La discusión sobre el acceso al aborto vuelve al Tribunal Supremo de Estados Unidos medio siglo después. Sus nueve jueces escucharán este lunes los argumentos del Departamento de Justicia y de los proveedores de servicios abortivos contra la ley de Texas, que desde septiembre prácticamente prohíbe a las mujeres de un Estado del tamaño de Francia ejercer su derecho constitucional de interrumpir el embarazo.
El caso, de tintes técnicos, es la primera toma de contacto con el asunto del alto tribunal, compuesto por una mayoría conservadora que dejó atada el expresidente Donald Trump en el tiempo de descuento de su mandato. Más adelante, el 1 de diciembre, los magistrados volverán sobre el tema con el examen a una restrictiva ley de Misisipi, en lo que puede ser el asalto definitivo a un derecho que data de 1973, cuando se sentó el precedente de la sentencia conocida como Roe contra Wade.
La ley del latido de Texas, como se conoce a la norma Senate Bill 8 (S.B. 8), en referencia a la supuesta pulsión del feto, prohíbe el aborto a partir de la sexta semana, cuando la mayoría de mujeres aún no conocen su estado. No contempla excepciones en casos de violación o de incesto. Y fue diseñada para esquivar el potencial bloqueo de los tribunales federales: Texas delega la responsabilidad de aplicar la ley al ciudadano de a pie y no a las autoridades estatales, quienes suelen ser los acusados en las demandas que buscan frenar una normativa inconstitucional. Cualquiera está facultado para demandar civilmente a quien “ayude o sea cómplice” de un aborto, desde los miembros del personal de las clínicas hasta el conductor del coche que traslade a la paciente a un centro de salud. Si ganan el caso, obtienen 10.000 dólares.
La estrategia “no solo es inusual, sino que no tiene precedentes”, según el presidente del Supremo, John Roberts. El objetivo de la norma “parece ser excluir al Estado de la responsabilidad de implementar y hacer cumplir la ley”, argumentó cuando, junto a los tres jueces progresistas, votó para bloquear la normativa draconiana a comienzos de septiembre, días después de que entrara en vigor. Su postura perdió frente a los cinco votos de sus pares conservadores. La progresista Sonia Sotomayor afirmó entonces que “al prohibir a las autoridades estatales aplicar la ley directamente, el Legislativo local buscaba hacer más complicado actuar a los tribunales federales” y “evadir el escrutinio judicial”.
Las clínicas para la interrupción del embarazo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lideran una batalla en los tribunales inferiores para prohibir, por un lado, que un ciudadano pueda presentar demandas contra los sanitarios y los supuestos cómplices de un procedimiento y, por otro, que el sistema judicial de Texas las pueda recibir y cursar. La pregunta que tendrá que responder el Supremo este lunes no es si la ley del latido es inconstitucional, sino si puede acabar impugnada en los tribunales.
90 normas contra la interrupción del embarazo
En lo que va de 2021 se han promulgado 90 leyes estatales que restringen el aborto, más que en cualquier año desde que se decidió el caso Roe contra Wade, según cálculos del Instituto Guttmacher, organización internacional que aboga por la libertad reproductiva. Gabriela Benazar, portavoz de Planned Parenthood, una de las redes de clínicas de educación sexual más grandes de EE UU, explicó el viernes en conversación telefónica que teme un fallo del Supremo que permita que la legislación texana suponga un espaldarazo para que otros feudos conservadores sigan sus pasos, como ya lo han hecho Georgia, Misisipi, Kentucky y Ohio. Todas esas iniciativas han sido frenadas por recursos judiciales.
El examen final a la sentencia Roe contra Wade llegará cuando el alto tribunal discuta en diciembre la ley de Misisipi, que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo (en España, por ejemplo, no hay que justificarlo hasta la semana 14 y más tarde hay supuestos que lo permiten). Entonces, el Supremo responderá, por primera vez, si todas las prohibiciones antes de la viabilidad del feto son inconstitucionales. En 1973, los jueces argumentaron a favor de Norma McCorvey (en la causa conocida como Jane Roe), una mujer que solicitó a Texas poder interrumpir su embarazo, producto de una violación. La sentencia entendía que el derecho a la privacidad era “lo suficientemente amplio como para abarcar la decisión de interrumpir su embarazo” y despenalizaba el aborto hasta las 24 semanas de gestación, cuando se calcula que el feto es viable, es decir, que si se provoca el parto o este se adelanta, ha habido el suficiente tiempo de gestación para que el bebé salga adelante (hay casos clínicos muy raros de bebés de 21 semanas que han sobrevivido).
Diana Salgado, abogada para pleitos sobre política pública y leyes de Planned Parenthood explica que “EE UU tiene un sistema de derecho anglosajón, lo que implica que las decisiones judiciales se basan en la interpretación de la Constitución y se convierten en precedentes judiciales. Esto implica que ciertos derechos o protecciones no están codificados en leyes o estatutos, sino protegidos a nivel federal por el precedente judicial del Tribunal Supremo. Pero —continúa— “dado el carácter interpretativo del precedente judicial, una decisión que fue interpretada de una forma puede luego ser interpretada de otra por otros jueces, especialmente cuando hay diferencias ideológicas, y ser derogada también más adelante; exponiendo el carácter frágil de algunos derechos, en este caso el derecho al aborto“.
Ya hay 12 Estados con leyes a punto para prohibir inmediatamente todos los abortos y enjuiciar a quienes ayudan a las mujeres a llevarlos a cabo si el Supremo deroga Roe contra Wade. Eso implicaría el triunfo de la lucha de los antiabortistas, que llevan décadas peleando en este país por cambiar la ley. También sería un claro ejemplo de que la conquista de los derechos no es siempre un camino sin retorno.
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