El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, ha presentado este martes el informe anual, correspondiente a 2021, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, un pormenorizado repaso, por países y continentes, sobre el estado de los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros convenios internacionales. Al igual que en 2020, los Gobiernos de Rusia y China fueron los que más atropellaron los derechos fundamentales el año pasado, mientras que España recibe una mención por casos de abuso de la fuerza policial en la represión de varias protestas.
En el informe hecho público este martes, Washington recopila las casos de países cuyos gobiernos han encarcelado injustamente, torturado o incluso asesinado a opositores políticos, activistas, defensores de los derechos humanos o periodistas. En la lista aparecen en lugares destacados, además de Rusia y la República Popular China, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. El informe documenta abusos contra manifestantes pacíficos prodemocracia en Birmania, Bielorrusia, Cuba, Hong Kong y Sudán. Destacan casos preocupantes de represión transfronteriza, como por ejemplo el desvío forzado por parte de Bielorrusia de un vuelo comercial internacional para arrestar a un periodista independiente crítico con el Gobierno de Minsk.
Sobre China, el Departamento de Estado ha documentado asesinatos arbitrarios por parte del régimen, así como desapariciones forzadas, casos de tortura y detenciones masivas de minorías. Caso especial es el “genocidio” perpetrado por Pekín contra los uigures de la provincia autónoma de Xinjiang, así como de otras minorías musulmanas de la región. La persecución sistemática de los uigures ya fue denunciada en el informe de 2020. Otra mención expresa constata la dureza de las condiciones en algunas cárceles, “que a veces ponen en peligro” la vida de los presos. Como en el caso de Rusia, el de China es tal vez el más pormenorizado del documento, con atropellos que van de las restricciones a la libertad de creación y creencia a las esterilizaciones forzosas o los abortos cometidos bajo intimidación.
Aunque el informe no refleja los supuestos crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, el capítulo relativo a Rusia abunda en violaciones de todo tipo, como el envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalni en agosto de 2020 con novichok, un agente nervioso utilizado también en el atentado contra el exespía Serguéi Skripal dos años antes. El documento del Departamento de Estado también constata el seguimiento a manos de agentes del FSB (la agencia de inteligencia rusa, heredera de la antigua KGB) de decenas de opositores, así como su implicación en la muerte de varios de ellos, en ocasiones disfrazada de suicidio. El texto agrupa esos episodios en un capítulo titulado “ordinaria privación de la vida y otros asesinatos extrajudiciales o motivados políticamente”, a manos de las autoridades.
Durante la presentación del informe en Washington, Blinken aseguró que EE UU no está en disposición de confirmar nada sobre el supuesto uso de armas químicas en Ucrania, pero dijo que se trata de una “preocupación real”. “Estamos en conversación directa con nuestros socios para tratar de determinar lo que realmente ha sucedido”, añadió.
Abusos en represión a protestas en España
Como otros países desarrollados, España también recibe su baldón. El informe refiere casos de abuso policial en la represión de protestas y, recogiendo las denuncias de partidos y ONG, cita los ejemplos de las manifestaciones tras la detención y la condena del rapero Pablo Hasél por enaltecimiento del terrorismo, en el transcurso de una de las cuales una mujer perdió un ojo por el impacto de una bala de foam. También recuerda los sucesos de Linares (Jaén), en febrero de 2021, en los que dos policías fueron detenidos por agredir a un hombre y a su hija, menor de edad, y que provocaron varias protestas populares. Con respecto a los denominados presos políticos del procès (líderes independentistas catalanes a los que el Tribunal Supremo condenó en 2019 por sedición), Washington hace una breve mención: “Ni el Gobierno ni ninguna organización internacional de derechos humanos apoyó esa reclamación [independentista]”, relativa a su presunta condición de presos políticos.
Pese al sombrío panorama global, el documento también arroja señales de progreso y ciertos destellos de esperanza. En Irak, las elecciones legislativas celebradas el año pasado fueron “más creíbles y transparentes que en 2018″, según Washington. En Botsuana, un tribunal promovió los derechos de las personas LGBTQI+ al defender la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. En Turkmenistán, todos los testigos de Jehová objetores de conciencia al servicio militar encarcelados fueron indultados, una victoria para la libertad religiosa.
A diferencia de su predecesor, el aislacionista Donald Trump, el presidente Joe Biden ha demostrado desde el primer minuto de su mandato su compromiso con el respeto a los derechos humanos, al devolver a EE UU al seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, de donde el republicano Trump había retirado al país en protesta por el trato que la organización daba a Israel.
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