Le han dado muchas vueltas, pero al final todos los caminos entre el PSOE y Unidas Podemos llegan al mismo punto: la ley de vivienda, y en especial el control de los precios de los alquileres. Hace un año, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tenían prácticamente cerrados los Presupuestos. Pero todo se bloqueó hasta que Sánchez aceptó firmar un documento en el que se decía claramente que en la nueva ley de vivienda “se establecerán mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”. “En todo caso”, añadía el texto, “se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”. Un año después, con los segundos Presupuestos de Sánchez, y posiblemente los últimos de esta legislatura, la discusión no avanza, y la ley de vivienda sigue sin llegar al Consejo de Ministros.
Después de múltiples reuniones a varios niveles, la negociación está encallada sobre todo en este punto, según fuentes de ambos grupos. El PSOE ofrece establecer fuertes incentivos fiscales a quienes bajen los precios, tan grandes que empujen a todos a reducirlos, pero Unidas Podemos cree que en vez de financiar a los propietarios reduciendo los ingresos del Estado lo que hay que hacer es fijar máximos e intervenir directamente en el mercado para lograr una bajada.
Esta parte de la negociación, que está fuera de los Presupuestos, pero los condiciona absolutamente, la llevan directamente los ministros Ione Belarra y Félix Bolaños. Ambos se conocen mucho. Eran negociadores clave en la sombra desde el principio de la coalición. El eje central de la negociación de los Presupuestos lo protagonizan la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, pero todo queda a la espera de que los dos o tres temas más complicados los cierren Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una cita que aún no se ha producido porque el acuerdo no está maduro. En las sesiones negociadoras clave, además de Montero y Álvarez, están Carlos Moreno y Josep Vendrell, jefes de Gabinete de la ministra de Hacienda y de la de Trabajo, respectivamente, y experimentados negociadores. Hay muchos otros temas encima de la mesa, como un plan de choque destinado a dependencia, de 600 millones de euros, pero la ley de vivienda es el gran escollo.
En el PSOE insisten en que Unidas Podemos debe rebajar sus exigencias en esta materia porque a cambio están logrando importantes éxitos en los Presupuestos. En especial, el mínimo del 15% de tipo efectivo del impuesto de sociedades, una idea que viene de 2018 y supondría una importante subida de impuestos a las grandes compañías a la vez que se baja a las pequeñas y medianas empresas. El PSOE, que rechazó durante meses cualquier aumento de tributos en plena pandemia, aún no ha entregado esta baza en la negociación, probablemente porque se la reserva para Sánchez cuando tenga que intervenir. Pero se da por hecho que la concederá. A cambio, los socialistas quieren rebajar la posición de sus socios en vivienda.
Hay avances también en otros puntos clave del Presupuesto, como la subida de las pensiones para 2022: en especial, que las mínimas y no contributivas aumenten mucho más que las demás. Hay otros puntos donde está bloqueado, como la ampliación de la ayuda de 100 euros mensuales a todas las madres de niños menores de 3 años (no solo las que trabajan, como reclama Unidas Podemos), y otras cuestiones que parecen aparcarse. Es el caso de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que estuvo en la negociación, pero ha quedado en segundo plano. Aunque la clave del bloqueo es la ley de vivienda. Si se alcanza algún acuerdo ahí con una solución intermedia, los Presupuestos se pueden dar por resueltos. El asunto de la norma sobre vivienda también arrastra a otros socios, en especial a ERC y Bildu. De hecho, los negociadores tienen claro que la ley serviría sobre todo para dar cobertura a la posición en Cataluña, en especial el Ayuntamiento de Barcelona, o Baleares, lugares donde gobierna la izquierda. Porque en Madrid, por ejemplo, no habría manera de obligar a las administraciones del PP a limitar los precios si no quieren, ya que la ejecución de la norma están en manos de las autonomías y ayuntamientos.
Línea roja
El acuerdo no parece fácil. El PSOE insiste en que para ellos se trata de una línea roja el que no se vean afectadas decenas de miles de familias de clase media que son propietarias de una residencia que alquilan como un ingreso extra, y no son los grandes fondos propietarios de miles de viviendas. Unidas Podemos insiste por el contrario en que es mucho más grave la situación de los inquilinos, y para ellos es mucho más importante una bajada de 100 euros en el alquiler que para un propietario la pérdida que eso supone.
Esta es la discusión de fondo con mucha implicación política, ya que Podemos en parte nació de estos colectivos, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de donde vienen muchos de los cuadros de la formación, y es un asunto decisivo para ellos. El PSOE también recibe presiones de grandes inversores internacionales, como aquellos a los que Pedro Sánchez visitó en julio en Nueva York, que le exigen cautela en la ley de vivienda. Y los que más le preocupan, aseguran, son esos miles de propietarios que cuentan con estos ingresos del alquiler como un complemento de su sueldo.
El PSOE, además, reivindica el corazón del Presupuesto. Se trata del mayor de la historia, con una inyección de 26.355 millones de euros de los fondos europeos, superior incluso a la del año pasado si no se contabiliza el fondo React-EU, concebido para ayudar a las comunidades autónomas a mantener en marcha la sanidad y la educación públicas en plena pandemia. En cualquier caso, y pese a que el pulso ha llegado al momento clave, ninguno de los dos grupos contempla la posibilidad de que no haya Presupuesto. El acuerdo tiene que llegar, insisten ambas formaciones, aunque ambos confían en que ceda el otro.
Las negociaciones se han acelerado porque el PSOE quería intentar llevar las Cuentas la próxima semana al Consejo de Ministros, pero Unidas Podemos no tiene tanta prisa y quiere garantizar un buen acuerdo en vivienda. Esta vez, con redacción concreta de la ley, para que no suceda como el año pasado. La fecha límite está en la semana del 12 de octubre, donde podría haber un Consejo de Ministros extraordinario para aprobarlos. Pero todo es muy flexible, y la negociación puede cerrarse o descarrilar en cualquier momento. Con el horizonte de una reunión Sánchez-Díaz para desatascarla.
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