El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez afirmó que la muerte de un estudiante en Guanajuato por disparo de un elemento de la Guardia Nacional (GN) corresponde a una ejecución arbitraria, lo que es preocupante en un contexto de opacidad y militarización.
Este miércoles un elemento de la GN disparó contra estudiantes de la Universidad de Guanajuato, lo que culminó con la muerte del joven Ángel Rangel, de 19 años, y otra estudiante herida. El agente de la fuerza de seguridad fue identificado, detenido y ya fue entregado al Ministerio Público.
La organización de la sociedad civil subrayó que este caso muestra porque hay que oponerse a la propuesta de reformar de nuevo la Constitución para entregar enteramente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De mayo de 2019 a marzo de 2021 se registraron al menos 161 eventos de uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, donde fallecieron 94 personas, de acuerdo con datos obtenidos vía solicitud de información del Centro Prodh, dio a conocer la asociación por un hilo en Twitter.
Pese a ello, la GN incumple reiteradamente la Ley sobre el Uso de la Fuerza, ya que no transparenta los reportes pormenorizados en casos de Fuerza Letal de esta legislación. Actores externos no pueden por ello evaluar si este uso de la fuerza es legal.
Los hechos deben ser investigados por autoridades civiles, no quedar en la impunidad y las familias de las víctimas deben recibir un trato digno.
Asimismo, cuestionó el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a que no se ha pronunciado por esta ejecución y en otros casos similares “lo ha hecho de forma tardía y complaciente”.
La Fiscalía General de Guanajuato informó este jueves que abrió una investigación por la muerte de Ángel Yael Rangel. La Guardia Nacional este mismo día calificó de como “repudiables” los hechos y señaló que la unidad especializada en homicidios realizará las indagatorias correspondientes hasta el total esclarecimiento del caso.
Por otro lado, el colectivo Seguridad sin Guerra coincidió en que se trata de una ejecución, “consecuencia de la militarización de la vida pública del país”.
La militarización de la vida pública del país solo ha traído el incremento de atrocidades bajo la indolencia de quienes prometieron retirar a las fuerzas armadas de las calles y no han hecho más que aumentar su poder.
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