SAN SALVADOR – Eneida Abarca, madre de un joven de 22 años desaparecido en enero en El Salvador, denunció este jueves la “indiferencia” de las autoridades para la búsqueda de su hijo y el bloqueo del caso.
El joven Carlos Santos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022 en la capital salvadoreña después de salir de su casa para realizar ejercicio y, por los efectos de la pandemia del COVID-19, se encontraba con tratamiento psicológico y psiquiátrico.
“Quiero denunciar como madre que en este proceso de búsqueda durante más de ocho meses por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia”, dijo Abarca en conferencia de prensa y señaló que en la Fiscalía le “han bloqueado el caso”.
Lamentó que los responsables de su caso en la Policía Nacional Civil (PNC) y en la Fiscalía General de la República (FGR) han dejado de atender sus mensajes.
“Quiero exigirles que me ayuden a buscar a mi hijo, que cumplan con su mandato de investigar para que este caso no sea una cifra más”, subrayó Abarca.
Agregó que ella y su familia lo han “seguido buscando, hemos ofrecido pistas de su posible paradero a las autoridades y, a pesar de eso, no han hecho nada por encontrarlo, me han dejado sola como madre”.
Abarca llamó al poder ejecutivo del presidente Nayib Bukele a tener “más empatía con los casos de personas desaparecidas y que asigne más recursos a las autoridades para encontrar a nuestro hijos”.
La madre, que es parte del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que aglutina a más de 60 familias, también indicó que en algunas ocasiones ha notado que las autoridades policiales les dan seguimiento en las jornadas de búsqueda que su familia realiza.
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Israel Ticas, uno de los forenses más reconocidos en el país y que trabaja para la fiscalía, ha señalado en diferentes ocasiones que si una persona pasa más de ocho días desaparecida existe una alta probabilidad de que haya sido asesinada y enterrada en un cementerio clandestino.
En mayo, activistas de derechos humanos y representantes del Bloque de Búsqueda denunciaron la paralización de las investigaciones por parte de la Fiscalía y Policía, que estarían dando prioridad a las capturas masivas bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo e implementado por el Gobierno para “combatir” a las pandillas.
El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, implementado desde finales de marzo por la violencia atribuida a las pandillas, con el cual se han suspendido varias garantías constitucionales y ha dejado a más 50,500 detenidos.
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