Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de reforma judicial el pasado 5 de febrero, el Poder Judicial de la Federación (PJF) convocó a una serie de foros sobre seguridad y justicia, para obtener un diagnóstico sobre el estado de ambas asignaturas en el país.
Fueron programados 14 foros, de los que hasta el momento se han realizado 11 en varios estados. La presentación se realizó el 1 de marzo en la Ciudad de México y el primer foro se llevó a cabo el 21 de ese mes en Querétaro.
Los foros concluirán el próximo 4 de julio en el Centro Cultural Tlatelolco de la UNAM y buscan, según el Poder Judicial, “generar un diagnóstico plural, que sustente propuestas concretas en las que se planteen estrategias y acciones desde los órdenes de gobierno, la academia, la sociedad civil y, enfáticamente, las personas usuarias del sistema de seguridad y justicia, con base en las competencias y responsabilidades de cada autoridad e institución que lo integran”.
Aunque los resultados se darán a conocer al término de los foros, Aristegui Noticias tuvo acceso a un informe preliminar que reporta los avances con corte al 15 de junio y en el que se reseña que el 50.9% de los participantes en el ejercicio pertenecen al sector público, seguidos de académicos (18.4%), sociedad civil (17.7%) y sector privado (12.9%).
Se plantearon cuatro ejes temáticos: 1) Acceso a los servicios legales; 2) Seguridad y justicia; 3) Sistema nacional de impartición de justicia y 4) Justicia y rendición de cuentas. Es en este último eje, en el que se abordan la independencia y disciplina judicial, así como la calidad en la justicia, temas fundamentales de la reforma judicial propuesta por López Obrador y respaldada por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
La reforma plantea la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces, así como la creación de un órgano disciplinario de las actuaciones judiciales, independiente de la gestión administrativa del Poder Judicial.
Sin embargo, la disciplina judicial no despertó ningún interés en los participantes en los foros. De hecho, en el reporte preliminar, el subtema aparece marcado con un 0%, en tanto que la independencia judicial solo registró un 8% de interés y la calidad en la justicia un 7% de interés. El promedio de este eje es del 7.9% de interés. En total, de esta temática se realizaron 15 mesas.
Por el contrario, el mayor interés lo suscitaron los ejes 1 y 2, sobre “acceso a los servicios legales” y “seguridad y justicia”, respectivamente. De estos, los temas con mayor público fueron “los derechos de las personas y la forma de conocerlos” (34%), así como “seguridad pública y protección de derechos” (30%). Del eje 1 se realizaron 67 mesas y del 2 se llevaron a cabo 75.
De acuerdo con el informe preliminar, hasta el momento han participado 2,422 personas y se espera que este número llegue a 3,205.
En cuanto a la participación por sector, los primeros tres ejes tuvieron una presencia más variada por parte de los sectores que fueron convocados, en tanto el cuarto concentró casi en su totalidad al sector público.
Durante los encuentros, se identificaron 4,562 problemas, de los que se priorizaron 420, con las siguientes preguntas: ¿Por qué no se ha resuelto?, ¿a quiénes les afecta el problema?, ¿actores relevantes?, ¿causas sociales y culturales que le dan forma?, ¿qué datos tenemos y cuáles faltan?
Para definir los problemas y sistematizarlos se utilizaron los trabajos de Beth Simone Noveck, “Ciudadanos inteligentes, estado más inteligente.Las tecnologías de la experiencia y el futuro de la gobernanza” y “Resolviendo problemas públicos: una guía práctica para arreglar nuestro gobierno y cambiar nuestro mundo”, así como del método “Smarter Crowdsourcing”, que busca convertir las problemáticas en propuestas procesables.
De acuerdo con información disponible en la página web del encuentro, “la definición de los problemas es la parte más compleja del proceso y requiere ir más allá de simplemente nombrar un eje temático o utilizar una solución para ocultar un problema. Es necesario delimitar el problema con base en evidencia y datos, para que el mismo tenga la posibilidad de resolverse”.
En ese sentido, mencionan que la metodología “tiene la finalidad de escuchar de manera activa y directa a una pluralidad de personas para detectar problemas, principales afectaciones causadas por el actual estado de cosas y posibles rutas de acción para su solución”.
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