Rachid Aglif, que será excarcelado el próximo 1 de abril, durante su declaración en el juicio por los atentados del 11-M celebrado en 2007.EFE
Un día antes de que se cumplan 18 años de los atentados del 11 de marzo en Madrid, solo seis de los 18 condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por aquella masacre permanecen en prisión. De ellos, dos saldrán en libertad antes de que acabe el año, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y penitenciarias. Se trata de Rachid Aglif, alias El Conejo, y Mohamed Bouharrat. El primero saldrá en libertad el próximo 1 de abril. Siete meses después, el 30 de octubre, seguirá sus pasos Bouharrat. Tras la salida de ambos, únicamente permanecerán en prisión los dos condenados como autores materiales de la colocación de las bombas, Jamal Zougam y Otman El Gnaoui; el minero asturiano que facilitó el explosivo, Emilio Suárez Trashorras, y otro de los miembros de la célula yihadista, Abdelmajid Bouchar. Los tres primeros, condenados a penas de miles de años de prisión por los 193 muertos y cerca de 2.000 heridos de la masacre, tienen como fecha de extinción de sus penas marzo de 2044, cuando se cumplen los 40 años de cumplimiento máximo que fija el Código Penal. Bouchar, condenado a 18 años, lo hará en agosto de 2023.
Aglif, condenado 18 de cárcel por colaboración con organización terrorista y tráfico de explosivos, cumple las últimas semanas de su pena en el Centro Penitenciario de Málaga II, en la localidad de Archidona, tras pasar por varios penales, como el de Albòcasser (Castellón). Desde el inicio de su condena, ha estado clasificado en primer grado penitenciario o régimen cerrado, el más duro, reservado a internos de “peligrosidad extrema o de inadaptación grave y manifiesta”.
Este régimen le ha impedido, por ejemplo, disfrutar de permisos, además de tener durante toda la condena menos horas de salida al patio que el resto de los internos. Su abogado defensor, Andreas Chalaris, critica en conversación telefónica esta situación: “Ha tenido siempre buen comportamiento y no es yihadista”. El letrado, que mantiene que su cliente es inocente, añade que Aglif ha aprovechado su estancia en prisión para mejorar su español e iniciar estudios de historia y derecho.
Cuando sea excarcelado en abril, Aglif, que tiene 42 años, será previsiblemente deportado a su país de origen, Marruecos, como ha ocurrido anteriormente con otros condenados del 11-M al terminar de cumplir sus condenas. Sin embargo, su abogado confía en que finalmente esta expulsión no se produzca por el cierre de fronteras en Marruecos por la covid, que ya ha impedido durante la pandemia deportar a algunos condenados por yihadismo, aunque en al menos un caso sí se ejecutó la deportación, según fuentes policiales. “En España tiene a su hermano y a sus sobrinos”, insiste Chalaris para demostrar un arraigo con el que justificar que se quede. Además, el abogado destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, aún no se ha pronunciado sobre el recurso que Aglif presentó contra la sentencia que le condenó por el 11-M.
Bouharrat, que en mayo cumplirá 43 años, también será previsiblemente expulsado a Marruecos cuando sea excarcelado el 30 de octubre. Condenado a 12 años de cárcel por su participación en el 11-M, debería haber abandonado con anterioridad la cárcel, pero una pena anterior, por un robo con violencia, ha prorrogado su encarcelamiento hasta este año. En su caso, está clasificado desde 2012 en segundo grado o régimen ordinario, como la mayoría de la población reclusa en España, lo que le permite aspirar a disfrutar de permisos. Recluido en la cárcel de Valladolid, ocupa una celda en un módulo destinado a internos con buen comportamiento y ha tenido destinos laborales dentro de la prisión, como ser el ordenanza encargado del polideportivo del centro, señalan fuentes de su antigua defensa y confirman fuentes penitenciarias.
