No es la victoria judicial definitiva, pero se trata de un importante respaldo a la política de inmigración del Gobierno conservador de Rishi Sunak. Después de cinco días de deliberación, el Alto Tribunal del Reino Unido ha declarado que el acuerdo alcanzado en su día con las autoridades de Ruanda por Boris Johnson y defendido por Sunak es legal: el Ministerio del Interior británico, han concluido los magistrados, puede enviar a los demandantes de asilo al país africano para que se tramite ―y en muchos casos, se conceda― su solicitud. El primer avión fletado para poner en marcha la polémica solución fue frenado en tierra el pasado junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las principales organizaciones humanitarias, la Iglesia anglicana y hasta el entonces príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, calificaron de inhumana e injusta la política. Downing Street se aferró a ella como un arma más para intentar frenar el incontrolado aumento de la inmigración irregular vivido en los últimos años.
“El Gobierno se ajusta a la ley al poner en marcha mecanismos para reubicar en Ruanda a los solicitantes de asilo, y para que sus solicitudes sean decididas en Ruanda, en vez de en el Reino Unido”, ha leído el magistrado Clive Lewis, al presentar la sentencia. “El proyecto del Gobierno (…) ha sido sujeto de un considerable debate público. El papel del tribunal, sin embargo, se reduce a asegurar que la ley se entiende y cumple de un modo apropiado, y que los derechos garantizados por nuestro Parlamento son respetados”, concluye el Alto Tribunal. Los jueces han querido adoptar una decisión estrictamente técnica sobre un asunto que provoca una emoción y un debate político intensos y viscerales en el Reino Unido.
El tribunal ha dado la razón, sin embargo, a las ocho personas que recurrieron a título personal el intento del departamento británico de Interior de deportarles. “La ministra del Interior [en su momento, Priti Patel] no ha tomado en consideración de modo adecuado las circunstancias de los ocho individuos demandantes de asilo, cuyos casos hemos estudiado. Por esa razón, la decisión sobre todos ellos se reserva, y serán referidos de nuevo a la ministra [hoy Suella Braverman] para renovar esa consideración”, dicen los jueces.
“Siempre hemos sostenido que la política era legal, y el tribunal nos ha dado la razón”, ha reaccionado la ministra Braverman ante el fallo de este lunes. “Estoy dispuesta a lograr que este acuerdo de colaboración [con Ruanda] funcione. Mi propósito es reanudar cuanto antes la medida, y defenderla ante cualquier desafío en los tribunales”, ha dicho.
Algunas de las organizaciones de ayuda a los inmigrantes y refugiados implicadas en el proceso han anunciado ya su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal de Apelación, y, llegado el caso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A pesar del Brexit, el Reino Unido sigue siendo signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, y sometido, por tanto, a la jurisdicción del tribunal, a pesar de la constante reclamación del ala dura y euroescéptica del Partido Conservador para desvincularse del tratado.
“Profundamente decepcionada por la decisión del Alto Tribunal sobre los planes de Ruanda. Sigo creyendo que son inhumanos, suponen una quiebra moral y son además impracticables”, ha escrito en Twitter la diputada del Partido Verde Caroline Lucas, una de las más firmes detractoras del endurecimiento en la política migratoria de los gobiernos conservadores. “La idea de comerciar e intercambiar con otros países nuestras obligaciones de proporcionar asilo debe ser abandonada, así como debemos rechazar esta repugnante degradación de los derechos humanos”, ha defendido Lucas.
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La política de deportaciones a Ruanda es “injusta en sus principios e irrealizable en la práctica”, ha dicho Enver Solomon, director ejecutivo de la organización UK Refugee Council, “y dañará la reputación del Reino Unido como país que valora los derechos humanos”, ha añadido.
La entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, viajó el 14 de abril a la capital de Ruanda, Kigali, para firmar un acuerdo que supuso más de 144 millones de euros, e iba a permitir a las autoridades británicas reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes en situación irregular interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serían sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no están siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiran a mayores oportunidades vitales. “No detendremos la llegada de inmigrantes a través del canal de la Mancha con una única medida, pero esta importante política [las deportaciones a Ruanda] salvará vidas, ayudará a romper el negocio de las organizaciones criminales y evitará que se produzcan abusos del derecho de asilo”, ha escrito Patel en Twitter, para celebrar la decisión del Alto Tribunal y reivindicar su propio paso por el Ministerio del Interior.
Externalización
El Gobierno británico se escudó en decisiones previas en el ámbito internacional, como la de la UE, que acordó con Atenas una serie de centros de acogida de inmigrantes en varias islas griegas. O la del Gobierno de Dinamarca, que ya ha aprobado en el Parlamento la decisión de reenviar a los recién llegados a países terceros (la opción de Ruanda también está sobre la mesa). De hecho, las autoridades de Bruselas comparten el mismo razonamiento que el Ejecutivo británico: el reenvío de las personas a terceros países sería un elemento disuasorio para las organizaciones criminales que se enriquecen con el tráfico de personas y desalentaría el viaje en muchos casos. La UE también ha estudiado la opción de Ruanda, del mismo modo que ha llegado ya a acuerdos de “externalización” con Turquía, Libia o Níger.
Sunak, agobiado por un asunto que, junto a la actual crisis económica, pone contra las cuerdas a su estrenado Gobierno, anunció la semana pasada, en una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, un endurecimiento de sus políticas de inmigración. Durante 2022, más de 40.000 personas cruzaron las aguas del canal de la Mancha para llegar a territorio británico, frente a los 8.000 que lo intentaron en 2020 o los poco más de 600 de 2018. A pesar de que son cifras bajas en comparación con las que manejan los países de la UE en el continente, la situación se ha convertido en arma permanente de guerra del ala dura y euroescéptica de los conservadores. El primer ministro prometió más recursos y leyes más duras con el propósito de frenar muchas de las tramitaciones de asilo. Y anunció su intención de seguir adelante con las deportaciones de Ruanda, a pesar de que, hasta la fecha, no se haya producido ninguna. La decisión del Alto Tribunal concede a los tories una victoria parcial, pero el problema al que se enfrentan queda muy lejos de resolverse.
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