El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales ha dejado ya 48 vacantes, de las que 42 corresponden a la jurisdicción ordinaria y 6 a la jurisdicción militar, según el informe del que el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha dado cuenta este miércoles a la Comisión Permanente. La cifra aumentará a los 57 a 31 de diciembre de 2021 (51 en la jurisdicción ordinaria y 6 en la jurisdicción militar) si no se renueva antes el Consejo.
Los datos analizados ahora por el Poder Judicial se suman a los difundidos el pasado viernes por el Tribunal Supremo en un informe en el que se señalaba que la situación, de prolongarse, será “insostenible” y va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año entre todas las salas.
Las vacantes de las que ha dado cuenta ahora el órgano de gobierno de los jueces corresponden a todos los puestos de designación discrecional cuyo nombramiento quedó vetado en marzo pasado por una reforma legal que impide al Consejo efectuar este tipo de designaciones cuando, como ahora, se encuentre con el mandato caducado (el mandato actual terminó en diciembre de 2018). En la jurisdicción ordinaria estas plazas son las correspondientes a presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales y presidentes de Sala de la Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia. En la jurisdicción militar, están sometidos a nombramiento discrecional los cargos de auditores presidentes y vocales togados del Tribunal Militar Central y de los Tribunales Militares Territoriales y de jueces togados de los Juzgados Togados Militares Territoriales.
Además de las 11 plazas ya vacantes en el Supremo (una en la Sala Primera, seis en la tercera, tres en la Cuarta y uno en la Quinta), el bloqueo del Consejo ha dejado ya también sin cubrir 18 plazas en los Tribunales Superiores de Justicia (entre ellas, las presidencias de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana) y 13 presidencias de Audiencias Provinciales, entre ellas, Barcelona, Murcia, Álava y Guipúzkoa. A final de año, a estas se le sumarán otras nueve (como la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional tras la designación de Concepción Espejel como magistrada del Constitucional).
Aunque ninguna de estas plazas pueden ser cubiertas, no todas las vacantes tienen las mismas consecuencias. Las que más preocupan son las del Supremo porque cada magistrado que pierde el tribunal (por jubilación, fallecimiento o por una marcha voluntaria), deja un hueco que no puede ser cubierto mientras el CGPJ siga en funciones, lo que ya está empezando a afectar al día a día del tribunal. En el caso de las presidencias de tribunales o salas que terminan el mandato, sin embargo, el presidente actual continua en funciones hasta que el Consejo se renueve y se pueda designar uno nuevo o reelegir al actual. Solo en el caso de que el presidente actual se marche (como va a ocurrir con Espejel en la Sala Penal de la Audiencia) hay que sustituirlo por otro, pero la normativa del Consejo establece un mecanismo para que lo supla el magistrado más antiguo de la sala mientras se designa a un sustituto definitivo, por lo que el puesto queda cubierto aunque sea de forma interina.
El informe sobre las vacantes no es el único asunto que ha despachado este miércoles la Comisión Permanente del Consejo relacionado con el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. El Consejo decidió asumir, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante el pase a la situación administrativa de reserva de su auditor presidente, Carlos Melón Muñoz. El CGPJ no puede designar un sustituto porque se trata de uno de los nombramientos discrecionales vetados por la reforma legal del Gobierno, lo que en la práctica dejaba paralizado este órgano. La Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central no tiene un número fijo de integrantes, sino que la ley establece que esté formada por el auditor presidente y por sus vocales togados en servicio activo, sin que quepa la sustitución de estos últimos. El número mínimo de miembros en servicio activo del Tribunal Militar Central –y por tanto de su Sala de Gobierno– debe ser de dos. Actualmente, el Tribunal Militar Central está compuesto por cuatro miembros: el auditor presidente general consejero togado, un vocal togado general auditor –ambos en servicio activo– y otros dos vocales togados –ambos en la reserva–. Los dos vocales togados en situación de reserva –que además pasarán a retiro en 2022– no pueden formar parte de la Sala de Gobierno, por lo que el pase a la situación de reserva del presidente supone per se una paralización temporal de las funciones gubernativas.
El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, no asumirá las competencias disciplinarias militares, dado que le son ajenas. Para evitar una asunción general de competencias, el presidente en funciones del Tribunal Militar Central elevará en cada caso concreto la correspondiente propuesta motivada de actuación gubernativa o disciplinaria para que, a su vista, la Comisión Permanente pueda adoptar, por avocación, el pertinente acuerdo. El acuerdo de este miércoles por el que el Consejo asume estas competencias ha contado con el voto a favor de los cinco miembros conservadores de la Permanente nombrados a propuesta del PP (José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya). Los tres progresistas (Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda) votaron en contra. Fuentes de este sector calificaron de “desproporcionada e insólita” la medida y explicaron que habría sido más adecuado que el propio tribunal militar hubiera asumido temporalemente las funciones de gobierno.
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