“Me gustan tus tetas, son pequeñitas, como a mí me gustan”, fue una de las frases con las que Víctor Manuel González empezó a acosar a Josefa. Fue en 2008, en Candeleda (Ávila), cuando ella se incorporó a trabajar como vigilante municipal, al servicio de la Policía Local. González, agente, era su compañero. Ella acabó pidiendo al entonces jefe que moviese los turnos para no coincidir. Lo hizo, pero en diciembre de 2011 González fue ascendido y pasó a ser su superior. La situación empeoró, y ante el rechazo de Josefa, el ya jefe mudó de tono: “No vales para nada”, “eres una niñata”, “me tienes hasta los cojones”. En verano de 2012, le tocó a Isabel. Llegó como agente en prácticas y la situación se repitió: del “vaya culo tienes” al “no se entera de nada”, “necesita un polvo”. Aquello provocó que Isabel se fuera del pueblo y que Josefa tuviese que iniciar tratamiento psicológico y farmacológico. Denunciaron. El 4 de noviembre de 2016 se celebró el juicio. No se dictó sentencia, condenatoria, hasta el 7 de julio de 2021. González recurrió y el pasado enero se desestimó ese recurso. Está condenado por acoso laboral y sexual, pero durante todo este tiempo ha seguido en su puesto. Este viernes, aún sigue.
Josefa e Isabel no se llaman Josefa e Isabel, pero la sentencia recoge esos sobrenombres para proteger su identidad. Vivir en un pueblo es complicado a veces. “Si vives en uno, lo sabes”, dice al teléfono la primera. “Todos te conocen, todos hablan, te señalan”. Julián T. Martín, su abogado, dice que esta ha sido una “situación aciaga” donde “nadie quería afrontar el problema de cara” y donde ambas “han tenido que convivir con esto” durante años.
Ella, Josefa, solo quiere “que todo eso quede atrás”, pero cree que si sirve para “ayudar de alguna forma a otras mujeres, bienvenido sea que se sepa lo que pasó”.
Josefa
Ocurrieron muchas cosas. Tras la cena de Navidad de 2011, González se ofreció a llevarla a casa pero acabó aparcando en el parque del pueblo. Ella le pidió que se marcharan de allí y que la llevara a su casa. “No queda probado que Primitivo [nombre que usa la sentencia para González] efectuara concretos tocamientos a Josefa en sus partes íntimas. Al día siguiente, por la tarde, le preguntó a esta si tenía la regla. Josefa, sorprendida y conturbada por la pregunta, le contestó que sí, a lo que Primitivo le dijo: ‘Anoche te toqué y me manché las manos de sangre”, se lee en la sentencia.
Cuando ella dejó claro que no iba a pasar nada entre ellos, “el acusado, aprovechándose en todo momento de su condición de jefe de la Policía Local y con el claro propósito de aislar a esta del resto de compañeros y de crear un ambiente francamente hostil hacia ella, comenzó a proferirle de manera reiterada expresiones tales como ‘no eres policía así que no te dirijas a mí’, y con idéntico propósito, comenzó a realizar comentarios claramente ofensivos para Josefa a los demás compañeros, diciendo de ella que no valía para nada y similares”. Después se negó a pagarle las horas extra, intentaba humillarla de forma continua: “El acusado se comportaba con Josefa de manera particularmente autoritaria y violenta, delante de otras personas”.
Y ella, “que se encontraba muy nerviosa y presionada, y que no había padecido con anterioridad patologías o síntomas de necesitar asistencia psicológica o psiquiátrica, desarrolló un cuadro de ansiedad y depresión”, finalizan los hechos probados para la vigilante. Por aquel entonces, Isabel, la agente en prácticas, ya había llegado también a Candeleda.
Isabel
Lo hizo en julio de 2012 y González “aprovechaba los turnos o servicios en que coincidía con Isabel para realizarle insinuaciones y comentarios que claramente denotaban su voluntad de mantener con ella relaciones sexuales”, relata la resolución judicial. Ella estaba preocupada porque la adjudicación de su plaza en la Policía Local había sido impugnada, y el jefe, “que la hostigaba de la manera anteriormente descrita, le decía que no se preocupara, que él tenía mucho poder al respecto y que todo se solucionaría”.
Una noche que coincidieron en un bar de copas, González “dijo a Isabel que ‘le iba a echar un polvo que se le iban a caer las bragas”. Ella, “muy molesta, le dijo que se estaba confundiendo” y que hablarían cuando la tratase “como a una compañera”. Entonces, como con Josefa, “cambió radicalmente su comportamiento y aprovechándose en todo momento de su condición de jefe de la Policía Local comenzó a menospreciarla. Particularmente decía a otros compañeros, y también a personas ajenas a la Policía Local, que Isabel estaba ‘muy verde’, era ‘una calientapollas y una malfollada’, que no se enteraba de nada”.
Y “con claro propósito de humillarla, le encomendaba tareas como la vigilancia nocturna de una placa que debía inaugurarse al día siguiente. Esa misma noche, sobre las seis de la madrugada, el acusado llamó a Isabel para burlarse de ella, preguntándole si la placa ‘seguía en el mismo sitio”. González le cambiaba turnos, le denegaba días de asuntos propios, la insultaba: “A resultas de dicha conducta observada por el acusado, Isabel se sintió humillada, menospreciada e, incluso, anulada como policía, y con miedo a denunciar esta situación por el hecho de que Primitivo ocupara la jefatura de la Policía Local y al haberse impugnado la adjudicación de su plaza”.
