Dos condenados a pena de muerte en Japón han interpuesto una demanda contra el Gobierno por la práctica, que consideran “inhumana”, “inconstitucional” e innecesariamente cruel, de avisar a los reos de su ejecución el mismo día en que se realiza. Los abogados de los dos presos, cuyas identidades no se han revelado, han indicado a los medios locales que sus clientes reclaman una compensación de 22 millones de yenes, unos 167.000 euros, en la demanda presentada el jueves en el tribunal de distrito de Osaka, la segunda ciudad japonesa.
Los dos condenados a muerte alegan que, en el pasado, el Ministerio de Justicia notificaba con antelación a los presos la fecha en la que se iba a llevar a cabo la ejecución. Esto daba a los reos tiempo para oponerse y dejar sus asuntos en orden. Pero en la actualidad, el aviso llega la mañana del día en que se va a cumplir la sentencia. El argumento para defender esta práctica es que, con ella, se evita “perturbar seriamente los pensamientos de los condenados a muerte”. Pero los prisioneros alegan que, por el contrario, lo único que logra es infligir aún más preocupación y durante un tiempo más prolongado. Cada día, explican, se levantan con el miedo a que esa mañana pueda ser la última. Y no hay tiempo suficiente para contactar a sus abogados y presentar una apelación de última hora contra la orden de ejecución.
Es algo que viola, afirman, el artículo 31 de la Constitución japonesa, que estipula que “no se privará a nadie de la libertad o la vida, ni se impondrá ningún otro castigo penal, excepto de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley”. En Estados Unidos, indican los reos en su demanda como ejemplo, los condenados a muerte reciben el aviso del día de su ejecución hasta tres meses antes en algunos casos. Tokio y Washington son las únicas democracias industrializadas que aún llevan a cabo ejecuciones.
“Un aviso por adelantado es fundamental para proteger la dignidad humana” de los condenados a muerte, ha asegurado uno de los abogados defensores de los demandantes, Yutaka Ueda, citado por el periódico nipón The Asahi Shimbun. La práctica ha sido criticada durante mucho tiempo por organizaciones internacionales de derechos humanos por la angustia mental que causa. “Las ejecuciones en Japón están rodeadas de secreto, y los prisioneros reciben un aviso de solo unas pocas horas antes de que se cumplan sus sentencias de muerte. Algunos no reciben un aviso en absoluto. Normalmente solo se notifica a sus familias la ejecución una vez que se ha llevado a cabo”, según Amnistía Internacional.
El Ministerio de Justicia en Tokio ha declinado hasta el momento pronunciarse sobre la demanda y un portavoz se ha limitado a indicar que este departamento responderá de manera adecuada cuando comience la vista sobre el caso. Japón mantiene a cerca de un centenar de presos en el corredor de la muerte. Entre 2018 y 2019 dio muerte a 18 condenados, entre ellos 13 miembros de la secta Aum Shinrikyo. En 2020, y por primera vez en un año desde 2011, no cumplió ninguna ejecución. La pena de muerte en Japón, uno de los pocos países desarrollados que mantiene ese castigo, se impone sobre todo en casos de asesinato con agravantes, aunque también está contemplada para delitos como la traición. El método de ejecución es la horca.
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