La comunidad internacional ha doblado su presión para exigir un cambio de rumbo al régimen que lidera Daniel Ortega en Nicaragua. Este martes, fue suscrita por 59 países de las Naciones Unidas una declaración de condena contra las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano y en la que exigen la liberación de los opositores detenidos, incluidos cinco aspirantes a la presidencia. En paralelo, el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos ha dado el visto bueno a una iniciativa de ley —bautizada como RENACER— que impone más sanciones al régimen de Managua, incluida la expulsión del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, conocido como Cafta. La iniciativa pasa ahora al Senado para su aprobación y de lograrlo sería un duro golpe económico para el gobierno de Ortega.
Crisis política en Nicaragua
“Estoy muy agradecido de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado se reúna para enviar un mensaje alto y claro”, ha dicho el senador demócrata Bob Menéndez tras dar a conocer el fallo del Comité que preside. “Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas. La ley proporcionará al gobierno de Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis fuera de control de Nicaragua y permitirá a los nicaragüenses hacer que su país vuelva a la democracia y el estado de derecho”, ha agregado.
La legislación le da un amplio margen al gobierno de Biden para tomar acciones que permitan presionar un cambio en el régimen de Nicaragua, incluido el veto a préstamos de las instituciones financieras internacionales y sanciones a quienes considere que han participado en la violación de derechos humanos. El proyecto de ley también exige a la Administración estadounidense que revise la participación de Nicaragua en el CAFTA, el acuerdo comercial que abre el mercado norteamericano a los productos nicaragüenses. Un punto importante del reglamento es que aboga por una mayor fiscalización de los negocios de la familia Ortega Murillo y las actividades de Rusia en Nicaragua, principalmente sobre las ventas de equipo militar hechas por Moscú al Gobierno de Ortega.
“Debe haber responsabilidad para los autócratas latinoamericanos, como el presidente Ortega, que se enriquecen a sí mismos y a sus facilitadores corruptos a expensas de los ciudadanos y de la verdadera democracia”, ha afirmado el senador demócrata Dick Durbin, uno de los impulsores de la iniciativa, que también ha contado con el visto bueno del republicano Marco Rubio.
El Departamento de Estado ha exigido este martes nuevamente a Ortega que libere “de inmediato” a los opositores detenidos en semanas recientes dentro de una nueva ofensiva represiva. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, ha dicho que Washington está “alarmado” por las detenciones y violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, principalmente por el encarcelamiento de los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. “Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para apoyar los llamamientos de los nicaragüenses a una mayor libertad o mayor rendición de cuentas, así como a elecciones libres y justas”, ha dicho Prince.
Mientras, en Ginebra, 59 países firmaron una declaración condenado al régimen de Managua en el marco del 47 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. El documento exige la liberación de los detenidos, el fin del hostigamiento contra los opositores y el respeto de las libertades civiles. En su intervención, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha asegurado que la crisis de Nicaragua “se ha agudizado de manera alarmante” y ha denunciado el “clima de temor” impuesto por el régimen. “Seguimos documentando casos de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, hostigamientos a medios de comunicación y periodistas independientes, lo que generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a reunión pacífica, asociación y expresión”, ha afirmado Bachelet, quien ha exigido a Ortega la liberación de los detenidos y el fin de la persecución aa la disidencia. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó a la ONU de difamación y aseguro que los detenidos “son tristes y fracasados asalariados del imperialismo estadounidense y europeo”.
Ortega mantiene una fuerte represión contra las voces críticas en el país centroamericano. La policía ha detenido en las últimas 48 horas a dos periodistas, incluyendo a Miguel Mora, aspirante a la presidencia y quien ya había sido apresado en 2018, cuando Ortega ordenó el allanamiento y confiscación de su medio de comunicación, el canal 100% Noticias. La noche del lunes fue allanada la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro, a quien se le ha otorgado el Premio Ortega y Gasset a la trayectoria periodística. Chamorro ha confirmado este martes que ha marchado nuevamente al exilio debido al asedio del régimen. Ya se había exiliado en Costa Rica en 2019, después de que la policía allanara y confiscara la redacción de la revista que dirige, Confidencial. “Mi esposa Desirée Elizondo y yo salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”, ha dicho Chamorro en su cuenta de Twitter.
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