“Todo el mundo miraba hacia otro lado”
Candeleda no llega a los 5.000 habitantes y algunos de ellos dudan que hubiese alguien que no lo supiera. “Ahora ya es distinto, pero durante años la gente habla de ti”, apunta Josefa. “Todo el mundo miraba hacia otro lado”, incide su abogado, Martín. Lo sabían policías, guardias civiles, vecinos y vecinas. Y también alcaldes, que son en los municipios los jefes superiores de ese cuerpo. Han pasado tres desde que González comenzó el acoso. Miguel Hernández, del PSOE, estuvo de 2008 a 2011; José María Monforte, del PP, hasta 2015; Hernández repitió legislatura después, hasta 2019; y ahora ocupa ese cargo, también por el PSOE, Carlos Montesino.
El pasado jueves, tras varios intentos, Montesino se puso al teléfono. No quería hablar, dijo que enviarían una nota desde el Ayuntamiento y que habían sabido de la sentencia “unas horas antes”, refiriéndose a la que desestimó el recurso del agente, del pasado enero. Ante la pregunta sobre la resolución condenatoria del juicio en primera instancia, en julio del pasado año, contestó que “como todavía no era seguro”, prefirieron “esperar”.
Y la “sentencia ya es firme”, recuerda Martín, el letrado de ambas víctimas. Por acoso laboral contra Josefa, la condena es de cinco meses de prisión y 4.000 euros de indemnización; y por acoso sexual contra Isabel, tres meses y 15 días de cárcel y 2.500 euros.
El comunicado del Consistorio llegó horas después, esa noche, la del pasado jueves: “Que la firmeza de las condenas adoptadas en sede judicial ha sido comunicada hace unas horas a este Ayuntamiento quien, desde ese momento, ha venido evaluando las posibles acciones a emprender a tenor de los hechos declarados probados judicialmente y siempre bajo los principios de proporcionalidad y de legalidad”.
Una situación conocida desde hacía años
Reconoce también en ese mismo texto que conocían la situación desde hacía años: “Desde que el actual equipo de gobierno tomó posesión al frente de este Ayuntamiento, en 2015, y fue conocedor del proceso judicial del que dimana la resolución declarada firme, y teniendo siempre presente el principio de presunción de inocencia, se adoptaron las medidas que se consideraron oportunas”.
Protocolos que fueron dirigidos únicamente a la movilización laboral de la presunta víctima y nunca a la del presunto acusado: “Con la finalidad de asegurar un trato correcto y adecuado a la aún entonces considerada presunta víctima que continuó trabajando en este Ayuntamiento en otra ubicación y reservado la adopción de otras medidas hasta conocer la resolución judicial firme”. Según confirma Martín, “no hubo jamás ninguna medida de protección para ellas como víctimas, o cautelares, nada. Se las movió a ellas, como si ellas fueran las culpables”.
Continúa ese correo electrónico: “Reprobamos los hechos sucedidos y lamentamos profundamente que los mismos se hayan resuelto en tan prolongado espacio de tiempo sin que, en su momento, se interviniese para erradicarlos drásticamente. Que desde el Ayuntamiento de Candeleda se continuará velando por el escrupuloso cumplimiento de las leyes, así como redoblando sus esfuerzos en la sensibilización para la erradicación de todas las formas de acoso contra la mujer en nuestro municipio”.
Durante varios días, este diario intentó volver a hablar con el alcalde para saber si habían decidido o tomado ya las medidas que preveían. Silencio. Quien sí devolvió la llamada, desde el teléfono de la Policía Local de Candeleda, fue Víctor Manuel González, el jefe de ese cuerpo, aún en su puesto: “Voy a seguir haciendo mi trabajo, porque si ha leído la sentencia, sabrá que no se me inhabilita, y tirar para adelante. Ya ha salido suficiente en los medios de comunicación, pido respeto”.
Martín, el abogado, afirma que según la ley vigente —la del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía a la que se remite la de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León—, el Ayuntamiento “debería abrir, al menos, un expediente disciplinario”. Si no lo hace, añade, “podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa”. En cualquier caso, concluye, “en el momento y en el marco actual con la violencia de género, lo que ha ocurrido aquí es una aberración”.
Las dilaciones indebidas: cinco años esperando una sentencia
Josefa, la vigilante municipal que denunció al jefe de la Policía Local de Candeleda, recuerda varias veces al teléfono que “esto ya se alarga mucho”. Tanto como 14 años: desde que comenzó el acoso hasta la sentencia. “La presente causa ha visto dilatada su tramitación procesal de forma indebida e injustificada”, recoge esa resolución.
Josefa pregunta retóricamente qué ocurre cuando se dan esos retrasos: “Que a quien beneficia es a él”. Las dilaciones indebidas suponen un atenuante para los acusados por el perjuicio que se ocasiona a quien está pendiente de un procedimiento penal. Esta figura se creó jurisprudencialmente, es decir, a través de las sentencias de juzgados y tribunales, y entró en el Código Penal en 2010.
“Pero esto no tiene en cuenta que mientras, tú estás en medio de ese proceso”, añade ella. El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, explica que, en alrededor del 7% de los casos de violencia machista se aplican atenuantes a los agresores por dilaciones indebidas: “Por retrasos en los procesos, hay parones y se produce con frecuencia y esto también genera un perjuicio moral a las víctimas”.
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