El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.Rayner Peña R (EFE)
Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de dos diputados y dos alcaldes, pertenecientes al oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusados de los delitos de corrupción y narcotráfico, y de dos fiscales del Ministerio Público, junto a otros trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, por formar parte de una red de traficantes de gasolina. Las detenciones responden a una iniciativa anticorrupción denominada operación Mano de Hierro, que ha sido muy comentada estos días por el presidente Nicolás Maduro, y por otros mandos de la revolución bolivariana, como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Jorge Rodríguez.
El Gobierno ha dado a entender que se trata de un operativo en desarrollo, a gran escala, que busca combatir a las mafias enquistadas en el Estado venezolano que trafican con gasolina y sustancias ilícitas en algunas zonas del país. Estos grupos han sido responsabilizados de ser los causantes de la escasez de ciertos bienes en el pasado.
La alcaldesa judicializada es Keyrineth Fernández, del municipio Jesús María Semprún, y junto a ella dos diputados, Taína González y Luis Viloria. Fernández es una dirigente indígena juvenil del Estado Zulia con un discurso político comprometido e intransigente. La Policía Nacional Bolivariana informó tras detenerla de que portaba seis kilos de cocaína. Algunas versiones informativas han denunciado que Fernández ya había sido señalada por esas causas en el pasado y a pesar de eso estaba en libertad. Se acusa a los tres de formar parte de una red de narcotráfico que operaba entre los Estados occidentales de Zulia y Falcón.
Tarek El Aissami, actual Ministro de Petróleo –exministro del Interior y abogado criminalista-, está a cargo de esta operación y ha declarado que el Gobierno de Maduro “llevaba varios meses” trabajando para dar con los hilos de esta organización. “Presentamos este duro golpe al pueblo para que quede claro que no se aceptará ni se dará tregua a los funcionarios corruptos que fueron electos por voluntad soberana”, añadió.
Por su parte, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de Jorge Peña, Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, y Manoel Gil Da Silva, Fiscal Superior del Estado Bolívar, al oriente y sur oriente del país, acusados, junto al alcalde del municipio Independencia, Carlos Vidal, de traficar y contrabandear gasolina, un bien escaso en la Venezuela de Maduro en los últimos años. En el operativo fue apresado también Juan Carlos Barragán, un trabajador de Petróleos de Venezuela.
“El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia organiza”, ha declarado a su vez Diosdado Cabello, numero dos del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello ha confirmado que estas personas han quedado expulsadas de la organización.
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El agravamiento de la corrupción como un mal endémico en Venezuela ha sido uno de los argumentos más usados por la oposición venezolana cuando toca hacer un diagnóstico sobre las causas del derrumbe de la economía venezolana y el fracaso del modelo de desarrollo chavista. Lo habitual es que la dirigencia bolivariana no dé respuesta a estas acusaciones. El tono de algunos altos dirigentes del chavismo estos días, sin embargo, indica que esta operación está en desarrollo y que puede caer más gente, dirigentes políticos o funcionarios comprometidos en delitos graves.
“Si a algún otro diputado lo cazamos, no necesitará una carta astral para saber su futuro”, ha declarado en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Nicolás Maduro. “Yo se lo voy a decir de una vez: irá a la cárcel si se convierte en un nauseabundo traidor.”
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