Boris Johnson necesitaba una pequeña victoria que le permitiera salir del laberinto en el que él mismo se había metido al dar por concluidas —sin hacerlo oficialmente— las negociaciones con Bruselas para la relación futura tras el Brexit. El reconocimiento expreso del negociador jefe de la UE, Michel Barnier, del necesario “respeto a la soberanía del Reino Unido” durante este proceso ha sido el salvavidas al que se ha aferrado Downing Street para dar de nuevo la bienvenida a Londres al equipo negociador europeo y retomar, a partir de este mismo jueves y de modo intensivo, el intento de alcanzar un acuerdo de libre comercio que evite un Brexit duro.
Nada ha cambiado pero todo puede entrar en una fase diferente y más optimista. Los equipos que deben negociar un nuevo acuerdo antes de que concluya el periodo de transición, el próximo 31 de diciembre, siguen estancados en los dos asuntos más conflictivos: la pesca, y la definición de unas reglas comunes que eviten cualquier competencia desleal en el futuro por parte de Londres. Sobre todo, en materia de ayudas públicas a sus empresas. El guion y la escenografía de la enésima crisis en esta larga tragedia se han vuelto a reajustar a gusto de todos. Barnier ha comparecido este miércoles ante el Parlamento Europeo para proclamar formalmente las obviedades que Londres reclamaba: el respeto a la autonomía de decisión de la UE, a la integridad de su Mercado Interior, y la preservación de sus intereses económicos y políticos a largo plazo, son “naturalmente compatibles con el respeto a la soberanía británica, una legítima preocupación del Gobierno de Boris Johnson”.
Después del portazo dado por el primer ministro a finales de la semana pasada, el Gobierno británico ha tensado la cuerda hasta el límite de sus posibilidades. Johnson anunció a sus conciudadanos y a sus empresarios que fueran preparándose para la nueva realidad de un Brexit duro, en el que el Reino Unido jugaría bajo las reglas básicas de la Organización Mundial del Comercio (es decir, aranceles y cuotas para empresas que trabajaran con el continente). Y el negociador jefe británico, David Frost, canceló unilateralmente la siguiente ronda de negociaciones, que debía haber tenido lugar el pasado lunes en Londres. Frost y Barnier mantuvieron en todo momento abierta la línea telefónica, y su conversación de este miércoles ha servido para recomponer la situación. “Hemos estudiado cuidadosamente la declaración de Michel Barnier esta mañana al Parlamento Europeo. Como negociador jefe de la UE, sus palabras están revestidas de autoridad”, ha asegurado un portavoz de Downing Street.
Convenientemente, el Gobierno británico ha elevado la estatura política del mismo actor a quien en ocasiones se ha intentado puentear y al que, este mismo domingo, se indicó que no se molestara en tomar el avión a Londres. “En lo sustancial, Barnier ha establecido los principios que la UE ha llevado a la mesa negociadora, y también ha reconocido las líneas rojas marcadas por el Reino Unido”, decía ese mismo portavoz. “Sigue habiendo discrepancias relevantes en áreas de gran dificultad, pero estamos dispuestos, junto con la Unión Europea, a comprobar si es posible salvarlas mediante conversaciones intensivas”.
El Reino Unido logra además otro pequeño triunfo al alterar la metodología de las negociaciones. Hasta ahora había reclamado que se realizaran sobre la base de los textos legales respectivos. Con el característico pragmatismo británico, pretendía que se fuera construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, el posible acuerdo. Bruselas exigía antes un compromiso con los principios fundamentales, como el respeto compartido de las reglas en materia laboral, medioambiental, de protección de los consumidores o de ayudas públicas a empresas. Ambas partes han acordado ahora unos “principios organizativos para futuras negociaciones” en los que se establece la creación de un “secretariado conjunto” que vaya construyendo “un texto maestro consolidado”. Formarán parte de ese secretariado “funcionarios y abogados de ambas partes”, que serán supervisados constantemente por los respectivos negociadores jefe. Queda claro, sin embargo, en la última de estas siete nuevas reglas, que “más allá de los avances (…) nada estará acordado en estas negociaciones hasta que se haya alcanzado un acuerdo total”.
El Gobierno británico ha insistido en todo momento, de modo oficial, que no renunciaba a su voluntad de alcanzar un acuerdo, aunque insistía en su tranquilidad ante la perspectiva de que no fuera posible. Mantiene esa seguridad en su preparación para lo peor, y la ha repetido este miércoles: “Es completamente posible que las negociaciones no tengan éxito. Si así ocurre, el Reino Unido concluirá el periodo de transición y se someterá a los mismos términos que Australia [la solución australiana, el eufemismo de Johnson para el caso de un Brexit duro]. Y tendrá un futuro próspero”. La realidad, sin embargo, es que el último órdago de Johnson no fue jaleado como hace un año por los conservadores euroescépticos, concentrados ahora en los daños causados por la covid-19. Y sí desató las alarmas de la inmensa mayoría de los empresarios británicos, que alertaron públicamente al Gobierno de que, ni estaban preparados para afrontar un Brexit duro, ni podían estarlo cuando nadie aún les había indicado cuáles serían las nuevas condiciones, ni consideraban conveniente añadir incertidumbre a la crisis económica provocada por la pandemia.
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