Comunidades ancestrales que rememoran dolorosos episodios de masacres, asesinatos o desplazamientos forzados en distintos rincones de la Colombia profunda. Los testimonios de los pueblos awá, nukak o kankuamo se intercalaron con mensajes para reclamar el compromiso del Estado y el cumplimiento del acuerdo de paz este viernes durante un encuentro solemne de la Comisión de la Verdad de Colombia, dedicado a los “pueblos indígenas en situación y riesgo de extermino físico y cultural: su dignidad, resistencia y aportes a la paz”. El acto, apoyado en la virtualidad por las restricciones de la pandemia, corona distintos encuentros a lo largo y ancho del país, desde la Amazonía, en el extremo sur, hasta el Caribe, en la costa norte.
El momento más emotivo –e inédito– llegó con el pedido de perdón del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, uno de los protagonistas más conocidos de la guerra, por el asesinato en 2001 de Kimy Pernía Domicó, líder del pueblo embera en el departamento de Córdoba. Mancuso, que se encuentra en Estados Unidos pendiente de ser repatriado a Colombia, sostuvo una conversación a distancia con su hija, Martha Cecilia Domicó, en la que calificó ese homicidio como un “crimen de Estado” y reconoció que, meses después de haberlo enterrado en una fosa común, arrojaron sus restos al río Sinú. “Todo mi pueblo está en este momento huérfano”, afirma Martha Cecilia en un momento de la charla, grabada en video. “Ahora tendré un descanso, ahora que sé que tú estás en este río”, dice en otro pasaje mientras lanza rosas al agua.
La extinta guerrilla de las FARC, convertida en partido político por cuenta de los acuerdos sellados hace cuatro años, reconoció entre otros crímenes la masacre de ocho líderes indígenas en Murindó, en el departamento de Antioquia, en 1986. Rodrigo Londoño, Timochenko, presidente del partido FARC, además pidió perdón por los abusos sexuales contra mujeres indígenas, y reconoció que cuando estaba en armas la guerrilla nunca les consultó sus aspiraciones, ni tuvo en cuenta su cosmovisión ni sus formas organizativas. “Esa lectura equivocada trajo como consecuencia para ustedes, los pueblos indígenas, dolor, desarraigo, muertes”, admitió en su llamado a la reconciliación.
De los 22 corredores del conflicto armado que la Comisión de la Verdad ha analizado, 17 están sobre territorios étnicos, con situaciones particularmente complejas en regiones de difícil acceso como la Sierra Nevada y la serranía del Perijá, en el norte del país; el departamento del Cauca, en el sur-oeste; o las llanuras entre Meta y Vichada, en el este. “Ahí han llegado diferentes grupos armados y han hecho sus epicentros. Encontramos cómo estos territorios han sido escenarios de confrontación entre guerrillas, paramilitares, ejército”, explica la comisionada Patricia Tobón Yagarí, indígena del pueblo embera. “El gran reto de los pueblos indígenas es cómo hacer su gobernanza en una realidad en la que sus territorios son abandonados por el Estado, ocupados por narcotraficantes, por grupos armados, con múltiples vulneraciones”, detalla.
Vídeo del acto de reconocimiento del exparamilitar Salvatore Mancuso.
Los pueblos ancestrales, históricamente violentados y discriminados, han sido también golpeados por la guerra. Casi 400.000 indígenas –de 1,9 millones, según el censo de población– han sido afectados por las confrontaciones y la violencia perpetrada por grupos armados en Colombia, la inmensa mayoría forzados a desplazarse, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Víctimas, que también ha registrado más de 17.000 homicidios. Entre 1982 y el 2017 hubo 742 masacres en territorios indígenas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. De los 115 pueblos de Colombia, al menos 68 en áreas dispersas están en riesgo de exterminio.
El sexto Encuentro por la Verdad ocurrió al final de una semana en la que estas comunidades han sido protagonistas del debate público. Más de 8.000 indígenas que reclaman el fin de las masacres y los asesinatos en sus territorios se movilizaron hasta Bogotá para exigirle al Ejecutivo de Iván Duque que escuche sus reclamos. La minga –una palabra que es sinónimo de resistencia en los pueblos de los Andes– se sumó el miércoles a la jornada de paro nacional para protestar contra el Gobierno, y mantuvo un comportamiento ejemplar y pacífico. “Gracias por su coraje al atravesar Colombia en una demostración de dignidad”, los saludó Francisco de Roux, el sacerdote jesuita que preside la Comisión.
Aunque los indígenas no consiguieron reunirse con el mandatario, la movilización desarmó los argumentos de las autoridades nacionales y de dirigentes del Centro Democrático, el partido de Gobierno, que en los días previos insistieron en que estaba infiltrada por grupos armados y causaría destrozos en la capital. Por el contrario, la visita de las comunidades provocó una oleada de solidaridad, con homenajes que incluyeron el lanzamiento de varias versiones del himno de la guardia indígena, una de ellas interpretada por la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
La Comisión de la Verdad está a punto de comenzar el último de sus tres años de labores, que deben concluir con un informe final que dignifique a las víctimas y arroje luces sobre la barbarie del conflicto. En muchas regiones, la violencia se ha recrudecido, con grupos armados que se disputan las rentas ilegales y ocupan el vacío que dejó el desarme de las FARC. Además de los obstáculos impuestos por la pandemia, la Comisión también ha tenido que sortear el fallecimiento de dos de sus once comisionados, que incluyen víctimas, defensores de derechos humanos y académicos. Al periodista y sociólogo Alfredo Molano lo relevó este año el antropólogo Alejandro Castillejo, mientras que a la lideresa afro Ángela Salazar, quien falleció por coronavirus en agosto, la reemplazó Leyner Palacios, un líder social que sobrevivió la masacre de Bojayá.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, su nombre formal, es una entidad de carácter extrajudicial. Sin embargo, trabaja en coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –el tribunal de justicia transicional– y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que en su conjunto constituyen el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación surgido del acuerdo de paz, que cuenta con un robusto respaldo de la comunidad internacional. Tras reunirse esta semana con sus miembros, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michele Bachelet, aseguró que “cumplen un rol fundamental y único para asegurar la participación de las víctimas y la satisfacción de sus derechos”.
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