NUEVA YORK — Más de 170 nuevos solicitantes se han convertido en los primeros individuos en varios años en obtener aprobación para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA), que protege a los inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores, reveló el lunes el gobierno federal.
Un informe entregado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a la corte federal de Brooklyn muestra que 171 nuevas solicitudes fueron aprobadas entre el 14 de noviembre y el fin del 2020, mientras que 121 fueron negadas y otras 369 rechazadas. En total, se presentaron 2,713 solicitudes iniciales.
El juez federal de distrito Nicholas Garaufis había ordenado al gobierno federal publicar un aviso público informando que aceptaría las solicitudes bajo los términos vigentes antes de que el presidente Donald Trump pusiera fin al DACA en 2017 con el argumento de que era inconstitucional.
La Corte Suprema federal falló en junio que Trump infringió la ley federal en cuanto a cómo poner fin al programa, pero Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que el gobierno no aceptaría nuevas solicitudes y concedería renovaciones por un año en lugar de dos. El DACA protege de la deportación a aproximadamente 650,000 personas y las hace elegibles para recibir permisos de trabajo.
El gobierno federal no apeló una orden de Garaufis emitida en noviembre en donde estipulaba que Wolf estaba en su puesto ilegalmente. Ordenó que se reinstauraran las renovaciones por dos años y exigió que el DHS reportara cuántas solicitudes nuevas fueron rechazadas de junio al 4 de diciembre; la cifra fue de 4,383.
Además de procesar las solicitudes nuevas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración también indicó que aprobó 61,844 renovaciones, mientras que negó 326 y rechazó 2,842 renovaciones en las últimas seis semanas del año.
El 28 de diciembre de 2020, el gobierno presentó una moción para la desestimación voluntaria de su apelación en ILRC v. Wolf, por lo que se mantiene el freno a la entrada en vigencia de las nuevas tarifas tras la orden de un juez.
Se enviaron mensajes a activistas y a abogados que representan a solicitantes del DACA.
El gobierno de Obama lanzó el DACA en 2012, bajo el cual permitía que ciertos inmigrantes que fueron traídos sin autorización al país siendo menores pudieran trabajar y quedaran exentos de ser deportados. Sin embargo, no confirió estatus legal a los beneficiarios.
El presidente electo Joe Biden ha jurado restaurar el DACA a finales de este mes, pero el estatus legal permanente y el camino a la ciudadanía requerirían aprobación del Congreso.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) anunció que toda persona que quiera convertirse en ciudadano de Estados Unidos después del 1 de diciembre deberá tomar un examen cívico más riguroso.
El nuevo estándar para el examen implica que los solicitantes de la ciudadanía deberán contestar 20 preguntas sobre historia, leyes y constitución, en vez de las 10 que se vienen haciendo al momento de la entrevista de naturalización.
Hace dos semanas, un juez en Houston escuchó argumentos de abogados de Texas y otros ocho estados que intentan poner fin al programa diciendo que el DACA viola la constitución al evadir la autoridad del Congreso en cuanto a leyes inmigratorias,
En representación de los beneficiarios del DACA, los abogados del Mexican American Legal Defense and Educational Fund, o MALDEF, y la fiscalía general de Nueva Jersey pidieron que se desestimara la demanda argumentando que estaba entre los derechos de Obama lanzar el programa.
El juez no emitió un fallo en el momento.
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