Diputadas de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron que los integrantes de sus bancadas votarán en contra de la reforma avalada por el Senado, que contempla la ampliación por dos años del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
En conferencia de prensa, legisladoras de la oposición manifestaron su rechazo a la aprobación de un artículo transitorio en la reforma al Poder Judicial, al considerarlo inconstitucional e, incluso, advirtieron que, de aprobarse, presentarán recursos de inconstitucionalidad.
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La diputada priista, Mariana Rodríguez Mier y Terán, hizo un llamado a “defender con todos los argumentos, y con todos los recursos legales, el Estado de Derecho”, y dijo que los diputados de oposición no pueden “avalar un golpe a nuestra democracia e institucionalidad que tanto trabajo nos ha costado construir”.
“La independencia del poder judicial el régimen constitucional de separación de poderes está bajo asedio desde el poder ejecutivo, lo cual lo hace más grave”, puntualizó.
Por su parte, Verónica Juárez, del PRD, dijo que en su partido se pronuncian en contra “de que se quiera torcer la Constitución” y anunció que participarán en cualquier ejercicio de parlamento abierto, o en “cualquier acción que tengamos como oposición para parar esta intentona”.
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“Pero aún más, convocamos a todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados a que cumplamos con nuestra responsabilidad de ser congruentes con la Constitución”, sostuvo Juárez.
En caso de que la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara Baja aprueben esta minuta en sus términos, la diputada del PAN, Laura Rojas, afirmó que propondrán una acción de inconstitucionalidad ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No cuenten con nosotros para avalar esto que es a todas luces inconstitucional”, sostuvo.
Las diputadas integraron a su reclamo a representantes de organizaciones de la sociedad civil. Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, quien enfatizó la importancia de abrir un parlamento abierto, ante la importancia y trascendencia nacional de este tema.
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“El impacto de este asunto acarrearía a nuestra sociedad en las instituciones del país pero sobre todo en el acceso a la justicia ante un poder judicial que debe ser autónomo e independiente, libre de injerencias injustificadas por parte de los poderes”, sostuvo.
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