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Tras ellos, pero ya en 2023, será excarcelado Abdelmajid Bouchar, conocido como El Gamo tras escapar de una primera detención a la carrera. Condenado a 18 años de cárcel, su puesta en libertad está prevista para el 12 de agosto de ese año. Bouchar, que en la actualidad tiene 39 años, fue detenido en Serbia en 2005, donde se había refugiado tras huir del piso de Leganés donde murieron otros miembros de la célula tras hacer estallar los explosivos que tenían, y extraditado a España. Recluido en la prisión coruñesa de Teixeiro, está clasificado desde su condena en primer grado penitenciario, el más duro.
En la misma cárcel gallega están otros dos presos del 11-M: Jamal Zougam y Emilio Suárez Trashorras. El primero, que tiene 48 años, fue condenado a 42.922 años como autor material de los atentados y permanece también en primer grado. Durante su estancia en prisión, fue interrogado por su presunta implicación en la red yihadista de radicalización desmantelada por la Guardia Civil en 2018 en la llamada Operación Escribano. Según detallan fuentes de la investigación, Zougam era una de la treintena de presos musulmanes, repartidos por más de 20 cárceles, con los que los supuestos cabecillas de esta trama contactaron a través de cartas para que se unieran al grupo que pretendía crear. La investigación reveló que el preso del 11-M finalmente rechazó el ofrecimiento, por lo que dejó de estar imputado, según confirman fuentes policiales y jurídicas. En la causa siguen como investigados media docena de reclusos, pero ninguno del 11-M, detallan las mismas fuentes.
Suárez Trashorras, de 46 años, fue condenado a 34.715 años de cárcel y su periplo carcelario ha tenido altibajos. El exminero consiguió ser clasificado en segundo grado penitenciario e, incluso, celebró un encuentro restaurativo (reunión entre victimario y víctima para que el primero asuma el daño causado) con uno de los supervivientes de los atentados. Sin embargo, a finales de 2018, cuando estaba en la prisión de La Moraleja, en Dueñas (Palencia), presuntamente amenazó a un funcionario, lo que supuso su traslado y su regresión al primer grado. En la actualidad está en la cárcel coruñesa, de nuevo clasificado en segundo grado.
El último de los condenados aún en prisión es Othman El Gnaoui, condenado a 42.922 años de cárcel como autor material de la masacre. Su salida de prisión está prevista para el 19 de marzo de 2044. Recluido en la prisión de Mansilla (León), también está clasificado en primer grado penitenciario, aunque en su caso se le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por su buen comportamiento, lo que ha suavizado su régimen de vida hasta hacerlo muy similar a un segundo grado. Gracias a ello, se le permite estar más tiempo en el patio e, incluso, se le ha dado una celda en un módulo en el que está recluidos presos en régimen ordinario.
La que fue su abogada durante el juicio, Beatriz Bernal, que le visita periódicamente, asegura que El Gnaoui está “completamente integrado en la vida de la prisión” y que ha aprovechado el tiempo “para mejorar su español y su nivel cultural. Se ha desarrollado como persona”, añade. Bernal insiste en que su cliente es inocente y que su contacto con los integrantes de la célula [participó en las obras de la casa de Morata de Tajuña en la que se escondió el explosivo y acompañó un tramo del camino a la caravana que trasladó la goma 2 desde Asturias] fue “ocasional”.
Control a la radicalización en las cárceles
Tras los atentados del 11 de marzo de 2004, Instituciones Penitenciarias puso el foco en los presos yihadistas y, años después, comenzó a aplicar un protocolo para detectar la radicalización islamista dentro de las cárceles. Este manual divide a los reclusos yihadistas en tres grupos. El primero lo conforman los condenados por delitos de terrorismo. En la actualidad son 108 internos, según las cifras que maneja del Ministerio del Interior. El segundo está integrado por 44 presos que, si bien entraron en prisión por otros delitos, se ha detectado que realizan labores de adoctrinamiento sobre otros reclusos. El último grupo engloba a los denominados “presos vulnerables” que, por su situación personal, presentan un mayor riesgo de ser captados. Son 71. En total, hay 223 presos bajo control. El anuario del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, presentado la semana pasada, destacaba que, de las 22 operaciones antiyihadistas realizadas en España en 2021, siete se desarrollaron dentro de las cárceles contra redes de radicalización. En ellas fueron detenidas 12 personas.
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