En las anteriores presidenciales sirias, el presidente Bachar el Asad ganó con el 89% de los votos mientras iba perdiendo la guerra. Siete años después, espera ser plebiscitado de nuevo en las elecciones convocadas el 26 de mayo, cuando sus enemigos ya han capitulado, están asediados o siguen en el exilio. La intervención rusa y el despliegue de fuerzas proiraníes le salvaron entonces de la derrota. Está por ver cómo sobrevive ahora en un nuevo mandato al timón de un país devastado, escindido y con la mitad de su población (22 millones) desarraigada.
Los otros cinco candidatos —entre ellos una mujer, por primera vez— que teóricamente le desafían en las urnas son contendientes irrelevantes frente la carestía de los alimentos, la devaluación de la libra en un 100% frente al dólar o la escasez de combustible en un país con yacimientos de petróleo (ahora en manos de las milicias kurdas aliadas de Estados Unidos). El régimen de Damasco achaca la miseria a las sanciones internacionales, empezando por las de Washington, sin admitir que es precisamente su bloqueo al proceso de diálogo y reconciliación con la oposición auspiciado por la ONU lo que provoca el castigo económico.
Bachar el Asad parece ser ahora su principal rival. Cuando acaba de cumplirse medio siglo de hegemonía de la dinastía fundada por su padre, Hafez el Asad, fallecido hace 21 años, el presidente sirio se aferra a la Constitución vigente para vetar a candidatos procedentes de la rebelión que se alzó en su contra en 2011. Se les exigen condiciones absurdas, como haber residido en el país durante el último decenio o contar con el aval de 35 diputados del Parlamento.
El mediador de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, constató a comienzos de año que el Gobierno de Damasco había paralizado el proceso de negociaciones con representantes de la oposición y de la sociedad civil para pactar un nuevo texto constitucional que dé paso a la convocatoria de unas elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional. La alternativa a las conversaciones apadrinadas por la ONU en Ginebra, que fue impulsada por Rusia —el llamado foro de diálogo de Astaná, con participación turca e iraní en la capital de Kazajistán—, se encuentra también en estado de coma inducido.
Bajo la tutela de Moscú —que ha suscrito acuerdos con Damasco para explotar yacimientos de hidrocarburos en Siria–, El Asad se ha empeñado en mostrar al mundo “un proceso electoral como prueba de legitimidad del régimen”, sostiene el analista de Oriente Próximo Zvi Barel en el diario Haaretz. Tras haber ganado en el campo de batalla, impone las reglas de juego del régimen en las urnas. El voto de los 5,5 millones de refugiados se verá cuestionado si no se puede justificar “un documento de salida legal del país”, y la mayoría de los 6,7 millones de desplazados de sus hogares por la guerra no van a tener asignado colegio electoral.
Los tres millones de sirios asediados en la provincia de Idlib (noroeste), último bastión de los insurgentes y los más de dos millones de kurdos quedarán también excluidos. Las presidenciales del mes que viene difícilmente estarán respaldadas por la participación si más de la mitad del censo se ve apartado de las urnas.
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Afianzado en el poder en Damasco, Bachar el Asad se dispone a revalidar en las urnas —sin nadie que le dispute su permanencia —la presidencia sobre dos tercios del territorio que controlaba en 2011, y las ruinas que dan sepultura a cerca de 400.000 muertos, con una factura en pérdidas económicas de un billón de euros, y ocho de cada diez sirios bajo el umbral de la pobreza. El bloqueo a los convoyes con ayuda humanitaria internacional, condicionado por el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, amenaza además con agravar la situación de millones de personas que pueden verse golpeadas por la hambruna.
Mientras Europa y Estados Unidos cuestionan la legitimidad de unas elecciones presidenciales sin presencia de la oposición, desde la vecina Turquía, que ocupa amplias franjas de territorio en el norte de Siria, se ha reclamado que se invaliden por privar de derecho de voto a los refugiados.
Control sobre el Ejército por la minoría alauí
Después de ser plebiscitado sin contrincante alguno en los comicios de 2000 con el 97% de los votos, Bachar el Asad permite la concurrencia de otros candidatos desde 2014. La oposición califica de “farsa” una votación encaminada a consolidar a un régimen que se asienta sobre el control de las Fuerzas Armadas por la minoría alauí (musulmana chií), a la que pertenece el clan de El Asad.
Un decenio después del levantamiento popular en el marco de la Primavera Árabe y con la guerra estancada a causa de la pandemia, el Ejército ha consolidado el dominio sobre la denominada Siria útil, la zona central del país más fértil y poblada. Mientras la guerra se eterniza, países vecinos como Jordania, Irak y Emiratos Árabes Unidos han vuelto a acercarse a Damasco para intentar restablecer relaciones comerciales, a pesar de las sanciones internacionales. Israel, mientras tanto, observa la continuidad de El Asad en el poder como un mal menor y ya conocido ante la posible emergencia de una alternativa islamista radical en Siria.
Cuando Bachar el Asad se registró como candidato el pasado miércoles, envió un mensaje inequívoco de que, aunque oposición y grupos rebeldes y parte de la comunidad internacional exigen su renuncia al cargo como punto de partida a una solución al conflicto, él va a buscar la apariencia de legitimidad en las urnas para su victoria militar.
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