Si una de las noticias de 2020 en Estados Unidos fue el asesinato de George Floyd, una de la de 2021 ha sido la condena a 22 años y medio de cárcel al exagente responsable de la muerte del afroamericano. Sin embargo, ni las mayores protestas raciales en medio siglo ni los legislativos en grandes ciudades han logrado cambiar el violento escenario: el número de muertos en tiroteos disparados por la policía se ha mantenido prácticamente igual (cerca de 1.100 al año) y las disparidades raciales continúan: las probabilidades de que un negro muera en manos de la policía son casi tres veces mayor que las de un blanco, según la organización Mapping Police Violence.
Esta semana, en la misma sala del tribunal de Minneapolis donde el exagente Derek Chauvin escuchó su sentencia por el asesinato de Floyd, la también exagente Kim Potter fue declarada culpable del homicidio a un afroamericano de 20 años. Potter desenfundó por error su arma de fuego en lugar de su pistola paralizante durante un control policial en el que disparó y mató a Daunte Wright. La sentencia se conocerá en febrero. Los dos mediáticos casos pueden contribuir a la idea de que la justicia que tanto clamaba la calle durante el verano de 2020 ha llegado al sistema judicial, pero la fotografía completa refleja una realidad distinta, más cercana a la anterior a la muerte de Floyd.
Desde la muerte de Floyd, 1.646 personas han muerto en manos de la policía. Es imposible saber si todos esos tiroteos fueron justificados porque en la mayoría de los casos el agente responsable no llega a los tribunales a pesar de las demandas de la familia del fallecido. Factores como la falta de testigos en la escena y el apoyo irrestricto de los sindicatos policiales dificultan los procesos judiciales. Además, los expertos explican que el beneficio de la duda generalmente se otorga a los agentes que deben tomar decisiones de vida o muerte en apenas un instante.
El presidente Joe Biden se había comprometido a realizar una reforma con el fin de aumentar la rendición de cuentas de la policía y combatir el sesgo racial. El proyecto de ley bautizado George Floyd se aprobó en marzo en la Cámara de Representantes, pero no llegó a votarse en el Senado, donde los demócratas necesitaban 60 votos para sacarlo adelante, y solo cuentan con 50 de los 100 escaños. Así, la ley que pretendía crear un registro de malas conductas policiales o prohibir determinadas técnicas de detención, quedó en un punto muerto tras el fracaso de las negociaciones con los republicanos. Las restricciones al uso letal de la fuerza y el fin de la “inmunidad calificada”, la que protege a los agentes de la responsabilidad civil en los tribunales, fueron algunas de las piedras de tope.
En los últimos 15 años, 139 policías han sido arrestados por asesinato o homicidio involuntario debido a un tiroteo en servicio, según una investigación del profesor de Derecho Penal Philip M. Stinson, de la Bowling Green State University. El año pasado, 16 policías fueron acusados de homicidio, el número más alto desde que Stinson comenzó a compilar los datos.
Desde que Stinson realiza su rastreo, Chauvin se convirtió en el segundo agente en acabar entre rejas por un delito durante una actuación policial en Minneapolis, y Potter en la primera mujer policía condenada por homicidio. Considerando que cada año se reportan alrededor de 1.000 tiroteos fatales perpetrados por la policía, la tasa de arrestos no supera el 2%.
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