La de Hicham, marroquí de 21 años, ha sido una odisea de noches durmiendo en la calle, rechazos de embarque en el puerto de Melilla y un papel que acredita su condición de solicitante de asilo. Consiguió llegar a Almería el pasado sábado, después de haber intentado salir de la ciudad autónoma durante más de un mes. “Sin pasaporte, no dejan viajar”, se quejaba aún en la ciudad autónoma, antes de conseguir embarcar gracias al acompañamiento de un grupo de voluntarias.
Como Hicham, cientos de personas, en su mayoría marroquíes atrapados en Ceuta y Melilla, se han lanzado desde junio a registrar solicitudes de asilo en ambas ciudades con la intención de llegar a la Península. Desde agosto de 2020, sucesivas sentencias del Tribunal Supremo avalan la libre circulación por el territorio nacional de solicitantes de asilo, antes condenados a permanecer en las ciudades autónomas a la espera de los traslados orquestados periódicamente por el Ministerio de Interior y que se detuvieron durante gran parte de 2020.
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Pese al compromiso del Ejecutivo de reforzar con más funcionarios las oficinas en Ceuta y Melilla, el problema apunta a una falta de personal en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) en Madrid. Los retrasos en las tramitaciones han creado una ventana burocrática aprovechada por personas en situación irregular que no ven otra alternativa: no pueden regresar a Marruecos a través de una frontera cerrada desde marzo de 2020 y, sin papeles, no pueden regularizar su estancia.
La legislación española blinda el procedimiento de asilo para conceder un permiso de residencia con distinto estatus de protección internacional a personas que escapan de persecución, conflicto u otras amenazas en sus países de origen. Sin embargo, la falta de personal en la OAR y el volumen de solicitudes recibidas desde 2018 ha convertido los plazos que marca la ley en una posibilidad de subterfugio utilizado por migrantes en Ceuta y Melilla para salir hacia la Península. Las solicitudes deben admitirse o no a trámite en menos de un mes; a partir de ahí, se considera su admisión por silencio administrativo y cualquier persona que haya cursado la petición puede moverse por todo el territorio español.
“Ahora mismo tengo solo un problema”, explica Abdelatif, que guarda en el bolsillo el ansiado papel con la citación para formalizar el trámite de la solicitud de asilo, “si me quedo en Marruecos, tengo 20 problemas más”. El hombre ha estado cuidando de un anciano durante más de 20 años en Melilla con un contrato transfronterizo por el que cotizaba a la Seguridad Social. Cuando cerró la frontera, decidió quedarse en el lado español, y renunció a volver a la vecina Nador cuando Rabat reabrió la frontera a finales de2020 para permitir el regreso sus nacionales. El objetivo era seguir trabajando en Melilla, lo que le ha permitido mandar a su mujer unos 8.000 euros hasta que caducó su permiso de trabajo.
En Ceuta, Younes se debate aún sobre si recurrir o no al asilo para salir de la ciudad. “Sinceramente, me da miedo esto del asilo, desconozco las consecuencias”, asegura Younes. El joven de 21 años entró a nado a Ceuta en mayo acompañado de su hermano de 16 años, a quien devolvieron a Marruecos en menos de 24 horas. “Si te rechazan (la solicitud) te expulsan y te devuelven a Marruecos y en Marruecos te arrestarían por traición”, explica.
Hasta 2020, los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, las únicas localidades españolas con una excepción al control de fronteras impuesto en el espacio Schengen europeo, no podían abandonar sus 19 y 12 kilómetros cuadrados, respectivamente. Los fallos del Supremo, que obligan a dejar de poner impedimentos para viajar por barco o avión, llegaron después de años de litigios por parte de organizaciones como la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) y el Servicio Jesuita a Migrantes, que acabaron por judicializar la excepción administrativa que impedía salir de las ciudades autónomas. Solo en Ceuta, al menos 1.230 personas han logrado tramitar una solicitud de asilo desde junio, según la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos. En Melilla, la tendencia se incrementó en abril, después de que más de un centenar de personas se quedaran en la calle tras el cierre de la plaza de toros.
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