En Myanmar “se está usando la pandemia como un arma contra el pueblo”. Ese es el mensaje que más repiten médicos y voluntarios birmanos en redes sociales para describir la grave crisis sanitaria y política con la que lidia el país. La nación del sureste asiático, sumida en el caos desde el golpe de Estado castrense del 1 de febrero, registra desde principios de julio un aumento exponencial de los casos de covid-19. La poca credibilidad de los datos oficiales y el rechazo ciudadano a la junta militar provocan que sea difícil, incluso para los expertos afincados por largo tiempo en el país, determinar cuál es el alcance real de una situación agravada por la carencia de insumos médicos, principalmente la falta de oxígeno.
Ante la falta de doctores, muchos hospitales han tenido que cerrar. Los centros de control de la covid-19 han llegado al tope de su capacidad y solo aceptan a los enfermos graves. Según informa Radio Free Asia, se están enviando a casa a los pacientes en estado crítico con pocas probabilidades de sobrevivir y a aquellos con síntomas leves, debido a que las instalaciones sanitarias no dan abasto. “Los doctores no quieren trabajar bajo las órdenes de los militares, y a muchos los arrestan. No hay personal suficiente”, afirma Ba Kaung, un residente de Bagan que prefiere identificarse con un seudónimo.
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“Casi todo el oxígeno está en manos del Ejército. Mi tío está enfermo de covid en Yangón y la familia lo está tratando en casa. No nos fiamos de la junta. Ha pagado mucho dinero a una empresa privada para conseguir una botella de oxígeno, pero hay que esperar demasiado”, explica Ba. Escenas de personas haciendo cola para recibir bombonas de oxígeno y vídeos de cadáveres en las calles acrecientan la ira hacia la junta, mientras que ha estallado una guerra de desinformación en Facebook y Twitter.
Thomas Andrews, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, denuncia que una “tormenta” de factores –el golpe, el colapso del sistema sanitario, la migración, las nuevas variantes de la covid-19 y la incautación de los equipos médicos por parte del Ejército– ha devenido en una catástrofe humana, eclipsada por la creciente impopularidad del golpe de Estado y la escalada de la violencia. “La crisis de Myanmar es particularmente letal por la desconfianza generalizada en la junta militar”, añade Andrews, quien ha firmado una petición dirigida a la ONU para que cree un cuerpo políticamente neutral con el fin de coordinar la respuesta contra la covid-19, en la que se incluya un programa de vacunación en el que los birmanos puedan confiar.
La antigua Birmania, que al igual que muchas otras naciones de la región logró mantener la pandemia relativamente bajo control en 2020, parecía salir relativamente a flote de su segunda ola de contagios cuando el Ejército derrocó inconstitucionalmente al gobierno de Aung San Suu Kyi, lo que desencadenó una marea de manifestaciones que aún continúa. La agitación popular en las calles y la escasez de pruebas para detectar el nuevo coronavirus han propiciado la propagación descontrolada de la enfermedad en las principales ciudades del país y un tercer brote viral que está siendo más letal que los anteriores.
Los trabajadores sanitarios, quienes gozan de gran reputación entre la ciudadanía birmana, encabezaron el pasado febrero el Movimiento de Desobediencia Civil, en oposición a la junta militar golpista. Desde la asonada, estos profesionales que abandonaron los hospitales públicos y centros covid para pedir la liberación de la mandataria depuesta, premio Nobel de la Paz de 1991, y el restablecimiento de la democracia, se han convertido en el blanco de las represalias de los uniformados.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) denuncia que, en lo que va de año, se han producido 260 ataques contra trabajadores sanitarios en Myanmar (casi la mitad de las 587 agresiones de esta índole registradas en todo el mundo). El Ejército arrestó en junio al doctor Htar Htar Lin, exdirector del programa de vacunación del país, por presuntos cargos de alta traición por su supuesta colaboración con el Gobierno de Unidad Nacional, formado en abril por funcionarios electos que se oponen a la junta encabezada por el general Min Aung Hlaing. Los medios locales Myanmar Now y The Irrawaddy alertan de que cada vez son más los médicos detenidos y encarcelados por tratar a pacientes con síntomas de covid-19 de manera independiente.
Alrededor de 1,75 millones de personas, solo el 3% de la población, han sido inmunizadas con las dos dosis de la vacuna. A principios de enero, el gobierno derrocado había comprado 30 millones de inyecciones de Covidshield (provenientes de la India) e implementado una de las primeras campañas de vacunación en el sureste asiático. Sin embargo, solo se administraron 2 millones de dichas dosis antes de que la India prohibiera las exportaciones para hacer frente a su propia crisis. A Myanmar no han llegado vacunas del programa de la OMS COVAX, supuestamente porque la junta se ha negado a compartir los planes de vacunación. El gobierno militar ha iniciado negociaciones con Rusia y China, y se espera que se entreguen 6 millones de dosis de una de las vacunas del gigante asiático –no se ha especificado cuál– para agosto.
Joy Singhal, jefe de la delegación en Myanmar de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, afirma que una de cada tres personas sometidas al test arroja positivo, y expertos de sanidad pública del país calcula que el 50% de los 55 millones de birmanos se infectará en las próximas semanas por la variante alfa o delta. La antigua Birmania suma un total de 269.525 contagios y 7.111 decesos. El 25 de julio se registró el número más alto de fallecidos desde que comenzó la pandemia, 355 en un día. Médicos independientes y personal de funerarias alertan de que las cifras son mucho más altas que las oficiales, al tiempo que, en una prueba fehaciente de estos testimonios, los crematorios se mantienen trabajando por encima de su capacidad.
Para más inri, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alerta de que tres millones de personas necesitan asistencia urgente y servicios de protección en diversas partes del país. Un millón reside en zonas afectadas por conflictos previos al golpe de Estado, mientras que los dos millones restantes son familias que se localizan en áreas urbanas de Yangón y Mandalay, así como personas que se han visto forzadas a desplazarse desde el 1 de febrero. Muchos expertos temen que la propagación incontrolada del virus dé lugar a nuevas variantes de la covid-19 en el país, que limita con China, India y Tailandia. Precisamente en la provincia china de Yunnan, frontera con Myanmar, se están registrando nuevas infecciones de personas que abandonaron territorio birmano entre el 30 de junio y el 24 de julio.
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