Ecuador está en silencio electoral a solo horas de ir a las urnas el domingo 5 de febrero en unos comicios particulares. Alrededor de 13,5 millones de ecuatorianos están llamados a votar para elecciones municipales, en las que se renovarán los 221 alcaldes, pero también a 23 prefectos (gobernadores de provincia), así como concejales municipales, a los representantes de las zonas rurales y, además, esta vez también se escogerán a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que elige a las autoridades de instituciones del Estado como el fiscal, el contralor, entre otros.
Hay 61.850 candidatos, siete papeletas que el Consejo Electoral ha clasificado en colores para ayudar a distinguirlos, habrán dos ánforas para depositarlas y facilitar el conteo de los votos. Y además, el gobierno ha incorporado a la convocatoria electoral un referéndum constitucional con ocho preguntas. El objetivo inicial cuando el presidente Guillermo Lasso propuso ir a una consulta popular era hacer reformas legales que dieran solución -ahora sí- al desbordado problema de la seguridad, que es la principal preocupación de los ecuatorianos, donde la tasa de homicidios es de 25 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
Sin embargo, la papeleta final tendrá ocho preguntas en las que solo una tiene que ver con seguridad y a las que el presidente Lasso le ha apostado todo, incluso por sobre el capital político que podía obtener en las seccionales. “Al gobierno le preocupa más la Asamblea y el movimiento indígena”, dice el analista político Jacobo García. El partido oficialista no ha puesto candidatos fuertes en las elecciones de medio periodo, en las ciudades principales como Quito y Guayaquil, ni siquiera participa, y en otras va por alianzas con distintos movimientos, cuando la política se hace de abajo hacia arriba para tener conexión con el territorio, por eso en “momentos de crisis como fue la protesta social que duró 18 días, como no había unidad entre el gobierno central y los locales hubo rupturas, y algunos alcaldes aprovecharon para tomar una postura para su beneficio”, dice el sociólogo Pablo Pardo. Y el gobierno podría necesitar de las alianzas ante la constante amenaza de movilizaciones indígenas y de destitución del cargo, al que ya fue sometido en su primer año.
Con el partido del gobierno fuera del tablero político, sus tres grandes opositores podrían tomar fuerza en el país: el partido del expresidente Rafael Correa, la derecha con el Partido Social Cristiano con aliados y Pachakutik, de los movimientos indígenas.
Pero también en un escenario de indecisión donde el 58% de los electores ha expresado que no sabe por quién votará y que de no ser que el voto es obligatorio no iría a las urnas, muchos de los 221 municipios se pintarán de diferentes partidos políticos; es decir, el mapa de Ecuador se fragmentará, analiza García, “habrán muchos sitios donde previsiblemente el que gane lo hará con un 25% o 30%, y eso crea un problema de legitimidad”.
Y ante la falta de propuestas claras y viables que estuvieron ausentes en una campaña plagada de candidatos bailando y actuando en Tik Tok, los electores irán con incertidumbre el domingo a llenar siete papeletas. Aunque no está tan lejos de la habitual realidad, porque los ecuatorianos han sido convocados a las urnas en 11 ocasiones a través de consultas populares y referendos para cambios constitucionales desde el inicio de su democracia en 1978. La última vez fue el entonces presidente Lenín Moreno en febrero de 2018. Su antecesor, Rafael Correa usó cuatro veces este recurso. Los gobiernos han utilizado esta herramienta como un termómetro político de su popularidad, y en esta ocasión, en medio del descontento ciudadano, el presidente Lasso acude a la misma fórmula para tener oxígeno y terminar sus dos años de mandato que le restan.
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