Ante la respuesta que dio la Presidencia para descalificar la investigación EjércitoEspía, periodistas y activistas que participaron en dicha investigación señalaron como preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador no pida cuentas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y trate de desviar la atención de la existencia del Centro de Militar de Inteligencia (CMI).
En una Mesa de Análisis realizada durante el programa Aristegui en Vivo, los periodistas Nayeli Roldán y Mathieu Tourliere de los medios Animal Político y el semanario Proceso, así como los directores de las organizaciones R3D y Artículo 19, Luis Fernando García y Leopoldo Maldonado, consideraron grave que la Presidencia traté de desacreditar la investigación en vez de que se haga una investigación sobre el presunto espionaje realizado desde el CMI, a pesar de que no cuenta con autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones.
Para Tourliere, quien publicó esta semana en Proceso un reportaje sobre el CMI, existe ambigüedad en el discurso del presidente López Obrador, pues a su juicio trata de confundir a la ciudadanía diciendo que los documentos difundidos sobre el espionaje al activista de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, fueron elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y no del centro militar.
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“(El presidente) parece jugar siempre con la ambigüedad de los parecido con los nombres del Centro Nacional de Inteligencia, organismo civil facultado con ordenes judiciales para realizar intervenciones telefónicas, y el Centro Militar de Inteligencia, que forma parte del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es decir, reporta directo al secretario, y opera un sistema de inteligencia con Pegasus y otras tecnologías… Y este centro no cuenta con autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones”, dijo el periodista de Proceso.
Por su parte, Nayeli Roldán consideró que el comunicado que emitió ayer la Presidencia sólo incluye dichos, pero no vierte ninguna clase de prueba para lo que ahí se afirma.
Este jueves 23 de marzo, el gobierno federal emitió un comunicado como seguimiento a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, tras una serie de preguntas sobre la investigación que documenta que el Ejército tiene un Centro Militar de Inteligencia desde el cual se siguieron las comunicaciones del activista Raymundo Ramos.
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El comunicado alude a los documentos publicados por el colectivo Guacamaya, aunque no menciona directamente a esta plataforma.
En la primera parte del comunicado Presidencia sostiene que ‘algunos’ documentos filtrados son apócrifos, posteriormente dice que ‘ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública’ y que podrían usarse para elaborar documentos que afecten a las fuerzas armadas.
Concluye, que “por tal razón, dichas publicaciones carecen de validez legal”.
Para Roldán, en particular es “muy preocupante este señalamiento de querer meter la sospecha de que cualquiera puede crear documentos, falsificarlos, con la única intención de afectar a la Sedena”.
En el fondo, dijo la periodista, lo grave es la falta de rendición de cuentas y que el presidente López Obrador se ha comprometido desde 5 meses, incluida la conferencia mañanera de hace 15 días, para mostrar documentos y evidencia que refuten los señalamientos de espionaje en su gobierno, pero no lo ha hecho.
“Lo realmente grave es la falta de rendición de cuentas de la Presidencia, de la Sedena”, dijo.
Durante su intervención, el director de R3D, Luis Fernando García, dijo que el hecho de que el presidente no pida cuentas a la Sedena es “un mensaje muy peligroso a la democracia del país”.
“Si ni el presidente se atreve a confrontar al poder militar, que lo desafía, que lo contradice, que lo obliga a mentir y traicionar sus propias promesas, ¿quién se va a confrontar ese poder militar? Le ha dado tanto poder al Ejército, que si lo quisiera el Ejército puede poner en graves aprietos al presidente”, cuestionó García.
“Creo que a estas alturas es justo preguntarnos sin este espionaje militar no está siendo utilizado para extorsionar, chantajear, y manipular las decisiones soberanas de las instituciones, inclusive, no lo descarto, el presidente”, reflexionó.
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A su juicio, López Obrador tiene un papel patético pues aunque sus seguidores y partido, Morena, les gusta venderlo como el presidente más popular de la historia, no se ha atrevido a confrontar al Ejército.
“¿Qué le espera a la democracia mexicana?”, cuestionó.
Durante su intervención en la Mesa de Análisis, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, recordó que la investigación Ejército Espía documenta intervenciones telefónicas entre Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y periodistas de Televisa y El Universal, es decir, civiles.
Sin embargo, el gobierno quiere hacer pasar las intervenciones telefónicas aduciendo que Ramos tuvo llamadas con integrantes del crimen organizado. Ayer López Obrador insinuó que dichas intervenciones habían sido hechas por el CNI y compartidas con otras instituciones.
Sin embargo, en los documentos publicados por Guacamaya Leaks se observa que es un documento generado por el CMI, el cual no tiene facultades para realizar escuchas
Maldonado consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene parte de corresponsabilidad en que no haya avances en las investigaciones sobre el extrajudicial de Pegasus, pues hasta ahora no ha presentado una investigación que llegue hasta las más altas responsabilidades.
“Vemos que la Presidencia firma pero la Sedena redacta. Este comunicado, no importa que contradiga al presidente, lo que importa es que los militares están imponiendo su narrativa”, dijo.
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En su comunicado de ayer, la Presidencia sostuvo que realiza acciones de inteligencia para conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal.
El gobierno afirma que la Ley de Seguridad Nacional y de la Guardia Nacional regulan la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública. Según esta visión, “las instancias de Seguridad Nacional, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)” pueden participar en estas actividades.
Sin embargo, expertos y organizaciones de la sociedad civil han afirmado que el Ejército no tiene atribuciones para realizar intervención de comunicaciones.
El gobierno afirma que la recolección de información no está dirigida a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos: “únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
Ve la Mesa de Análisis completa aquí:
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