Juan Carlos I, durante los actos de conmemoración del 40º aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados.Carlos Rosillo
El 6 de diciembre de 2020, EL PAÍS adelantaba que el rey emérito, Juan Carlos I [expatriado en Abu Dabi desde agosto de ese año], había iniciado “el trámite para presentar una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal”. Tres días después, el 9 de diciembre, su abogado, Javier Sánchez-Junco, anunciaba que ese mismo día, por indicación de su cliente, había procedido “a presentar, ante las Autoridades Tributarias competentes, una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros”. El 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, es festivo en España, por lo que Sánchez-Junco no esperó tres días para presentar la declaración complementaria, sino que lo hizo en la primera jornada laborable que pudo. El miércoles, la Fiscalía del Tribunal Supremo confirmó que no se va a querellar contra quien fuera jefe del Estado entre 1975 y 2014; y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, firmó ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público.
Las prisas del letrado se entienden por temor a que, una vez se supo que ultimaba la presentación de una declaración complementaria, la Agencia Tributaria o la Fiscalía frustrasen la operación notificando al rey emérito la apertura de una inspección fiscal o de una investigación. Una simple comunicación por cualquiera de los dos organismos habría desbaratado el objetivo de la regularización: desactivar la apertura de una causa penal contra Juan Carlos de Borbón por fraude fiscal.
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Los 678.393,72 euros abonados a Hacienda por el impuesto de donaciones correspondían al uso de tarjetas opacas con fondos del magnate mexicano y amigo del rey emérito Allen Sanginés-Krause, con los que el anterior jefe del Estado pagó restaurantes, viajes y regalos. Los desembolsos se produjeron en el periodo 2016-2018, cuando ya no gozaba de la inviolabilidad constitucional que le blindó hasta su abdicación en 2014, y la cuota tributaria superaba el umbral de los 120.000 euros por ejercicio, límite a partir del cual se comete delito fiscal.
El artículo 305.4 del Código Penal exonera de dicho delito a aquel contribuyente que proceda “al completo reconocimiento y pago de su deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o […] antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. Es decir, la regularización solo sirve si es espontánea y no inducida por el conocimiento de haber sido descubierto en fraude fiscal.
Nota del abogado del rey emérito sobre la primera regularización.
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En el decreto de archivo de la investigación, notificado el miércoles, la Fiscalía señala que, ni cuando se abrió la causa, ni en las diferentes notificaciones a la defensa del rey emérito “se hacía referencia a los hechos a los que se contraen las declaraciones tributarias efectuadas los días 2 y 3 de febrero de 2021 por S. M. D. Juan Carlos de Borbón”, por lo que considera válida, a efectos penales, la regularización.
Pero el rey emérito ya tenía conocimiento formal de que el entonces teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos (fallecido en 2021), le estaba investigando. A mediados de noviembre de 2020, Campos remitió un escrito al abogado de Juan Carlos de Borbón en el que le notificaba la apertura de diligencias informativas sobre hechos que pudieran tener “implicaciones penales” para su cliente. El fiscal facilitaba en su comunicación el número de las diligencias e invitaba a Sánchez-Junco a personarse en el procedimiento, para defender los intereses del anterior jefe del Estado.
El letrado (que antes de ejercer la abogacía había sido subordinado del propio Campos como fiscal Anticorrupción) conocía muy bien la Fiscalía y firmó el acuse de recibo, pero no se personó en las diligencias: hacerlo hubiera supuesto tomar conocimiento formal de su contenido y frustrar una posible regularización. Como el escrito de Campos no daba ninguna pista sobre los delitos por los que se investigaba al rey emérito, su abogado podía alegar que los ignoraba.
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En realidad, eran de conocimiento público. El 3 de noviembre, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, informó de que daba traslado a la Fiscalía del Supremo de la investigación sobre los pagos con tarjetas opacas que estaban realizando los fiscales Anticorrupción, quienes ya habían tomado declaración al coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, exayudante del rey emérito y su presunto testaferro, y al propio Sanginés-Krause. El letrado de Juan Carlos I empezó a preparar entonces la regularización, una circunstancia que conocían altos cargos del Gobierno, pero la noticia de EL PAÍS precipitó su formalización.
La notificación de noviembre de 2020 no fue la primera ni la última que el fiscal Campos hizo al letrado del rey emérito. En junio de ese mismo año, antes de que el padre del Rey se marchara de España, su letrado ya fue informado de la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía. Aunque tampoco en este caso se le indicaba el motivo de la investigación, esta se refería al origen de los 100 millones de dólares que Juan Carlos de Borbón recibió en 2008 del rey de Arabia Saudí y la sospecha de que se tratara de una comisión por la adjudicación del AVE a La Meca. El asunto estaba siendo investigado por la Fiscalía suiza, pero el abogado del padre del Rey confiaba en que se archivara, como finalmente ocurrió, pues en esa época su cliente gozaba aún de inmunidad en su condición de jefe de Estado. Tampoco esta vez aceptó Sánchez-Junco la invitación a personarse en las diligencias.
La tercera notificación llegó en diciembre de 2020. En esta ocasión, por vez primera, el fiscal Campos sí informó al letrado del objeto de las diligencias: se investigaba un trust en la isla de Jersey (un paraíso fiscal en el canal de La Mancha) del que el padre del Rey sería beneficiario. En el origen del fondo estaba Manuel Prado y Colón de Carvajal, supuesto administrador privado de Juan Carlos de Borbón, y que falleció en 2009, pero en los últimos 18 años no se había hallado ningún vínculo del rey emérito con ese dinero, lo que facilitaría su archivo.
Segunda regularización: 4,4 millones
La segunda regularización fiscal de Juan Carlos I llegó en febrero de 2021 y esta vez no tuvo relación con ninguna de las notificaciones de la Fiscalía. Sánchez-Junco presentó una declaración complementaria por importe de 4.395.901,96 euros, “incluyendo intereses de demora y recargos”, por las “rentas derivadas por la asunción, por la fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M. [Su Majestad] de los que podrían derivarse determinadas obligaciones tributarias que han quedado regularizadas”.
Desde la izquierda, el rey emérito Juan Carlos I, el rey de Arabia Saudí, Abdalá Bin Abdulaziz, y Allen Sanginés-
Krause.
El letrado se refería a los vuelos con jets privados que, hasta 2018, fueron pagados al anterior jefe del Estado por la fundación de su primo lejano Álvaro de Orleans. El rey emérito se adelantaba a una posible reclamación de la Agencia Tributaria y asumía que estos vuelos podían constituir una renta en especie, por lo que se apresuraba a regularizarla. Aunque la Fiscalía española no había abierto una investigación sobre estos pagos, sí lo había hecho la suiza, por lo que solo era cuestión de tiempo que se investigara también en España. El letrado del rey emérito no detalló el importe no declarado al fisco por estos vuelos, pero es probable que superase los ocho millones.
Para recaudar los 4,4 millones pagados a Hacienda se organizó una colecta entre empresarios próximos al rey emérito, que se instrumentalizó a través de contratos de préstamos privados, aunque quedó la sospecha de que se trataba en realidad de donaciones encubiertas. Esta segunda regularización tenía además el objetivo de cerrar el paso a la posibilidad de que la primera declaración se considerase incompleta y, por tanto, inválida para evitar un eventual enjuiciamiento del rey emérito por delito fiscal. Así se aseguraba de que no quedaba ningún cabo suelto.
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