El bloqueo de Azerbaiyán a Nagorno Karabaj desde el pasado 12 de diciembre ha vaciado las despensas en este enclave de población armenia en territorio azerbaiyano al cortar la única vía que comunica con la vecina República de Armenia. No quedan verduras ni apenas frutas; en las tiendas resulta difícil encontrar harina, arroz y otros productos básicos. Las farmacias no venden paracetamol ni antiinflamatorios y faltan medicamentos imprescindibles para tratar enfermedades crónicas. Se ha racionado la venta de combustible, reservado para casos de emergencia. La ONU, Unicef y varios países han expresado su preocupación por la situación, y las autoridades locales advierten de que, si continúa el bloqueo, los 120.000 armenios de esta región en disputa ―internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán, pero poblada mayoritariamente por armenios― se enfrentan a una catástrofe humanitaria.
Nonna Poghosián, profesora de inglés en Stepanakert ―la capital karabají― y madre de gemelos de ocho años, salió el pasado viernes a tratar de hacer la compra. “Durante dos horas dimos vueltas por las tiendas y no había otra cosa que mayonesa, chocolate y algunos dulces. Ningún producto básico: ni aceite, ni azúcar, ni verduras. ¡Ni siquiera una patata! Escasean los lácteos, el queso, la mantequilla… Todo lo que había durante la primera semana de bloqueo se ha agotado. La situación es catastrófica y empeora día a día”, se lamenta. “Los niños, por supuesto, se dan cuenta, ¡cómo no se van a dar cuenta! Antes veían estantes llenos de fruta y ahora ven a su madre cortar una manzana como si fuera la última”, añade.
El bloqueo se inició el 12 de diciembre, cuando un grupo de manifestantes azerbaiyanos ocupó la carretera conocida como corredor de Lachín, que comunica la región de Nagorno Karabaj con la vecina Armenia. Los manifestantes, con pancartas en ruso e inglés, exigen que se detenga la explotación de dos minas bajo control de los armenios de Nagorno Karabaj por la contaminación que producen sus actividades. Según el medio Azernews, una delegación del Gobierno de Azerbaiyán trató de inspeccionar las minas, pero un grupo de armenios lo impidió. “Nuestros recursos naturales están siendo explotados y llevados fuera. Aquellos que los explotan son criminales. Este es nuestro territorio reconocido por la comunidad internacional, y tenemos legítimo derecho a que nuestros representantes públicos los monitoricen”, afirmó el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el pasado día 24.
Sin embargo, Gegham Stepanián, Defensor del Pueblo de la autoproclamada República de Artsaj (como denominan los armenios al enclave en disputa), sostiene que los acuerdos alcanzados en 2020 entre Armenia y Azerbaiyán “garantizan el statu quo” y que el Gobierno de Azerbaiyán no tiene potestad para intervenir en los recursos bajo control de los armenios de Nagorno Karabaj. Por ello, afirma que el bloqueo de los activistas de Azerbaiyán es parte de un supuesto complot organizado directamente por el Gobierno de Bakú y asegura haber identificado a miembros de las fuerzas de seguridad azerbaiyanas de civil entre los manifestantes.
“Las sospechas sobre los verdaderos motivos de la protesta se deben al autoritarismo de Azerbaiyán, donde cualquier manifestación de este tipo está prohibida y donde los participantes son inmediatamente detenidos y se enfrentan a duros castigos”, explica Richard Giragosián, director del Centro de Estudios Regionales de Ereván,“Azerbaiyán busca promover un ambiente de inseguridad, incertidumbre y miedo destinado a provocar un éxodo de los armenios del Karabaj, como preludio a su completa anexión por la fuerza”, concluye este analista armenio.
