Dos décadas después de que le legara el poder su padre –Hafez el Asad, quien gobernó durante 30 años–, el presidente de Siria, Bachar el Asad, ha comparecido este miércoles ante las urnas para someterse a un plebiscito de cara a un cuarto mandato como jefe de Estado. Los comicios presidenciales, sin rivales de peso y con la oposición en el exilio excluida, han sido condenados como “no creíbles e ilegítimos” por Estados Unidos y varios países europeos. “La validez de esas opiniones es igual a cero”, ha replicado El Asad tras depositar su voto en Duma –último bastión rebelde en el área de Damasco en caer en manos del Ejército tras un largo asedio y que fue objetivo de un ataque químico– para simbolizar su victoria militar tras más de 10 años de devastadora guerra civil con injerencias internacionales.
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“Siria no es lo que quieren vender (desde el exterior): una ciudad contra otra, un grupo (religioso) contra otro, en una guerra civil”, declaró El Asad a la prensa, citado por Reuters, “y hoy estamos demostrando desde Duma que solo hay un pueblo de Siria”. La región rural de Guta oriental, donde se enclava Duma, era el granero de la capital antes de la guerra. Hoy es un escenario de destrucción tras permanecer sitiada y bombardeada hasta 2018, cuando los rebeldes capitularon al borde de la inanición. La comarca sigue estando bajo control del Ejército, que solo permite la entrada de no residentes con un permiso especial.
Las agencias internaciones de noticias informaban, a través de reporteros locales, de la presencia de colas de electores en centros de votación de la capital. Algunos grupos fueron conducidos en autobuses, después de que funcionarios y estudiantes recibieran la recomendación de acudir a las urnas convocados por la mujabarat, el servicio de inteligencia interior. El Gobierno sirio no ha concedido acreditación a medios occidentales para cubrir la información sobre los comicios. Tampoco ha habido presencia de observadores de la ONU en los colegios electorales.
En las anteriores elecciones presidenciales sirias, en 2014, El Asad ganó con el 89% de los votos mientras iba perdiendo la guerra. Ahora le disputan el puesto dos oscuros candidatos, el ex viceministro Abdalá Salum Abdalá y Mahmud Ahmed Marei, miembro de la oposición interna oficialmente reconocida. El Gobierno de Damasco intenta mostrar con las votaciones una apariencia de normalidad, pero solo controla dos terceras partes del territorio sirio, la mitad de la población está desarraigada de sus hogares y la contienda, que se ha cobrado cerca de medio millón de vidas, ha hecho retroceder varias décadas la economía y arrojado al 80% de los sirios bajo el umbral de la pobreza.
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania suscribieron el martes una declaración conjunta en la que advirtieron que las elecciones presidenciales sirias no pueden considerarse “justas ni libres”. En la declaración se recuerda que la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU prescribe que los comicios deben ser convocados y supervisados por Naciones Unidas y permitir la participación de todos los ciudadanos, incluidos los más de cinco millones de refugiados y exiliados, una cuarta parte de la población del país. Tras afianzar su presencia militar sobre el terreno –respaldado por Rusia e Irán–, el régimen de Damasco ha dado la espalda a las negociaciones apadrinadas por la ONU en Ginebra para buscar una salida política al conflicto.
Las elecciones no parecen ser muy relevantes para la población siria, agobiada por la carestía de los alimentos, la devaluación de la libra en un 100% frente al dólar o la escasez de combustible en un país con yacimientos de petróleo (ahora en manos de las milicias kurdas aliadas de Estados Unidos). El régimen de Damasco achaca la miseria a las sanciones internacionales, empezando por las de Washington, sin admitir que es precisamente su bloqueo al proceso de diálogo y reconciliación con la oposición lo que provoca el castigo económico internacional.
El mediador de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ya constató a comienzos de año que el Gobierno de Damasco había paralizado el proceso de negociaciones con representantes de la oposición y de la sociedad civil para pactar un nuevo texto constitucional, como paso previo a la convocatoria de elecciones libres supervisadas por la comunidad internacional. La alternativa a las conversaciones de Ginebra impulsada por Rusia —el llamado foro de diálogo de Astaná, con participación turca e iraní en la capital de Kazajistán—, se encuentra también en estado de coma inducido.
Boicot en las zonas no controladas por el régimen
El voto en Siria se ha visto sometido a condiciones de imposible cumplimiento. Más de cinco millones de refugiados y exiliados tienen que presentar “un documento de salida legal del país”, y la mayoría de los 6,7 millones de desplazados de sus hogares por la guerra no tienen asignado colegio electoral. Los tres millones de sirios cercados en la provincia de Idlib (noroeste), último bastión de los insurgentes, y los más de dos millones de kurdos quedarán también excluidos de las urnas.
Un decenio después del levantamiento popular surgido en el marco de la Primavera Árabe y con la guerra aún estancada a causa de la pandemia, el Ejército ha consolidado el dominio sobre la denominada Siria útil, la zona central del país más fértil y poblada. Las milicias kurdas controlan el arco nororiental y Turquía ocupa amplias franjas fronterizas en el norte. El boicoteo a las urnas ha sido más que obvio en estos territorios, de acuerdo con las informaciones de las agencias de noticias internacionales, que también reseñaron protestas en la provincia de Deraa, al sur del país árabe, donde se inició hace 10 años una revuelta pacífica que desembocó en una guerra interminable.
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