La aparente ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, podría indicar que militares que están siendo proclives al uso excesivo de la fuerza, advirtió Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien denunció que hechos similares son recurrentes en dicha ciudad.
“Podría ser indicativo de que ahí hay mandos militares que están siendo proclives al uso de la mano dura y a la violación a derechos humanos”, declaró durante entrevista en Aristegui en Vivo.
“Esto es lo que ocurre cuando se despliega el ejército en tareas de seguridad sin controles civiles”, subrayó.
Así se refirió a los videos que el martes publicaron Univision y El País en los que militares disparan contra cinco personas frente a una pared en Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas.
En las imágenes grabadas, se observa a varios soldados sacando a cinco civiles de un vehículo y colocándolos junto a un muro. Después, los uniformados abren fuego en otras direcciones, al parecer repeliendo un ataque, pero uno de ellos que se encuentra junto a los detenidos dispara contra ellos. Posteriormente, se les ve alterando la escena del crimen.
Estos hechos han sido reprobados por diversas organizaciones e incluso por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Aguirre destacó que López Obrador haya reconocido los hechos como ajusticiamiento y ejecución extrajudicial, pero recalcó que el tema fue abordado como si se “trata de eventos aislados y que en realidad no es el Ejército responsable”.
Esto después de que AMLO confirmó que posiblemente se cometió “ajusticiamiento” en la aparente ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo, por parte de elementos militares.
Asimismo, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está recomendando que se “actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial”.
Pero el mandatario insistió en que en su Administración ya no ocurren violaciones de derechos humanos como en los sexenios anteriores.
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Aguirre calificó dichas declaraciones como “erróneas” y “falsas”, ya que afirmó que estos hechos forman parte de “un patrón mucho más amplio” en el que el Ejército Mexicano, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, “una y otra vez ha hecho uso desproporcionado de la fuerza letal”, ha “alterado las escenas criminales” y ha “encubierto a los responsables”.
“Los militares proceden a ejecutar los de manera arbitraria y después los militares proceden a sembrar armas”, precisó.
De acuerdo con el director del Centro Prodh, durante este sexenio se han reportado al menos 11 eventos similares, en los que han habido 39 víctimas. Además, dijo, según los datos filtrados por el colectivo de hacktivistas Guacamaya, el ejército admite al menos 798 ejecuciones durante los primeros cuatro años de este sexenio.
“¿Cuántas pudieron haber sido como estas que ocurrieron en Nuevo Laredo, es decir con un uso desproporcionado de la fuerza letal, seguido de una fabricación de evidencia y manipulación de la escena criminal? ¿Cuántas pudieron haber sido ejecuciones arbitrarias y no usos legítimos y proporcionales de la fuerza letal?”, cuestionó.
Sin embargo, el director del Centro Prodh afirmó que estos datos no son conocidos debido a que “no hay controles civiles fuertes que estén examinando la evidencia”, sino que la Sedena “se investiga a sí misma con la anuencia de la complacientes CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y de la tibia Fiscalía General de la República (FGR)”, apuntó.
“Nos hacen insistir en que debe revisarse el modelo militarizado de Seguridad Pública y fortalecerse sobre todo los controles civiles externos para que no sea la Sedena la instancia que que se auto investiga”, apuntó.
Aguirre calificó las imágenes como “estrujantes” y condenó la reacción de las autoridades, por lo que hizo un llamado a que se investiguen los hechos y las cadenas de mando.
“En muchas ocasiones cuando ha sucedido esto es porque hay un mando que es proclive al uso de la mano dura y que emite órdenes explícitas o bien tiene una tolerancia implícita a este tipo de ejecuciones arbitrarias”, aseguró.
Asimismo, apuntó que este tipo de actos son “recurrentes” en Nuevo Laredo, recordando eventos que se produjeron en los últimos meses.
Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar, pues apenas en febrero pasado militares también mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo.
Mientras que en abril pasado, también en Nuevo Laredo, un tiroteo de la Guardia Nacional dejó dos civiles muertos, incluyendo una mujer embarazada de ocho meses.
Ante esto, Santiago Aguirre reconoció el trabajo de los periodistas y defensores que han denunciado hechos similares. Advirtió que, durante este sexenio, este sector ha sido estigmatizado desde la conferencia matutina de AMLO, mientras que algunos han sido víctimas de espionaje con el malware Pegasus.
Por último, señaló que a través de redes sociales, han surgido voces desde la sociedad que “justifican lo ocurrido” y le “niegan la condición de titulares de derechos a las personas que son ejecutadas”, aludiendo a presuntas actividades ilícitas.
“Nos parece que eso es muy preocupante, que como sociedad empiece a ver una narrativa que defiende o justifica este tipo de eventos”, lamentó.
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