La Administración de Joe Biden ha puesto fin este martes a una política migratoria puesta en marcha por el exmandatario Donald Trump que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en los tribunales de inmigración estadounidenses. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha decretado el fin de los “Protocolos de Protección al Migrante (MPP, siglas en inglés)”, con los cuales unos 70.000 solicitantes de asilo fueron enviados de vuelta a México desde enero de 2019 y hasta que esa política fue suspendida por Biden en su primer día como presidente, el pasado enero.
La política conocida como “Quédate en México” ha creado una crisis en la frontera sur de EE UU al saturarse con la creciente llegada de inmigrantes indocumentados. “El MPP ya no es una herramienta necesaria o viable”, ha asegurado Mayorkas, a través de un memorando de siete páginas con el que ha informado de la decisión, “con vigencia inmediata”. Según dice el comunicado, el programa no ha mejorado la gestión de la frontera, ni sirve a los objetivos de Biden de atender las razones fundamentales que motivan la inmigración irregular.
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La decisión de la Casa Blanca parecía inevitable después de que Biden prometiese durante su campaña electoral que iba a eliminar tan polémica política, aunque dejó abierta la posibilidad de mantenerla tras ordenar una revisión antes de ponerle fin permanentemente. Para el secretario de Seguridad Nacional mantener la política intacta o modificarla “no sería compatible con la visión y los valores de este gobierno, y sería un mal uso de los recursos del departamento”. Mientras tanto, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmaba una ley de emergencia debido a la situación en la frontera con México. En su opinión, los migrantes que entran en EE UU de forma ilegal suponen “una amenaza inminente” por los “grandes desperfectos, daños y pérdidas de vida y la propiedad”.
Mayorkas señaló que desde el 19 de febrero, unos 11.200 solicitantes de asilo inscriptos en el MPP han podido regresar a Estados Unidos para esperar la resolución de sus casos, un proceso que puede tardar años en las saturadas cortes de inmigración. El gobierno aún debe decidir si decenas de miles de casos adicionales que fueron desestimados o rechazados recibirán otra oportunidad.
La Administración Biden insiste en enviar el mensaje a los centroamericanos de que ahora no es el momento para migrar a Estados Unidos. Como hizo Barack Obama con él cuando era su mano derecha, Biden encargó a la vicepresidenta Kamala Harris la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México cuando prácticamente se han roto todos los récords de llegadas ilegales de migrantes en todos los grupos de edad.
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