En la búsqueda del niño Dylan, raptado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la Fiscalía de Chiapas dijo haber localizado a una red de explotación infantil con 23 niños. En realidad, se trata de una familia tsotsil que migró a esa ciudad para sobrevivir a la pobreza. Ahora, las madres de los niños se encuentran en la cárcel, y el abuelo, el primero en ser detenido, fue encontrado muerto en una celda, con signos de tortura. El niño Dylan sigue sin ser localizado.
Por Ángeles Mariscal
Chictón, Chiapas.- Sobre una mesa de madera fue colocado el ataúd con el cuerpo de Adolfo Gómez Gómez. A un lado, su sombrero color verde olivo, como los que él vendía en las calles de San Cristóbal de Las Casas. Bajo el sombrero se encuentran las actas de nacimiento que demuestran que los 23 niños que presuntamente eran explotados laboralmente, en realidad son sus nietos y nietas; uno de ellos, su hijo.
El cuerpo de Adelfo tiene además varios moretones en el cuerpo, una herida grande en el cráneo, restos de sangre, y las huellas de un cordón alrededor del cuello. La versión, que hasta ahora, de manera extraoficial, ha dado a conocer la Fiscalía, es que su muerte fue “suicidio por ahorcamiento”.
La historia de la muerte de Adelfo tiene su origen cuando el 30 de junio, en un mercado de San Cristóbal de Las Casas, una niña, un niño y una mujer se llevaron a Dylan, un niño de 2 años de edad que se encontraba con su madre, vendedora de verdura. Juanita Pérez, la madre, denunció ese día su desaparición.
A su ver, la Fiscalía de Chiapas no agilizó la búsqueda, hasta que organizaciones de la sociedad civil empezaron a acompañarla y presionar a las autoridades, a través de manifestaciones públicas.
El 21 de julio, cuando ya su madre se encontraba en la Ciudad de México intentando hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que le ayudara a encontrar a su hijo, la Fiscalía de Chiapas dio a conocer que derivado de la búsqueda, desmanteló “una red de trata de personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un operativo en el que fueron detenidas tres mujeres y rescatados 23 niños”.
Lo que no dijo la Fiscalía, es que el operativo contra la presunta red de trata, se realizó desde el 17 de julio, y que dos personas más además de las tres mujeres, habían sido detenidas. Se trataba de Adelfo Gómez y su esposa Josefa Sánchez; ellos son los abuelos de los menores.
Tampoco dijo la Fiscalía que los niños y niñas, y todos los detenidos, habían declarado ser parte de una misma familia, que vivían juntos porque juntos habían migrado de la comunidad Chictón, a San Cristóbal, hacia ya ocho años. A esta familia también pertenecen otros seis adultos que en el momento de la detención no se encontraban en la casa que rentaban, porque ya habían salido a trabajar. Ellos son el resto de los padres de los 23 niños que estaban en la casa.
“Siete policías lo acusan, pero no se presentaron a declarar”
Adelfo Gómez, se sabe ahora porque la familia logró juntar algo de dinero para pagar un abogado que tuviera acceso al expediente penal, fue detenido el 15 de julio, cuando se encontraba en la calle de San Cristóbal de Las Casas, vendiendo su mercancía.
Quienes presuntamente lo acusan son “siete policías que dijeron que lo vieron a mi padre subir a una combi (transporte público) con un niño que se parecía a Dylan”, explicó Enereida Gómez Sánchez, hija de Adelfo.
“Pero después ya no llegaron a declarar, no había nadie que acusara a mi papá, y nadie que acusara a mi mamá Josefa Sánchez. A ella la detuvieron cuando fue a la Fiscalía a preguntar por mi papá. Luego en el operativo detuvieron a mis dos cuñadas -Maribel Gómez Sántiz y Juana Montejo González- y a mi hermanita María Hortensia Gómez Sánchez”.
Los 23 niños y niñas que se encontraban en la casa de la calle Granada, misma que rentaban, son miembros de la misma familia; “una es hija del segundo matrimonio de mi papá; cinco son mías, el resto son mis sobrinos”, detalló Enereida.
Refiere que al inicio de la detención pensaron que todo se iba a aclarar, que con presentar las actas de nacimiento o las actas que las parteras entregan para registrar a los recién nacidos, iban a demostrar la inocencia de sus familiares, “porque ellos son nuestros hijos, y nosotros no explotamos a nuestros hijos”.
“Pero nos acorralaron, porque a mis hermanos -papás de algunos niños-, a mi esposo y a mí, también nos levantaron orden de aprensión. Entonces no teníamos como ir a reclamar que nos entregaran a los niños, no podíamos ni ir a ver a nuestros detenidos porque también nos quieren meter a la cárcel”. Para evitarlo, se refugiaron en la comunidad de Chictón, de donde salieron hace nueve años, para buscar paliar su pobreza.
La muerte de su padre fue lo que les dio valor y hacer pública la situación. Enereida, sus hermanos y su esposo, con la ayuda de habitantes de Chictón, se trasladaron el pasado lunes a la ciudad de San Cristóbal, porque habían sido notificados que su padre fue encontrado “ahorcado” en el interior de una celda del penal de esa ciudad.
“Vean ustedes el cuerpo, vean las fotos de cómo nos lo entregaron, todo golpeado, con sangre, con moretones. Vean la gran herida que tiene en la cabeza. Dicen que mi padre se ahorcó, eso es mentira porque mi padre era un hombre con ganas de vivir, él quería demostrar su inocencia. Él ni siquiera tenía una cuerda o un listón de zapatos, porque todo se lo quitaron cuando se lo llevaron. A él nos lo mataron…”, denunciaron este martes, mientras velaban el cadáver.
Demostrar el parentesco
Los abuelos maternos de cinco de los niños, los señores Roberto Montejo y Guadalupe González, acudieron esta semana a las instalaciones del DIF en la capital de Chiapas. Llevaban sus actas de nacimiento para demostrar el parentesco, y pedir les fueran entregados sus nietos.
“Sólo nos dejaron ver a tres, ellos nos abrazaron y empezaron a llorar. Pero ahí nos dijeron que no nos lo podían entregar hasta que demostraran el parentesco. Que teníamos que hacernos pruebas de ADN”, explicó Roberto.
Ahora, la familia se pregunta cómo conseguir el recurso para hacerse “esa prueba que no sabemos ni qué es. Nosotros nos quedamos muy afectados económicamente por la pandemia porque ya no vendemos. Nosotros no tenemos para seguir pagando abogado”, señala el Heber Gómez Sánchez, uno de los padres, quien también tiene orden de aprensión.
“Dicen que fue secuestro del niño que se perdió, pero ya llegó la misma mamá y dijo que no fuimos nosotros. Por qué ahora el pinche gobierno no nos da la libertad de mi madre. Mi padre ahora ya está muerto. Estamos dolidos y con coraje”.
Los integrantes de la familia Gómez Sánchez que no fueron detenidos, ahora se encuentran refugiados en la comunidad Chictón, de donde salieron para forjarse un mejor futuro.
De su casa de San Cristóbal no lograron sacar nada. Su esperanza es que los hechos se aclaren, que sus familiares sean liberadas, que sus hijos les sean entregados, que se detengan los agravios en su contra, y que se castigue a los responsables de la muerte de su padre.
Juanita Pérez, la madre del niño Dylán, sigue buscando a su hijo.
