El impacto de las bandas criminales en Ecuador es tan grande que las autoridades reconocen que son “una amenaza con un poder igual o superior al del Estado”. Con esa descripción, el que era director del sistema penitenciario del país hasta esta semana, Fausto Cobo, medía la dimensión del último amotinamiento en la antigua Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que comenzó este martes. Los 116 muertos contados hasta el momento y los 80 heridos trasladados a hospitales suponen el enfrentamiento más violento entre presos en las cárceles del país. Pero no el primero. Es el más sangriento de la escalada de motines y ataques exacerbada desde 2019.
Otro episodio similar y simultáneo en cuatro prisiones dejó 79 muertos en febrero de este año, pero la ola de violencia comenzó hace dos, cuando aún gobernaba Lenín Moreno y las imágenes de un solo reo decapitado escandalizaron a la ciudadanía. Hoy, la policía no alcanza a contar cuántos presos están descuartizados o quemados en el penal de Guayaquil y los familiares de las víctimas de la masacre desconocían aún este jueves si sus parientes están entre los muertos, los heridos o los ilesos. Decenas de ellos, enojados y dolidos, se han apostado estos dos días alrededor del recinto penitenciario esperando noticias. “No hay ni siquiera una lista”, reclaman a gritos. “Lo reconocí por un tatuaje que tiene en el brazo derecho”, se lamentaba Jazmín Quiroz tras ver a su hermano desfigurado en uno de los vídeos que se difundieron desde el interior de la cárcel.
Su testimonio es el de todos los que acudieron este jueves a las instalaciones habilitadas en un parque de Guayaquil, por orden del presidente Guillermo Lasso, para canalizar la información oficial y la asistencia psicológica. Hasta este jueves se habían entregado apenas cuatro cuerpos de los 116 encontrados en los pabellones carcelarios a medida que avanzan los efectivos policiales y militares. El motín empezó entre disparos y detonaciones el martes por la mañana, pero seguía sin controlarse totalmente dos días después, pese a que se movilizaron incluso tanques hasta el recinto carcelario de Guayaquil. A la pregunta de si ya se había recuperado el control en el interior, el presidente ecuatoriano admitió que no el miércoles por la noche en una rueda de prensa. “Me gustaría decir que sí, pero no lo puedo hacer. Las acciones requieren su tiempo”.
Los cadáveres encontrados, detallaba el comandante de la policía Fausto Buenaño el primer día de amotinamiento, “tenían impactos de proyectil de armas de fuego y también por granadas”. El director saliente de las cárceles explicaba un día después lo arriesgado de la operación para pacificar la prisión: “Nuestros efectivos entran con escudos y sin armas, mientras que ellos están con granadas, fusiles y pistolas”.
Lasso compareció el miércoles a última hora con semblante serio y dio pocas explicaciones, tras reunirse con la ministra de Gobierno, la secretaria de Derechos Humanos, el nuevo director del sistema penitenciario, el gobernador en la provincia de Guayas y los mandos policiales. El mandatario ecuatoriano, que se desplazó de urgencia a Guayaquil ante la magnitud de la tragedia, anunció un estado de excepción en todas las cárceles del sistema penitenciario para evitar que se repliquen los amotinamientos. La medida durará 60 días. El presidente defendió que su declaración de emergencia, a diferencia de las que decretó Moreno cuando gobernaba Ecuador, sí cuenta con un plan de inversiones de 75 millones de dólares para restaurar la función de rehabilitación social de las cárceles.
“El objetivo es precautelar los derechos de las personas privadas, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad”, pronunció Lasso. La matanza entre presos, aseguró, se relaciona con las peleas por el control que mantiene el crimen organizado en el país dentro y fuera de las prisiones. “Es lamentable que se pretenda convertir a las cárceles en un territorio en disputa del poder por parte de bandas delincuenciales”, sostuvo.
Según denunció el presidente, se trata de un problema alimentado por la superficialidad de los gobiernos de los últimos 14 años en Ecuador. No era la primera vez que responsabilizaba a sus predecesores por haber sido permisivos con el narcotráfico y el crimen organizado y por un modelo de gestión penitenciario que adolece de hacinamiento. Las cárceles de Ecuador tienen capacidad para 30.000 internos, pero hay más de 39.000 personas en privación de libertad. Una buena parte de ellos, sin sentencia en firme.
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