Los decretos que hizo públicos el miércoles la Fiscalía del Supremo archivan las tres investigaciones abiertas a Juan Carlos I, pero a la vez contienen un minucioso recuento de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito. La inviolabilidad que concede la Constitución a cualquier acto del Rey, la prescripción y otras reglas básicas del Estado de derecho impiden procesar penalmente a Juan Carlos I y consagran una impunidad que ningún otro ciudadano podría disfrutar en semejantes condiciones. Los hechos probados arrojan un resultado descorazonador y profundamente decepcionante al dar la razón a lo que este periódico ha contado durante años sobre las irregularidades contables y los fraudes a la Hacienda pública de quien durante 39 años fue el jefe de Estado de España. La conducta del rey emérito es una devastadora noticia para la democracia española por saltarse las obligaciones fiscales y actuar de forma premeditada para sortear las leyes que rigen para todos los demás. La imposibilidad de abrir una causa penal añade sal a la herida democrática que describen con crudeza los informes de la Fiscalía.
Según la descripción de hechos que ha podido constatar la Fiscalía del Supremo durante los dos años de la investigación, Juan Carlos I disfrutó, hasta su abdicación el 18 de junio de 2014, de varias fortunas en el extranjero que le regalaron varias personas en distintas etapas de su reinado y de las que nunca dio cuenta a la Hacienda española. Entre 1995 y 2004, se constituyeron dos trust en Jersey (islas del Canal) con unos fondos de casi 15 millones de euros. El empresario y amigo del monarca Manuel Prado y Colón de Carvajal, condenado en 2002 por apropiación indebida a dos años de cárcel, había fundado los trust de Jersey y fue quien aconsejó a finales de 2003 a Juan Carlos I liquidar ese trust. Si se descubría su existencia habría que dar explicaciones y se produciría una situación “embarazosa”, según consta literalmente en las diligencias de la Fiscalía. Solo cuatro años más tarde, el entonces rey de España recibió un regalo de 100 millones de dólares de su “hermano” el rey de Arabia Saudí, cuyo motivo aún se desconoce. Nuevamente, Juan Carlos I prefirió ocultar esa fortuna, en este caso en un banco suizo a nombre de una fundación domiciliada en Panamá, llamada Lucum, de la que era principal beneficiario. Durante cuatro años (2008-2012) mantuvo ese dinero oculto a la Hacienda española. Cuando las autoridades bancarias suizas alertaron a Juan Carlos I del peligro de mantener esos fondos a su nombre en la entidad financiera, cerró la cuenta y traspasó la fortuna a quien fue su amante durante algunos años, Corinna Larsen, como una “donación irrevocable”.
La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que no puede perseguir los delitos cometidos por el rey emérito. Además, Juan Carlos I tuvo la habilidad de pagar deudas fiscales de los años en que ya no le protegía la inviolabilidad. La Fiscalía acepta también que la regularización fue espontánea, aunque numerosos juristas consideran que el aviso que se trasladó a su abogado cuando se abrieron diligencias quiebra el criterio de espontaneidad. Los entresijos técnicos del caso no borrarán en la sociedad española la decepción ya confirmada ante una conducta impropia, ajena totalmente a los estándares de honorabilidad exigibles a un jefe de Estado, antes, durante y después de ejercer el cargo.
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