Las universidades podrían dejar de recibir 9 mil 400 millones de pesos al año, por lo que se requiere una cuidadosa planeación presupuestaria.
La gratuidad en la educación superior debe acompañarse del presupuesto correspondiente, pues dejar de contar con los recursos provenientes de los estudiantes representa un grave problema financiero, afirmó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Mediante una nota informativa, el CEEY se refirió al proyecto de decreto enviado a la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prevé considerar como obligatoria la educación superior, en adición a la educación preescolar, la básica y la media superior, que actualmente ya están consideradas de esa forma.
El CEEY recordó que la educación básica absorbe el 63 por ciento del gasto federal, lo que permita una amplia cobertura del 94 por ciento en condiciones de completa gratuidad, mientras que la educación superior, que no es obligatoria ni gratuita tiene una baja cobertura del 36 por ciento y absorbe el 17 por ciento del gasto federal. “Bajo este panorama resulta más que relevante definir las condiciones necesarias para establecer la educación superior como obligatoria y gratuita”.
Como paso previo, afirmó el Centro de Estudios, se debe lograr la gratuidad en la educación media superior, pues este nivel presenta una cobertura deficiente (57 %), absorbe una baja porción de recursos federales, 13.7 por ciento, y aún existen cuotas que deben cubrir las familias.
La importancia de los recursos generados por las propias instituciones de educación superior es tal que los generados por la UNAM durante 2018 fueron equivalentes al 15 por ciento de lo que recibió del gobierno federal. En caso de establecerse la completa gratuidad de la educación superior, las instituciones educativas podrían dejar de recibir 9 mil 400 millones de pesos. “Este sería el monto de referencia a compensar de inmediato a estas instituciones por el gobierno federal o de las entidades federativas”, estimó el CEEY.
“Además, si la gratuidad de la educación superior tuviera como consecuencia elevar su cobertura de 36 a 56 por ciento para 2024; es decir, a niveles semejantes a la cobertura que hoy tiene la educación media superior, esto significaría agregar cerca de 2 millones de alumnos y un gasto anual adicional de cerca de 10 mil 500 millones de pesos, sin contar la inversión física y humana para ajustar las instalaciones requeridas”, advirtió el Centro.
Por lo anterior, el propósito de extender la cobertura de la educación superior mediante su gratuidad requiere de una cuidadosa planeación presupuestaria. Esta misma debe comenzar por reconocer los costos inmediatos para las instituciones de educación superior, consideró el CEEY.
Nota de Poliìtica Puìblica 03 (2019) by Aristegui Noticias on Scribd