La emergencia sanitaria del coronavirus ha dado pie, por primera vez en meses, a un acuerdo entre el Gobierno venezolano y la oposición al chavismo. Carlos Alvarado, Ministro de Salud del gabinete de Nicolás Maduro, y Julio Castro, coordinador del equipo epidemiológico de la Asamblea Nacional y del líder opositor, Juan Guaidó, han firmado un acuerdo en el cual se comprometen a hacer frente conjuntamente a la propagación y tratamiento de la pandemia de la covid-19 en Venezuela. Ambas instancias atendieron así a un llamamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que gestionará fondos y ayudas para afrontar las necesidades sanitarias del país.
Se trata de la primera vez en meses que los dos grandes bloques políticos del país, chavismo y oposición, enfrascados hasta el momento en una lucha descarnada por el poder en medio de una grave crisis social y económica, se reconocen mutuamente. El acuerdo ha sido asumido con cierta discreción por ambos sectores. La noticia ha producido sorpresa y ha sido recibida con entusiasmo por parte importante de la opinión pública venezolana.
El inesperado acercamiento corona una prolongada negociación previa autorizada por Maduro y se da en un momento en el que la curva de contagios enfila un alarmante repunte. Con ayuda cubana, el Gobierno bolivariano ha desplegado planes de detección y se ha esforzado en controlar la multiplicación de la pandemia, pero parece consciente de la limitada capacidad de respuesta de su sistema público de salud y del estado de bancarrota de las arcas nacionales. Según datos oficiales, se registran 1.818 casos y 18 muertes.
El documento que firman Alvarado, Castro, y Gerardo de Cosío, a nombre de la misión venezolana de la Organización Panamericana de la Salud, el organismo del sistema interamericano, informa que se han identificado “líneas prioritarias” de trabajo para hacerle frente a la pandemia en el país: detección de casos activos, tratamiento oportuno, aislamiento supervisado de casos sintomáticos, trabajo conjunto para el control de infecciones en los centros de salud, vigilancia epidemiológica y comunicación permanente con la población.
La oficina de Juan Guaidó –reconocido por más de 60 países como presidente legítimo del país, pero sin poder real en la política interna—presentó la noticia como un logro de su equipo. En un comunicado público confirmando la noticia, se afirma que “finalmente, y tras varios meses de esfuerzo, hemos conseguido el requisito final puesto por la OPS para recibir los fondos aprobados. Los actores de la dictadura se comprometen a no poner obstáculos a la ejecución del programa”. (…) “Hoy podemos reconocer que, gracias al esfuerzo y la lucha de millones de venezolanos, ONG, médicos y enfermeras, la Asamblea Nacional y los representantes del Gobierno legítimo, los recursos que de otra forma habrían sido desviados para el enriquecimiento ilícito de unos pocos, hoy se orienten para atender la necesidad de los más vulnerables”. Miguel Pizarro, comisionado de Guaidó ante la ONU, agregó este miércoles que “se aprobó la propuesta de financiar la operación de organismos multilaterales en el país con parte de los recursos protegidos de la nación destinados a brindar asistencia a los venezolanos!. !Esto se trata de ayudar a salvar vidas en un momento en el que la epidemia está escalando”, consideró.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información del Gobierno de Maduro, afirmó en una comparecencia pública que esta “buena noticia” es el resultado de un acercamiento entre Miraflores y “un sector del antichavismo”. Rodríguez, que como otros funcionarios chavistas, ha advertido reiteradamente a Guaidó de que en algún momento deberá hacer frente a la justicia oficialista, no hizo mención expresa del dirigente opositor.
El encrespado debate político venezolano ha generado, con todo, reacciones desiguales ante el acuerdo. Stalin González, dirigente de Un Nuevo Tiempo, partido que acompaña a Guaidó, afirmó que se trata de “un pasito pequeño, pero importante para lograr un acuerdo integral”.
En términos similares se han manifestado el economista Francisco Rodríguez y el dirigente político Timoteo Zambrano, integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional –coalición de partidos de oposición moderada que es liderada por Henri Falcón-, quienes llevaban tiempo haciendo llamados para que los actores políticos depusieran el enfrentamiento irracional y se concentraran en atender la emergencia de la pandemia.
Los sectores de línea dura de la oposición han sido en esta ocasión los que se han mostrado inconformes con el acuerdo anunciado. Muchos de ellos interpretan que, con el paso dado, Juan Guaidó solo otorga legitimidad y pertinencia política a un Gobierno acorralado y desconocido en el plano internacional como el de Maduro. Desde el exilio, Antonio Ledezma, ex alcalde metropolitano de Caracas, colocó en su cuenta de Twitter un mensaje a Guaidó en el cual le dice que “el acuerdo prioritario que usted tiene que firmar es con la DEA para que se lleve esa pandilla de narcos. Porque en Venezuela, con ese régimen venenoso, no habrá plan de salud que valga hasta que no nos curemos de ese mal diabólico”.
El tío de Guaidó pasa a arresto domiciliario
El poder judicial del régimen bolivariano otorgó, horas después de formalizar el acuerdo, la medida de arresto domiciliario a Juan Márquez, tío del líder opositor Juan Guaidó, luego de haber pasado cuatro meses en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Digcim). Márquez, piloto civil de profesión, con un vínculo personal muy cercano a Guaidó, fue detenido por la policía venezolana el pasado 11 de febrero, al regresar a Venezuela luego de acompañar al político por la gira internacional que lo llevó por Estados Unidos y Europa. El Gobierno Maduro le acusó de querer ingresar al país explosivos sintéticos y chalecos antibalas y sancionó a la aerolínea portuguesa TAP, que trasladaba al equipo dirigente de Guaidó, vetando sus vuelos al país
La medida no fue anunciada por ninguna instancia oficial. Fue comentada por Joel García, abogado de Márquez, una vez la información se filtró a la prensa. García afirmó que no fue informado por el Gobierno de Maduro sobre la decisión. Esta medida se concreta al mismo tiempo del sorpresivo acuerdo logrado entre Miraflores y la oposición para atender la emergencia sanitaria del coronavirus, y una vez que los servicios secretos entraran en las residencias de los padres de José Ignacio Hernández, procurador del de Guaidó, y de Ricardo Villasmil Bond, miembro de su equipo económico, ambos fuera del país
El líder opositor comentó la medida en su cuenta de Twitter. “El mismo día que allanan a los padres del procurador José Ignacio Hernández, y la vivienda de Ricardo Villasmil, cambian el lugar de secuestro de mi tío Juan Márquez a su casa. La dictadura sigue usando presos políticos para atemorizar y confundir”, afirmó.
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