El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que murió tras recibir varios disparos en la cabeza al finalizar un mitin electoral en Quito, la capital del país.
“Las Fuerzas Armadas se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país, las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal y como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, declaró el presidente tras una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad.
El mandatario firmó dos decretos en los que reconoce la “destacada trayectoria como periodista, escritor, activista social y político” del candidato presidencial y alabó su “honestidad”. “Es uno de los principales impulsores de procesos investigativos contra actos de corrupción a nivel nacional”, manifestó.
En este sentido, recalcó que es “deber del Gobierno honrar su memoria” e hizo hincapié en su lucha contra el crimen organizado. Además, trasladó su “solidaridad” a sus familiares y allegados antes de fijar tres días de luto nacional para honrar su memoria.
Asimismo, estipuló que las banderas de Ecuador permanezcan izadas a media asta en todos los edificios públicos, privados, civiles y militares durante los días de luto nacional declarados.
Lasso lamentó que el país “ha venido asistiendo y enfrentándose a hechos delictivos con los que se evidencia la escalada de violencia en el territorio nacional y las formas delictivas cada vez más agresivas y crueles” y aseveró que estos actos “deplorables” causan “repudio nacional e internacional”.
Esto, explicó, “ha profundizado las condiciones de alarma social en un contexto de elecciones políticas y contra un funcionario público en funciones (…) deviniendo en la generación de miedo o pánico en la población a nivel nacional”.
“Es necesario contar con el apoyo del personal militar pues, de lo contrario, la capacidad numérica del personal policial opdría resultar insuficiente, no solamente para controlar los hechos particulares de violencia evidenciados en las últimas semanas y horas sino también para garantizar la integridad del resto de candidatos, actores políticos (…) y ciudadanos del país”, puntualizó.
Por ello, es necesario adoptar “medidas excepcionales que permitan el control y protección del orden público, la seguridad interna y los derechos y garantías de todos los ecuatorianos”, sostuvo antes de incidir en la importancia de “afianzar mecanismos de protección para prevenir de manera eficaz nuevos hechos de violencia que atenten contra los derechos y garantías de la ciudadanía en general”.
Sobre la duración del estado de excepción, matizó que “se considera adecuada para desplegar los mecanismos extraordinarios que hagan frente a la grave conmoción interna y las exigencias que la situación amerita” y argumentó que “la limitación del derecho a la libre reunión es necesaria para precautelar el orden y la seguridad interna en el ámbito territorial de la presente declaratoria, evitando la coordinación de nuevos hechos de violencia y la planificación para el cometimiento de nuevos delitos que pongan en riesgo la integridad de la población”.
El estado de excepción prevé la movilización de las Fuerzas Armadas para el “restablecimiento del orden público” con el objetivo de “reforzar el control interno”, la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio en todo el territorio y la suspensión de la inviolabilidad de la correspondencia enviada o recibida.
Lasso dispone, a su vez, que el Ministerio de Economía y Finanzas sea el que asigne los recursos suficientes para “atender la situación de excepción, pudiendo disponer de fondos públicos necesarios para tal efecto a excepción de los correspondientes a salud y educación”, tal y como recoge el decreto.
Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que la fecha de los comicios “se mantiene inalterable en cumplimiento del mandato constitucional”, así como todas las actividades ya organizadas de cara a la cita electoral, prevista para el próximo 20 de agosto.
Lasso confirmó la detención de al menos seis sospechosos que, según la Fiscalía de Ecuador, fueron arrestados “durante redadas ejecutadas” en dos distritos de Quito. El mandatario indicó que las investigaciones continúan y que las autoridades “aplicarán todo el rigor de la ley para que los responsables paguen con la pena máxima”.
“Este es un crimen político que adquiere carácter terrorista y no dudamos de que sea un intento de sabotear el proceso electoral”, declaró Lasso, que apuntó que “no es coincidencia” que este ataque se produce “a pocos días de la primera vuelta” de los comicios.
Fotos: EFE / Reuters. Tratamiento: AN
Asimismo, aseveró que el Estado “no va a retroceder” y se va a mantener “firme”, ya que “la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato”. “No vamos a entregar el poder ni las autoridades al crimen organizado, aunque esté disfrazado”, agregó.
“Coincidimos que a pesar de la pérdida de un demócrata y luchador, las elecciones no se suspenden, se tienen que realizar, y la democracia se tiene que fortalecer. Es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia”, sostuvo Lasso.
Villavicencio, antiguo sindicalista y candidato por el Movimiento Construye, fue asesinado este miércoles durante la finalización de un mitin electoral de cara a las elecciones del próximo 20 de agosto. El principal sospechoso de estar detrás del ataque falleció posteriormente al resultar herido en un enfrentamiento con varios agentes.
El Movimiento Construye expresó su “horror y dolor” por la muerte de Villavicencio, al que calificó de “luchador incansable” contra las mafias, mientras que varios países han mostrado su solidaridad y consternación por el ataque.
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