Cali vuelve a ser el epicentro de la violencia durante otra jornada de protestas en Colombia y ante el caos de orden público vivido durante el día, el presidente Iván Duque ha ordenado la militarización de la ciudad y el departamento del Valle. “Comienza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en Cali y el Valle”, ha dicho el mandatario desde la ciudad ubicada en el suroccidente colombiano. “Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Y nos llevará a triplicar nuestra capacidad en todo el departamento, asegurando asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, violencia y terrorismo urbano de de baja intensidad”, agregó Duque.
En una alocución al final del día, el mandatario dijo que no permitiría bloqueos de carreteras que atenten contra ciudadanos. “El desbloqueo como principio, como medida de protección de todos los ciudadanos. Hay más de 7.000 hombres desplegados para esa labor. Siempre hemos mantenido canales de deliberación frente a las necesidades de la ciudadanía en el marco de la Constitución, pero no negociando los derechos de los ciudadanos. No pueden existir islas de anarquía”, afirmó el mandatario y aseguró que las fuerzas armadas deben actuar ante hechos de vandalismo “que amenacen la tranquilidad de los ciudadanos”. Varios asesinatos y enfrentamientos entre manifestantes y civiles armados, llevaron al presidente a desplazarse a la ciudad y anunciar el despliegue militar.
Uno de los casos más graves ocurrió en la mañana del viernes, en el barrio La Luna, donde murieron tres personas. Vídeos difundidos en redes sociales muestran a un funcionario de la Fiscalía, armado y vestido de civil huyendo tras haber disparado contra dos manifestantes. En venganza, un grupo de encapuchados lo persigue y lincha hasta matarlo. El fiscal general Francisco Barbosa confirmó que se trataba de un funcionario de esta entidad, pero aseguró que no estaba de servicio. “Fredy Bermudez estaba adscrito al Cuerpo Técnico de Investigaciones y, de acuerdo con información recopilada hasta el momento, disparó hacia varias personas ocasionando la muerte de unos civiles”, confirmó Barbosa y lamentó la muerte de las tres personas. El presidente, Iván Duque, viajó a la ciudad para atender un consejo de seguridad ante el caos desatado durante la jornada.
Según las versiones que han trascendido en Cali, Bermúdez se habría molestado por el bloqueo de la vía y usó su arma de dotación contra los manifestantes. En los videos se observa a uno de los jóvenes asesinados en el asfalto. “Esta situación se presentó entre quienes bloqueaban una vía y quienes querían pasar. La reyerta ha traído esta situación alocada de muerte y dolor”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y llamó a la calma y al diálogo. En Candelaria, también en el departamento del Valle del Cauca, se reportó el asesinato de un joven que pertenecía a la llamada ‘primera línea’ de manifestantes. De acuerdo con el alcalde de la población, Jorge Eliecer Ramírez, se presentó un “enfrentamiento entre la comunidad y los jóvenes que estaban en las barricadas (bloqueos)”. La gobernadora, Clara Luz Roldán, admitió que la situación de seguridad se ha desbordado y decretó un toque de queda desde las 7.00 de la noche.
Conversaciones estancadas
En medio de esa degradación de la situación en algunos lugares, principalmente en departamentos del Pacífico colombiano como Valle del Cauca y Cauca, donde en días pasados fue incendiada una sede judicial y una alcaldía, las conversaciones entre el Gobierno y el comité del paro se antojan estancadas. El preacuerdo para instalar una mesa de negociación todavía no ha sido refrendado, con las partes ancladas en sus líneas rojas. Mientras el comité del paro exige como pasos iniciales garantías para la movilización, que cese la represión policial y que el presidente, Iván Duque, sea contundente en condenar los abusos de las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo demanda ahora que las organizaciones que convocan las marchas rechacen y levanten los bloqueos de vías. A pesar del deterioro de la seguridad en Cali, en el resto del país hubo marchas pacíficas a un mes del inicio del paro nacional.
Más información
Destrabar las carreteras se ha convertido en una prioridad que produce fricciones, y el Gobierno ahora rechaza la figura de corredores humanitarios en la que han insistido los manifestantes. “Para el Gobierno Nacional ese punto no es negociable”, ha dicho Emilio Archila, delegado por Duque para los acercamientos. “Debemos dejar claro que los bloqueos son una amenaza a los derechos de todos los colombianos. Afectan la movilidad, el empleo, el emprendimiento, el flujo de bienes y servicios, destruyen puestos de trabajo”, enfatizó el propio mandatario este viernes en una entrevista con Blu Radio. “No solo tenemos que rechazarlos sino levantarlos con toda la capacidad de la fuerza pública en el territorio”.
Para el Gobierno, la crisis también se ha jugado en el terreno de la diplomacia, pues Colombia ha sido blanco de una infinidad de críticas externas por la represión de las protestas y los repetidos episodios de uso excesivo de la fuerza a lo largo de este mes. En ese frente, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha pasado la semana en Estados Unidos, a donde viajó para contener daños tan pronto fue designada también como canciller. Este viernes se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, quien de acuerdo con su oficina “expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas” y “reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente”. El jefe de la diplomacia estadounidense también apoyó el difícil diálogo entre el Gobierno Duque y el comité del paro, además de reiterar el compromiso de la Administración Biden con la paz en Colombia.
A pesar de que la gira de la flamante canciller ha estado dominada por el tira y afloje entorno a una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia, como reclaman diversas organizaciones sociales, la reunión con Blinken es un logro de la maltrecha diplomacia colombiana. El Gobierno la exhibió como la primera visita que recibe de un líder latinoamericano. El estallido social se ha producido cuando Bogotá todavía lidia con el reacomodo de las relaciones con Washington después de haber apostado por la reelección del republicano Donald Trump, lo que dejó irritó a muchos líderes demócratas. Medio centenar de congresistas del partido del presidente Biden han fustigado la gestión de las protestas e incluso han pedido suspender la asistencia a la policía de Colombia.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
Source link