El enclave ha sido motivo de conflicto desde la desintegración de la Unión Soviética. A inicios de la década de 1990 se libró una guerra que provocó más de 30.000 muertos y un millón de desplazados. Como resultado, las fuerzas de la República de Armenia tomaron el control de Nagorno Karabaj y varias provincias circundantes, de las que expulsaron a la población azerí. Tras casi tres décadas de precario alto el fuego, Azerbaiyán inició en septiembre de 2020 una ofensiva militar que dejó unos 6.500 muertos y recuperó el territorio perdido. En el acuerdo de alto el fuego que se firmó entre Ereván y Bakú bajo mediación de Moscú se pactó que Nagorno Karabaj quedara bajo protección de un contingente de paz ruso conformado por 2.000 militares y policías. Sin embargo, desde entonces, las escaramuzas se han sucedido en torno a Nagorno Karabaj y a lo largo la frontera entre Azerbaiyán y Armenia, provocando cientos de muertos.
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Dado que la parte oriental de Nagorno Karabaj ―la línea del frente con las tropas azerbaiyanas― está repleta de minas, el corredor de Lachín se ha convertido en su cordón umbilical: prácticamente todos los productos de consumo proceden de la vecina Armenia. “Cada día llegaban 400 toneladas de suministros por el corredor, pero desde que comenzó el bloqueo, solo se ha permitido el paso de algunos convoyes de la Cruz Roja con 10 toneladas de medicinas y otros productos de emergencia”, explica Artak Beglarián, asesor del ministro de Estado de la región.
La maestra Poghosián es consciente de que su situación no es de las peores: “A malas, mis niños pueden comer macarrones un día tras otro. Pero quienes tienen bebés están pidiendo pañales en Facebook y leche de fórmula. Mi prima tiene a su hijo ingresado por fiebre y no sabe qué podría a pasar si empeorase”, explica. Según la oficina del Defensor del Pueblo, una persona murió al no poder ser evacuada y operada en la República de Armenia, adonde son habitualmente trasladados los enfermos más graves del Karabaj. “El Gobierno de Azerbaiyán asegura que quiere recuperar el control de Nagorno Karabaj y que respetará los derechos de la población armenia local, pero esto muestra sus intenciones genocidas. Nuestro derecho a vivir en nuestras tierras ancestrales está amenazado”, según las palabras de Stepanián.
Enfado con la pasividad rusa
Uno de los interrogantes de este nuevo enfrentamiento es la pasividad de Moscú. El contingente ruso tiene entre sus cometidos garantizar la apertura y el funcionamiento del corredor de Lachín, y pocos creen que los soldados y policías militares de Moscú no sean capaces de dispersar una protesta de unas decenas de activistas desarmados. Oficialmente, la respuesta rusa es que está intentando negociar con las partes y que los acuerdos no permiten a sus tropas de interposición el uso de la fuerza.
El analista político azerbaiyano Anar Mammadli cree que el Gobierno de su país está tras el bloqueo como modo de “presionar” a Rusia y a Armenia sin recurrir de nuevo a la vía militar, y que los rusos, a su vez, no quieren utilizar la fuerza para solventar el bloqueo “para no dañar sus relaciones con Azerbaiyán”.
Pero en Ereván ―tradicional aliado de Moscú en el Cáucaso― cada vez están más irritados con la postura rusa. Más aún porque esto ocurre después de que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, una especie de OTAN liderada por Rusia y de la que Armenia también es miembro, rechazase una petición de asistencia de los armenios cuando Azerbaiyán atacó sus posiciones el pasado octubre.
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, ha tachado de “inaceptable” la pasividad rusa y ha pedido explicaciones: “Si Rusia es incapaz de asegurar la estabilidad y seguridad de Nagorno Karabaj, creo que deberíamos organizar un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU”.
Incluso en el enclave se ha extendido la desconfianza hacia Moscú pese a haber sido un territorio tradicionalmente prorruso (y que mantenía cierta relación con otros Estados separatistas no reconocidos y mantenidos por Rusia como Osetia del Sur y Abjasia, en suelo georgiano, y Transnistria, en Moldavia). Aunque no se lanzan a criticar abiertamente al presidente Vladímir Putin, las autoridades del enclave admiten que es imposible garantizar la seguridad únicamente con el despliegue ruso y exigen el envío de una fuerza multinacional con respaldo de Naciones Unidas.
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