Un juez de Control dictó prisión preventiva a cuatro elementos del Ejército Mexicano imputados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por disparar contra siete civiles desarmados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 26 de febrero, cinco de los cuales murieron.
En audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó de manera formal a los cuatro militares en activo, identificados como Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N”, por los delitos de homicidio calificado en agravio de cinco jóvenes y por el ilícito de tentativa de homicidio en agravio de los dos sobrevivientes.
La audiencia inicial para formular la imputación en contra de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dentro de la causa penal 46/2023, se llevó a cabo mediante el sistema de videoconferencia en Reynosa, Tamaulipas.
Debido a que la defensa de los militares imputados solicitó la ampliación del plazo constitucional para presentar las pruebas de descargo, la audiencia se suspendió y se programó para el próximo miércoles 12 de abril a las 16 horas.
Por lo tanto, será hasta el próximo miércoles que se defina la situación jurídica de los cuatro imputados, es decir, si se les abre un proceso judicial mediante un auto de vinculación a proceso con los datos de prueba existentes, o si se les concede un auto de libertad por falta de pruebas.
Previo a la suspensión de la audiencia, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Eduardo Javier Sáenz Torres, dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de los cuatro militares imputados, la cual cumplirán en la prisión del Campo Militar Número 1.
Actualmente, los presuntos implicados ya se encuentran recluidos en la prisión militar adscrita al Campo Militar Número 1 con sede en la Ciudad de México.
De acuerdo con el diario El Universal, los abogados de los jóvenes asesinados buscarán ampliar la imputación para que los otros 17 militares que participaron en el operativo el día de los hechos, sean investigados y se les finque algún tipo de responsabilidad penal, incluyendo al capitán Elio “N” que se encontraba al mando del operativo que derivó en el asesinato de los cinco jóvenes.
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