La justicia española actúa por primera vez contra las propiedades de los oligarcas rusos. Un juez de Palma y otro de Tarragona han abierto diligencias para actuar contra los bienes en España de Víktor Vekselberg e Ígor Sechin, considerados próximos al presidente Vladímir Putin. La decisión se produce después de que la justicia de EE UU haya enviado sendas comisiones rogatorias (solicitud de auxilio judicial) sobre estos magnates, que figuran en la lista de sancionados elaborada por las autoridades de Washington. La apertura de las dos investigaciones judiciales se ha materializado este lunes en la intervención y posterior registro por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional de los megayates Tango y Crescent, supuestamente propiedad de Vekselberg y Sechin, respectivamente, y que estaban atracados en los puertos de ambas localidades. Hasta ahora, las únicas actuaciones en España contra oligarcas se habían producido en la vía administrativa, no penal.
En el caso del Crescent ―una embarcación de 135 metros de eslora y valorada en más de 100 millones de euros―, el juez ha ordenado a la policía que tome declaración como testigo a cinco de sus tripulantes, señalan fuentes cercanas a las pesquisas. Se trata del capitán, el primer oficial y los jefes de ingenieros, cocina y económico, a los que se les interrogará sobre la identidad del verdadero propietario del barco, ya que este aparece formalmente a nombre de la sociedad Densiarly Entst, domiciliada en el paraíso fiscal de las islas Caimán.
Este yate estaba inmovilización desde el pasado 16 de marzo por una orden de la Dirección General de Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes, en aplicación de las sanciones puestas en marcha por la Unión Europea contra 893 personas tras la invasión de Ucrania. Sechin es considerado íntimo amigo del presidente ruso y máximo responsable de la petrolera Rosneft, el activo corporativo más valioso del Kremlin. También se le considera miembro del gobierno en la sombra de Putin por su condición de siloviki (hombre fuerte, antiguos oficiales de seguridad como el presidente ruso que medraron en el mundo de los negocios al amparo de este).
Sin embargo, aquella medida solo suponía la inmovilización provisional de la embarcación, lo que impedía que saliera a navegar o fuera vendida. Ahora, ha sido registrada por agentes de la Policía Nacional en busca de documentación y ha quedado intervenida. El yate lleva en el puerto de Tarragona desde el 2 de noviembre, cuando aún no había estallado la guerra. Cuatro meses después, el 4 de marzo, cuando la Comisión Europea ya había acordado aplicar sanciones a los oligarcas rusos tras el inicio de la invasión de Ucrania, la tripulación solicitó a la capitanía del puerto su salida, pero finalmente no zarpó. El 3 de marzo, Francia ya había intervenido a Sechin otra embarcación de lujo, el Amore Vero, cuando esta pretendía abandonar el puerto francés donde estaba atracada.
Sociedades en Panamá
Este lunes también ha sido registrado el Tango, en este caso por agentes de la Guardia Civil, acompañados de miembros del FBI y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE UU. Durante el registro, los agentes se han incautado de documentación y dispositivos informáticos que serán analizados para averiguar la identidad del propietario real del barco. Este megayate es una embarcación de 78 metros de eslora valorada en 90 millones de euros y abanderado en las islas Cook, donde figura a nombre de una sociedad radicada en las islas Vírgenes Británicas que, a su vez, está administrada por sociedades de Panamá. “Todo ello siguiendo una compleja trama financiera y societaria para ocultar la verdadera titularidad real del mismo”, señala Interior.
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Su supuesto propietario, Vekselberg, dueño del grupo Renova (un conglomerado empresarial con intereses en el sector del aluminio, la energía y las telecomunicaciones) y al que la revista Forbes estima una fortuna de más de 13.000 millones de dólares (unos 11.850 millones de euros), no había sido incluido hasta este lunes en la lista de sancionados de la UE, pero sí figura desde marzo en la elaborada por EE UU. El Departamento del Tesoro anunció las sanciones contra él al considerar que mantiene “estrechos vínculos” con los principales funcionarios del Gobierno ruso, incluidos Putin y el expresidente Dmitry Medvédev. En abril de 2018, Estados Unidos ya sancionó a su conglomerado empresarial para castigar al Kremlin por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de 2016 que ganó Donald Trump. Washington investiga a Vekselberg por fraude fiscal, blanqueo y falsedad documental por la ocultación de la propiedad real de bienes, entre ellos el yate Tango, para tratar de evitar las sanciones.
Además, del Tango y el Crescent, España ha actuado contra otros dos megayates de oligarcas rusos, aunque por ahora únicamente por la vía administrativa a través de Marina Mercante. El 14 de marzo retuvo en el puerto de Barcelona el yate Valerie, supuestamente propiedad del magnate Serguéi Chemezov, consejero delegado de Rostec, la gigantesca empresa pública rusa de armamento. Un día después actuaba del mismo modo contra el Lady Anastasia, en Port Adriano (Mallorca), del oligarca Alexander Mijeev, director general de la exportadora de material de defensa Rosoboronexpor.
A Chemezov, que presuntamente posee el Valerie a través de una hijastra, se le adjudica también la titularidad de una villa en S’Agaró (Girona) y otra en Estepona (Málaga), sobre las que no consta que se haya actuado hasta ahora. Este magnate ya entró en 2014 en la lista comunitaria de oligarcas sancionados, cuando se promovió una primera ronda de medidas económicas contra el entorno de Putin tras la anexión de la península de Crimea.
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