que se desempeñen como Jurado.
El debate
En una sesión se presentarán los argumentos de la comisión investigadora; también se dará voz al ministerio público (FGR) para que argumente a favor de la acusación.
Finalmente, el acusado o su abogado tomarán la voz para defenderse y pedir a los diputados que voten a su favor.
El Ministerio Público (FGR) podrá pedir la palabra para debatir los argumentos, en cuyo caso el acusado también podrá dirigir otro discurso para defenderse.
Cuando se agote el debate el acusado y el Ministerio Público se retirarán de la sesión para que los legisladores puedan expresar sus posturas a favor y en contra.
Posteriormente la Cámara de Diputados debe votar si procede o no el juicio. Ganará el bloque que obtenga la mayoría absoluta de los legisladores presentes en sesión, es decir: la mitad más uno.
¿Cuáles son sus consecuencias?
Si se impone la acusación la Cámara escribe emite la declaración de procedencia pero no juzga, “sólo elimina el fuero constitucional para que posteriormente el servidor público pueda ser juzgado, en caso de que se considere que existen elementos para suponer su probable responsabilidad”, dice el portal del congreso.
El desafuero es efectivo porque separa al funcionario de su puesto mientras esté sujeto a proceso penal; si resulta inocente ante un juez, puede volver a sus funciones, pero “si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto”.
La ley dice que cuando se trata de gobernadores y funcionarios locales se manda a la legislatura local.
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