La pandemia ha puesto en el centro de todas las miradas a los funcionarios españoles. Se trata de un colectivo formado por 2.598.481 empleados —de los que un 55% son funcionarios, según los últimos datos del Ministerio de Función Pública— que, con el coronavirus, encaran el desafío de gestión institucional más grande al que jamás se habían enfrentado. Miles de médicos en la primera línea de fuego de la guerra contra el virus, funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionando la avalancha de ayudas públicas, un batallón de profesores improvisando clases a distancia para evitar que los alumnos pierdan un año… Y así casi todos los cuerpos del sector público han vivido 11 meses de vértigo.
En los últimos años han perdido poder adquisitivo —las estimaciones más elevadas sitúan la rebaja en un 20% durante la pasada década, aunque con las recientes subidas han recuperado tres puntos en tres años—, y se enfrentan a esta fenomenal crisis sin que se haya producido un incremento de las plantillas. Todo lo contrario. Durante la última década, el número de plazas ofertadas no cubría las bajas por fallecimientos o jubilaciones en los distintos estamentos de la Administración. “Tenemos menos empleados públicos por habitante que en los países de nuestro entorno: mientras Suecia tiene uno por cada ocho o Francia uno para cada 12, en España hay uno para cada 18. Ningún Gobierno nos ha considerado como una inversión, sino como un gasto del que se puede prescindir”, apunta en este vídeo Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
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