La oficina de la Fiscalía de Estados Unidos en el distrito este de Nueva York y la defensa del general Salvador Cienfuegos han pedido al juez que amplíe el plazo previo a la apertura del juicio. Las partes han alegado que es posible que “las negociaciones resulten en que el caso se resuelva sin juicio”. La fiscalía acusa al general, exsecretario de la Defensa durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), de narcotráfico y lavado de dinero.
La Físcalía y la defensa de Cienfuegos argumentan además que el caso es muy complejo y necesitan tiempo adicional para prepararse. El antiguo jefe del Ejército vive recluido en una prisión de la costa este estadounidense, a la espera de la próxima audiencia, que se celebrará el 18 de noviembre. La última vez que estuvo ante el juez, de manera virtual, fue el 6 de noviembre, cuando se declaró inocente de los cargos que le imputan.
Cienfuegos fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. La justicia de EE UU lo buscaba desde agosto del año anterior, cuando el juez había ordenado su captura. La noticia cayó como una bomba en México. Cienfuegos era el segundo funcionario de primer nivel detenido en pocos meses en el país vecino, después de la captura, en diciembre de 2019, del jefe de la policía del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). El caso Cienfuegos explotaba además en medio de uno de los procesos por corrupción más relevantes de los últimos años en México, el caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.
Si el caso Lozoya pone la lupa sobre los manejos de la rama tecnócrata del Gobierno de Peña Nieto, el asunto sobre Cienfuegos apunta al aparato de seguridad. Con la violencia sacudiendo México de norte a sur, el máximo responsable del Ejército, punta de lanza de la estrategia del Gobierno contra el crimen, se habría dedicado a organizar envíos de droga a Estados Unidos.
Esa es al menos la tesis de la Fiscalía, que dice contar con miles de mensajes de teléfono, entre otras pruebas, que evidencian las corruptelas de Cienfuegos, a quien apodan El Padrino. Según la Fiscalía, el general colaboró con un grupo criminal para mandar marihuana, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, al menos de diciembre de 2015 a febrero de 2017. Los investigadores llaman a ese grupo el cartel del H-2, una escisión de la red criminal de los hermanos Beltrán Leyva.
Según la Fiscalía, “el acusado se aseguró, a cambio de sobornos, de que no se realizaran operaciones militares en contra de este cartel, inició operativos contra organizaciones de narcotraficantes rivales, localizó embarcaciones para envíos de droga, ayudó al cartel a expandirse a Mazatlán y el resto de Sinaloa, presentó a integrantes de la red criminal con funcionarios del Gobierno mexicano dispuestos a colaborar y alertó de las investigaciones que mantenían las agencias de Estados Unidos sobre la red del H-2”.
La petición de la Fiscalía y la defensa del general es relativamente habitual. En el caso de García Luna, ambas partes acudieron al juez por el mismo motivo. Entonces se especuló con que García Luna valorara declararse culpable, cosa que de momento no ha ocurrido.
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