El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, advirtió ayer a los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo que pasar el déficit de las pensiones al Presupuesto del Estado no es de por sí un arreglo sostenible, máxime después del aumento de deuda pública que va a suponer el impacto de la pandemia. También pidió que se tuviese en cuenta la equidad intergeneracional de cualquier decisión que se tomase, ya que al tratarse de un sistema de reparto los actuales trabajadores sufragan las prestaciones de los jubilados. Estos días la Comisión se está reuniendo para tratar de cerrar un acuerdo con las recomendaciones de reforma.
La reforma que prepara el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se basa en un informe de la Autoridad Fiscal, que presidía antes de entrar en el Gobierno y que establecía que se podía suprimir el déficit de las pensiones absorbiendo una parte de las cotizaciones de desempleo y moviendo otra parte de subsidios y gastos de funcionamiento a Hacienda. Es decir, trasladaba el agujero a las cuentas de otros ministerios. Sin embargo, según fuentes consultadas por EL PAÍS, el gobernador alertó ayer de que ese traspaso no solucionará el problema y el Estado seguirá teniendo que hacer un esfuerzo muy importante en los próximos años para ajustar las cuentas.
El desfase seguirá ahí. Y en cualquier caso esa iniciativa no cubriría el aumento del gasto provocado porque cada vez haya más pensionistas por trabajador. De aquí a 2048 se espera que el número de pensionistas aumente de 10 millones a 15. Y por lo tanto se prevé que esta relación dé un salto desde un pensionista por cada tres trabajadores a uno por cada dos. O dicho de otro modo, pasarán de ser un 30% de la fuerza laboral a un 60% en 2050.
Aunque el gobernador admitió una incertidumbre importante sobre las previsiones de pensiones, insistió en que hay que tomar las decisiones basándose en perspectivas rigurosas y no particularmente optimistas. De hecho, su informe recoge por ejemplo que las previsiones de la Autoridad Fiscal se formulaban sobre la base de que volverá a haber dos hijos por mujer, cuando ahora la ratio está en 1,3.
Según los cálculos del Banco de España, si no se toman medidas, el déficit estructural de las Administraciones podría alcanzar el 6,7% del PIB tras la pandemia. En estos números el gobernador consideraba que se volvían a revalorizar las prestaciones con la inflación o los 3.000 millones de mayor gasto que implica la renta mínima recién aprobada. Y subrayó que con la covid-19 el empleo puede comportarse peor durante un tiempo, engordando aún más la desviación de las cuentas de la Seguridad Social. Ante un reto tan ingente, Hernández de Cos puso el énfasis en la necesidad de un consenso. Y reclamó responsabilidad a los diputados. Todo ello para dar seguridad a los pensionistas y los mercados.
Podemos acusó al gobernador de tener un sesgo neoliberal y de decantarse por un sistema de capitalización en lugar de uno de reparto. Hernández de Cos defendió que toda su intervención tenía un cariz muy técnico y que su misión no era tomar las decisiones políticas. Tan solo dejar claro cuál es la magnitud y naturaleza del problema y enumerar las ventajas e inconvenientes de las alternativas de reforma.
El gobernador argumentó que cualquier cambio del sistema se debe hacer fijando cuál es el nivel de generosidad sostenible. Y a partir de ahí tomar las decisiones para asegurar su financiación. Explicó que la reforma del Gobierno de Rajoy suponía un importante avance hacia la sostenibilidad de la Seguridad Social. Sin embargo, se hacía a costa de reducir su generosidad, esto es: bajando la relación entre el salario medio y la pensión media en unos 20 puntos. Aun así, las pensiones españolas quedaban en un futuro con un nivel de generosidad bastante mayor que la media europea.
Esta reforma limitaba las revalorizaciones en tanto que hubiese déficit y ajustaba las prestaciones en función de los incrementos de la esperanza de vida de los sujetos, el llamado factor de sostenibilidad. Según la Autoridad Fiscal, este último instrumento suponía un ahorro de 0,6 puntos de PIB de gasto. Volver a actualizar las prestaciones con la inflación conlleva un mayor desembolso de entre tres y cuatro puntos de PIB al hacer un efecto bola de nieve en las próximas décadas.
Opciones de reforma
Sin embargo, una vez deshecha la reforma de 2013, se vuelve al punto de partida. Así que el gobernador exploró una por una las opciones de reforma más allá del traslado al presupuesto del déficit. Por ejemplo, levantar los topes de cotización a los sueldos altos, que generaría ingresos pero que, según señaló, podría tener consecuencias económicas al perjudicar la competitividad del trabajo cualificado. Y otro tanto sucedería con un incremento generalizado de cotizaciones, sobre todo en un contexto de elevado paro. También expuso como una opción que se aumentasen los impuestos, si bien deslizó que desvirtúa el carácter contributivo del sistema y que las subidas tributarias son distorsionadoras.
Comentó además la posibilidad de que se limitasen algo las revalorizaciones, pero subiéndolas siempre para las mínimas. Recordó que se puede elevar el número de años de cotización para calcular la pensión. Y apuntó que se podría valorar un incremento de la edad de jubilación por encima de los 67 a los que gradualmente se está llegando. Por ejemplo, si se elevase a 70 se podría rebajar la ratio entre jubilados y personas en edad de trabajar en algo más de diez puntos.
Aunque se ha reducido la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres, esta llegó a situarse en el 45% y ahora está todavía en el 25%. Se está cerrando, dijo, y eso debería llevar a revisar las pensiones de viudedad y las decisiones que implican. Sin embargo, resaltó que el problema reside en que aún hay una brecha de género cuando se tienen hijos.
Su conclusión: la demografía desempeñará un papel determinante al estar aumentando mucho la esperanza de vida. Por eso pidió que se dejase muy claro cuáles eran las consecuencias distributivas entre generaciones. Y recomendó las cuentas nocionales como una forma más transparente de gestionar el sistema.
Justicia entre generaciones
Hernández de Cos insistió mucho en que el sistema de reparto implica una transferencia de los jóvenes a los mayores. El gobernador afirmó que la mayor parte del déficit incurrido en la Seguridad Social no era por el deterioro del empleo sufrido durante la crisis financiera. El grueso del empeoramiento en las cuentas se corresponde sobre todo con dos fenómenos: uno, el mayor número de pensionistas. Y dos, que estos reciben una pensión cada vez más alta respecto al salario medio. Y recordó las cifras que daba su último informe sobre la generosidad de las pensiones: por cada euro aportado los pensionistas reciben 1,74 euros, es decir, un 74% más.
La rentabilidad que brinda las pensiones es muy superior a lo que crece la economía, y combinado con que cada vez hay más jubilados eso implica que los jóvenes tendrán que hacer un esfuerzo mucho mayor para financiar el sistema. No obstante, el gobernador destacó que los españoles tienen una riqueza superior a la media europea. Pero con mucho ladrillo y poco ahorro complementario. Así que sugirió instrumentos como la hipoteca inversa para capitalizar la propiedad inmobiliaria.
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