Más de tres centenares de agentes se han desplegado en diferentes ciudades portuguesas para detener a militares y civiles implicados en una red de tráfico de drogas, diamantes y oro, aprovechando las misiones humanitarias de la ONU en las que participan las Fuerzas Armadas lusas en la República Centroafricana. La investigación, según explicó la Policía Judicial en un comunicado, apunta a una red criminal “con vínculos internacionales, que se dedica a sacar beneficios ilícitos a través del contrabando de diamantes y oro, tráfico de estupefacientes, falsificación de moneda, delitos informáticos, teniendo por objetivo el blanqueamiento de capitales”.
En la operación, que sigue abierta, ha sido detenidas 10 personas, aunque no ha trascendido cuántos son militares y cuántos civiles. Según el diario Público, los civiles actuaban como testaferros para blanquear el dinero del contrabando facilitando sus cuentas bancarias a cambio de recibir una comisión. La red compraba criptomonedas en Internet que les permitían evitar la fiscalización de las autoridades. Las detenciones y los registros de la Operación Miríade se llevaron a cabo en Lisboa y otras seis localidades continentales, además de Funchal, la capital de Madeira.
Los militares transportaban la droga, el oro o los diamantes desde la República Centroafricana hacia Europa a bordo de aviones militares, cuya carga no es inspeccionada, según el citado diario. Los diamantes acababan vendidos en Bruselas y Amberes a precios millonarios. Según el semanario Expresso, no hay altos cargos castrenses entre los detenidos, que son, en su mayoría, soldados.
La operación, que dirige el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa y la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción de la Policía Judicial, es la culminación de una investigación abierta tras la denuncia que recibió en diciembre de 2019 el comandante que dirigía a las fuerzas portuguesas destacadas en la República Centroafricana sobre la supuesta participación de militares en el tráfico de diamantes. El alto mando elevó las sospechas al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, que trasladó a la Policía Judicial la denuncia.
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que se encuentra de viaje oficial en Cabo Verde, minimizó el impacto de la operación para el prestigio del Ejército. “Por el contrario, el hecho de investigar casos aislados que puedan haber ocurrido y tomar esa iniciativa prestigia a las fuerzas armadas a nivel internacional”, aseguró.
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