El problema de la inseguridad en Ecuador ha pasado de ser un asunto a resolver en el medio plazo a una urgencia. La muerte de un niño de 11 años en una heladería, abatido de cuatro disparos en el fuego cruzado entre un policía y un ladrón, ha agotado el margen de maniobra que tenía el Gobierno de Guillermo Lasso.
El presidente se había mostrado más concentrado en capear la tormenta de los Papeles de Pandora y en el pulso político que mantiene con la Asamblea ante el bloqueo de sus principales reformas económicas. Pero reapareció este lunes por la noche con el anuncio de que sacará a los militares a las calles para acompañar a la policía en la lucha contra la delincuencia común. “Hay que acabar con la violencia que le arrebató la vida a Sebastián Javier y antes a otros ecuatorianos”, justificó el jefe de Estado.
Lasso ha decretado el estado de excepción en todo el territorio, que converge con el estado de emergencia dispuesto para el sistema carcelario hace tres semanas tras el motín de presos más violento del país. “Todos nos conmovimos por la dolorosa partida de un niño, un hijo, ante cuyos padres y familiares expresamos nuestras condolencias”, declaró el presidente en un vídeo difundido a través de las redes sociales.
“Nada podrá reparar esta terrible pérdida, pero todos debemos coger fuerzas”, dijo Lasso, que ofreció defensa legal a los policías y militares que enfrenten problemas con la justicia por cumplir su labor de lucha contra los delincuentes. “Actúen con la valentía que los caracteriza porque este Gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor”, prometió. Y arremetió contra los jueces que deberían “garantizar la paz y el orden; no la impunidad y el crimen”.
Media hora después de su mensaje, la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado en el que exhorta a los mandos y agentes de la policía a que “siempre tengan presente el deber de respecto de los derechos a la vida, seguridad y a la integridad de la población” para que sus actuaciones “siendo profesionales, cuidadosas y responsables, impidan que el combate a la delincuencia se convierta en una situación de riesgo para la ciudadanía”. La Defensoría también rechazó propuestas como las de la alcaldesa de Guayaquil, la ciudad con más nivel de conflicto, que envió a la Presidencia un proyecto de ley para permitir a los ciudadanos llevar armas para defenderse.
Una tormenta de adversidades ha desvanecido en menos de un mes la sensación de optimismo y tranquilidad que cosechó el nuevo Gobierno gracias a la vacunación contra la covid a nueve millones de personas en sus 100 primeros días de gestión. El político conservador lo había prometido en campaña y alcanzó índices de aprobación de más del 70% hasta finales de septiembre, cuando estalló la violencia en una cárcel de Guayaquil. El amotinamiento, que dejó 118 muertos y tardó casi 10 días en controlarse, hizo visible de un momento a otro la preocupación de los ciudadanos por el goteo de asesinatos a modo de sicariato y las denuncias de robos y asaltos a mano armada a plena luz del día.
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El mismo día en que se levantaron los presos de la Penitenciaría del Litoral, la Asamblea Nacional rechazaba su ley Creando Oportunidades, que contenía una reforma tributaria para contentar al Fondo Monetario Internacional y una laboral para flexibilizar las condiciones de empleo, y desataba una crisis de gobernabilidad que Lasso ha calificado de una conspiración de sus opositores contra la democracia.
Mientras el mandatario trataba de desvirtuar la mala imagen que le dejó la revelación de los Papeles de Pandora, la violencia se cebaba con Guayaquil y sus municipios de influencia. En 10 meses hay el doble de muertes violentas que el año pasado y ese sector es el escenario de un tercio de todos los asesinatos del país, que se han disparado. En 2018, los homicidios no llegaban a 1.000 al año en todo el país y la cifra ha subido este año a 1.884 en diez meses, con varios episodios de sicariato a plena luz del día y en zonas residenciales.
Tres asaltos con pistola a las puertas de sendos bancos en horario lectivo expandieron el discurso del miedo la semana pasada en una población que tiene cada vez más temor de salir a la calle por el riesgo a ser atracado mientras espera en un semáforo, a que entren a su casa robar mientras va a la compra o a que desvalijen el vehículo aparcado en la puerta de casa.
A la par que la violencia, ha crecido la cantidad de droga incautada en el país. Las 82,2 toneladas de estupefacientes incautadas en 2019 llegan ahora a 116,6 en lo que va de año. El presidente ecuatoriano ha relacionado, precisamente, al narcotráfico el pico de violencia que azota a todo el territorio pero, sobre todo, a las grandes ciudades. “Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de drogas a uno que también consume drogas”, aseguró Lasso. “Cuando el narcotráfico crece, aumentan también los sicariatos y los homicidios, los robos a domicilios, a vehículos, a bienes y a las personas”, aseguró el mandatario sin dar cifras concretas. Además del estado de excepción, el líder del país andino pidió a las demás fuerzas políticas dejar a un lado las diferencias para luchar con el “único enemigo”: las drogas.
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